¿Cómo se explica la unificación de reclamos de sectores heterogéneos y la virulencia de las protestas en la provincia norteña? Una dirigente de los docentes universitarios repasó los antecedentes e interpretó que el inconsulto y expeditivo proceso de reforma constitucional fue el detonante

Analía Herrera Cognetta, secretaria general de la Unión de Trabajadores Docentes Universitarios de Jujuy (UTDUJ), resaltó ante el programa Apuntes y Resumen que la revuelta popular contra el Gobierno provincial de Gerardo Morales no es una irrupción sino el desenlace de un desencanto generalizado.

“Desde que está en el poder (por el mandatario radical) gracias al acompañamiento del PJ de Jujuy, no hicieron otra cosa que ningunear al pueblo”, resumió la referente gremial. Recordó la persecución y encarcelamiento de Milagro Sala, junto al desmantelamiento de todo lo que había construído la Organización Barrial Tupac Amaru, como el inicio de una saga de acciones similares.

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En el ámbito gremial, Herrera Cognetta destacó el permanente “ninguneo” de los reclamos salariales de los estatales, tanto provinciales como municipales, con paritarias unilaterales en las que ni siquiera hay negociación.

El hastío social, siguió, se fue acumulando. En el sector docente, recordó, la intransigencia oficial llevó a que los secundarios referenciados en el Cedems (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior) escalaran de un inicial paro por 24 horas a una medida de fuerza por tiempo indeterminado que lleva 10 días.

La dirigente destacó que a este conflicto se suman otros que habían permanecido fuera del foco mediático nacional, hasta el punto de que las bases comenzaran a superar a las conducciones gremiales. En particular, en los gremios estatales, pero no sólo en ellos.

A lo anterior, se agrega el permanente malestar de los pueblos originarios por el continuo avasallamiento de sus derechos ancestrales sobre la tierra. Y el detonante, completó, fue el proceso de modificación parcial de la Constitución provincial, y no porque el texto que data de 1986 no obligue a cambios para atender a las nuevas realidades, sino por la forma en que fue llevado adelante. Esa dinámica veloz y opaca despertó primero las desconfianzas y luego las certezas sobre un avance sobre libertades y derechos.

La secretaria de la UTDUJ ejemplificó en lo sucedido con el gremio que integra, pero explicó que la cerrazón a un debate ciudadano involucró a todos los sectores y colectivos sociales. El sinidcato de docentes universitarios pidió intervenir en los debates de la Constituyente, que presidió el mismo gobernador Morales, y tras la promesas de reuniones con todas las comisiones del cuerpo apenas se concretó una, y limitada a un solo artículo. Después, nada.

Herrera Cognetta hizo hincapié en la celeridad con que se aprobaron los cambios por parte de la Asamblea Constituyente: en un mes, cuando el plazo que tenía para abrirse a consultas era de tres. Las modificaciones, que se mantuvieron en secreto, fueron aprobadas a puertas cerradas por 40 de los 48 constituyentes, entre oficialismo y los representantes del PJ. Los referentes de la izquierda se ausentaron en el momento de la votación.

La representante docente explicó que los ítems que se refieren al derecho de propiedad, las expropiaciones y el delito de ocupación ilegal de tierras son los que sublevaron los ánimos de los pueblos originarios, asentados en territorios codiciados para la explotación de litio. A la par de eso, dijo, “el pueblo se cansó de la imposibilidad de peticionar ante las autoridades, que es considerado un acto violento”. Y así, completó, reclamos y tensiones diversas se unificaron.