Los cambios a la norma vigente que impulsa la oposición, en un momento de crisis económica, sellarán la primacía de las expectativas de rentabilidad de propitarios e inmobiliarias en un contexto que combina alto déficit habitacional y gran cantidad de inmuebles ociosos

La Cámara de Diputados será el escenario de un nuevo test entre oficialismo y oposición en la sesión especial solicitada para este miércoles a las 12 desde el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) para debatir la reforma de la ley de Alquileres. Apuntes y Resumen dialogó sobre las consecuencias de los cambios propuestos a la norma con Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda y Alquileres de la Oficina Municipal del Consumidor, además de referente de la Concejalía Popular.

El pedido de sesión especial fue cursado por el diputado radical cordobés Mario Negri. Desde que la norma entró en vigencia hace tres años, se registró una caída de la oferta de vivienda para alquilar y al mismo tiempo, una fuerte suba en el valor de las locaciones. Según la oposición, es por la excesiva regulación que introduce en los contratos.

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El oficialismo ya adelantó que no bajará a dar quórum y que, en caso de que la oposición logre el número para sesionar, dará el debate en el recinto. La discusión gira en torno a dos proyectos, uno del FdT y otro de JxC. La derogación de la ley vigente, que era otra de las iniciativas, requiere una mayoría especial que está descartada.

Desde el Frente de Todos (FdT) se tratará de mantener la ley actual, en base a contratos de tres años con ajuste anual, mediante la fórmula que combina evolución de salarios e índice de precios al consumidor (IPC). La iniciativa tiene dictamen de junio de 2022 y lo que introduce es una serie de ventajas impositivas y fiscales para los propietarios como forma de incentivar la dinámica del mercado inmobiliario.

Desde la oposición, el diputado de Mendoza de JxC Julio Cobos repitió que “el peor escenario con la ley de alquileres es dejar las cosas como están”.

D’Orazio refirió que los dos puntos centrales de los cambios propuestos van en el sentido de dejar sin efecto el ajuste de alquileres anual por el índice que promedia inflación y salarios, para llevar los ajustes en los contratos a trimestrales o semestrales. Y, además, con un “índice indeterminado”, como es la idea de que sea pactado entre las partes. En la práctica, recalcó el referente de los inquilinos, se traduce en una imposición de condiciones por parte del locador.

“Además, se busca eliminar el plazo mínimo de contratación, hoy de tres años, para llevarlo al anterior de 24 meses, aunque hay alguna propuesta de reducirlo incluso a 12 meses”, añadió D’Orazio.

Y todo ello, con el fin de que, dijo, prime la expectativa de rentabilidad del propietario y de la inmobiliaria sobre cualquier otra consideración.

Otro riesgo de la movida, señaló, es la eliminación del artículo 14 de la ley 27551 para que se puede fijar el valor del alquiler en moneda extranjera, con lo que se actualizaría automáticamente en pesos ante las devaluaciones. Esto, explicó, “retrotrae a la ley de convertibilidad”, con los perjuicios que ello ocasiona a los inquilinos en un país como Argentina y en este momento.

El corrdinador del Consejo Asesor tambièn hizo hincapié en un dato coyuntural que agrega incertidumbre ante un Estado nacional que no interviene: la gran cantidad de contratros preacordados antes de las PASO que fueron suspendidos “con gran irresponsabilidad de corredores inmobiliarios”. Lo que especulan es con la reforma de la ley de Alquileres, y hasta eso se anuncia en medios masivos de comunicación sin consecuencias porque el poder político no toma nota, ni opina y, menos, sanciona.

Otro problema sin abordaje desde el ámbito de la gestión pública, siguió describiendo el contexto, remite al avance de los alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb, que ya están desplegados en ciudades turísticas y en otras como por ejemplo las vinculadas a Vaca Muerta.

El problema de los inquilinos, remarcó sobre la ausencia de políticas públicas, “es ahora, no después de las elecciones que definan el color político del próximo gobierno”.

En Rosario, estimó con la aclaración de que no están aún los datos del último Censo Nacional, el Colegio de Corredores Inmobiliarios admitió que hay unos 18 mil inmuebles ociosos, una cifra que por la fuente se puede catalogar como subregistro. Lo que sí se tiene en forma oficial es que disminuyó, en el período intercensal, el volúmen de propietarios de las viviendas que habitan: del 68% al 62%. Otro déficit, finalizó D’Orazio, es el de la planificacióin de cómo construir pensando en las mayorías, y ello lo remitió tanto a la gestión nacional como a la administración municipal. Es todo, redondeó, en función de los intereses del negocio inmobiliario, sospechado de lavado de activos y en algunos casos, enfatizó, “manchado de sangre”.