El caso se encamina hacia un juicio oral y público contra los presuntos autores materiales. La querella pide investigar conexiones políticas o autorías intelectuales. El constitucionalista Barcesat habla de otro lawfare
La causa se encuentra actualmente en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, el cual aún no tiene jueces titulares y está integrado por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari. La fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún, y la querella estará representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Aunque la fecha del juicio aún no ha sido establecida, se espera que en los próximos días se corra vista a las partes para que ofrezcan pruebas de cara al debate.
El atentado tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022, cuando la vicepresidenta se encontraba saludando a sus seguidores en la puerta de su departamento en el barrio porteño de Recoleta. En ese momento, Fernando André Sabag Montiel apuntó a la cabeza de Fernández de Kirchner con una pistola de uso civil y gatilló dos veces, pero afortunadamente no se produjo ningún disparo. Su novia, Brenda Uliarte, también estaba presente en el lugar.
En relación al intento de magnicidio, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dialogó con La Marca de la Almohada, y allí destacó: “Hay que examinar esto como un caso paradigmático del lawfare, ya que no es solo acusar y perseguir judicialmente al adversario político, sino también encubrir a los propios. La justicia está encubriendo a las personas involucradas con este atentado. Este caso muestra la decadencia de la administración de justicia, que lejos está de llamarse Poder Judicial”.
Además, añadió: “No conoce y decide las causas, más bien las arbitra, justamente con arbitrariedad, sin garantías de derechos civiles y políticos”.
En cuanto a los avances en la causa y la búsqueda de los autores intelectuales, Barcesat señaló: “Lo primero que debieron haber hecho es actuar rápido, en un hecho delictivo las primeras 48 horas son cruciales para determinar la naturaleza del suceso y ver relaciones de los autores. No se ha tenido esa posibilidad y tenemos un juzgado y fiscalía que retacea el servicio de justicia involucrados en episodios no claros, como es el no cuidar pruebas como el celular del autor material que llegó en un sobre abierto”.
Y añadió: “Existe una complicidad material del tribunal en ocultar las primeras evidencias, o las más palpables respecto a qué lo que tenía en mira la organización que armó, sufragó y perpetuó con una falla mecánica o de quién operó el arma que determinó que quedara en grado de tentativa y no se haya concretado el magnicidio”.
También expresó su descontento con la actuación de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, afirmando que “la causa está dormida, no tiene movimientos. Todo se suspendió cuando comenzaron a aparecer vinculaciones con partidos y referentes de la oposición”.
