Sebastián Fernández, delegado del Frente de Organizaciones en Lucha, aseguró en La Marca de la Almohada que las modificaciones impulsadas por Gerardo Morales buscan avanzar sobre las tierras y explotar el litio. Impulsa, según evaluó, “un salvajismo en el recorte de derechos”

La represión en Jujuy, a partir de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales que entre otros puntos impide el derecho a la protesta y se apropia de tierras que reclaman los pueblos originarios, escaló en las últimas horas con la detención de setenta personas y el saldo de ciento setenta heridos. Así lo denunció en La Marca de la Almohada Sebastián Fernández, delegado del Frente de Organizaciones en Lucha de aquella provincia.

“Ayer hubo una represión brutal que se extendió hasta la noche. El Gobierno, luego de reprimir, dejó un tendal de unos ciento setenta heridos. Casi setenta detenidos. Entre los heridos dos perdieron un ojo y uno está en coma”, contó sobre las dramáticas horas que vive Jujuy en medio de las protestas que se extienden para oponerse a la reforma de la Carta Magna provincial.

“Dejaron de funcionar los colectivos y hubo una verdadera razia. A cualquiera que pasara caminando lo levantaban, menores de edad incluidos. Fue como las peores épocas de la dictadura. Camionetas prestadas, algunas privadas, fueron a distintas casas a llevarse detenidos”, detalló el dirigente social.

Fernández aseguró que de las movilizaciones participan sindicatos, principalmente del sector docente y de trabajadores municipales, organizaciones sociales y pueblos originarios, pero también “mucha gente que no encuadra en ningún lugar” y “hasta los gauchos”.

Sobre los elementos más cuestionables de la reforma, destacó los articulados que afectan a los pueblos originarios, sobre quienes el Gobierno se reserva el derecho de reconocer o no su personería jurídica. Esto les daría un poder discrecional para negarles el derecho a la tierra que reclaman ancestralmente.

“En Jujuy de cuatrocientas comunidades sólo el doce por ciento están reconocidas. El resto, no. Y si no tienen ese reconocimiento no tienen reconocimiento de la tierra, del territorio que están habitando, que para el Estado entonces pasan a ser tierras fiscales. Esas tierras fiscales las puede vender y hay un artículo en la nueva Constitución que establece el desalojo expeditivo de quienes estén ocupando un terreno privado. Esto vale tanto para las comunidades, cuya tierra al no ser reconocidas como comunitarias se las ajena un privado, como también para los distintos asentamientos. Barrios populares que crecieron al ritmo de la crisis de la vivienda de acá”, indicó Fernández.

El otro punto en el que se reclama la derogación es el del derecho a la protesta, cercenado en la nueva Constitución. “En uno de los incisos prohíbe corte de rutas, cortes de calle, toma de edificios públicos y cualquiera otra cosa que perturbe la movilidad –detalló Fernández–. Estudiantes de un colegio secundario que toman la escuela porque no tiene agua o gas, otra cuestión bastante común acá en Jujuy, serían reconocidos inmediatamente por este articulado como delincuentes.  Hasta ha salido ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decirle al gobernador Morales en un escrito que el corte de calles y de ruta está reconocido como una modalidad de protesta. Morales insiste en decir que solamente es un delito”.

El delegado del Frente de Organizaciones en Lucha aseguró que el pueblo jujeño desconocía el texto de la reforma, lo que impidió saber “el salvajismo en el recorte de derechos” que imponía, cuestionó que Morales incluyera la elección de constituyentes junto a la de representantes a cargos ejecutivos y dijo que los planteos de Juntos por el Cambio respecto a un intento de desestabilización política sólo buscan tergiversar la discusión.  

“Jujuy viene siendo desde hace ocho años un laboratorio represivo, con fórmulas que se aplican después en otros lugares del país. Jujuy es la cara adelantada de lo que la derecha planea hacer en términos represivos para el país. Justamente por eso tiene un apoyo generalizado de Juntos por el Cambio”, advirtió Fernández. 

Por último, marcó que la estrategia del Gobierno jujeño, con el avance sobre las tierras y la limitación de las protestas tiene como trasfondo la explotación del litio. “Es uno de los caballitos de batalla de Morales. La gente dice ‘vos estás explotando el litio, pero la plata, ¿dónde está?’. El beneficio se lo llevan las empresas. En Jujuy no queda nada, más que la contaminación de las aguas y el consiguiente perjuicio que eso tiene para los pueblos originarios, más la enajenación de las tierras. Hay una consciencia generalizada de lo que el litio significa y de hecho en buena parte la prohibición de esta protesta funciona como una liberalización de las rutas para que pueda salir el litio, que nada perturbe el extractivismo del litio”.