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Marcha por otra seguridad: nueva ley de drogas que de tranquilidad a usuarios, personal de salud e investigadores

Una Tertulia de Viernes centrada en la nueva movilización global para la legalización de la marihuana, que tiene capítulo local, con eje en la urgencia de modificar o reemplazar la normativa sancionada en 1989 bajo el paradigma de la penalización y persecución penal

Organizaciones cannábicas, de reducción de daños y de derechos humanos convocan a participar de la edición rosarina de la Marcha Mundial de la Marihuana que se realizará este sábado 6 de mayo, desde las 13 en la plaza San Martín. El eje estará puesto en el reclamo de una nueva ley de drogas en la Argentina.

El programa Apuntes y Resumen convocó a un diverso panel de vinculados a la problemática. Estuvieron en los estudios de Radio Universidad la abogada Vanesa Vargas, maestranda en Criminología e integrante de Reset, el técnico químico Agustín Pabon Maciel, referente de Aupac, el abogado Lautaro Gieco, creador de 420 CBD Premium, primera pyme de productos de cosméticas hechos a base de cannabis, y el doctor en Bioquímica Esteban Serra, Esteban Serra, investigador del Conicet, ex decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR e impulsor del Servicio de Análisis Cromatográficos para aceites de cannabis.

Pabon Maciel expuso el esfuerzo de las organizaciones cannábicas para luchar enmarcados en la legalidad por un ambiente menos hostil para quienes cultivan, usan y elaboran productos con cannabis. Explicó que la Federación Argentina de Cannbis y Cáñamo está en trámite de personería jurídica y engloba a varias asociaciones civiles en todo el país. Hay nucleamientos de este tipo, destacó, en todas las provincias. Al menos, suman unas 150, de acuerdo a las que aceptaron incluirse en un relevamiento nacional. Calcula que son bastantes más.

“Lo más urgente es el reclamo por una nueva ley de drogas, que respete la salud pública, en la que todos necesitan seguridad, desde el médico que receta en el marco del Reprocann –Registro del Programa de Cannabis– hasta el productor que permanece en la ilegalidad”, señaló el referente de Aupac (Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis). Sobre la ley 23737, sancionada en 1989, consideró que es una “normativa obsoleta que penaliza con cárcel y multas al que cultiva, da información, cosecha, etc. Hasta hace poco era imposible tener patrones de calidad rigurosos, porque no era posible investigar en el marco de la ilegalidad”.

Derechos y libertades individuales

Vanesa Vargas enfatizó que la del sábado es “una marcha política, por el reconocimiento de derechos y de libertades individuales”. Marcó las contradicciones de esa normativa, que si bien no prohíbe el consumo individual, sí lo hace con la tenencia. Por eso, afirmó que “hay que avanzar en la regulación legal del cannabis y otras sustancias. Para descriminalizar y despenalizar conductas”.

La abogada insistió en el vínculo entre legalización y economías criminales: “Siempre hay reglas (en el consumo, porducción y comercio de sustancias), pero como el Estado no se hace cargo, las pone el mercado clandestino”. Abundó que “las causas de narcotráfico que tramita la Justicia federal, en su mayoría no involucran a los grandes narcotraficantes. La norma no distingue escalas”. A la par, aportó que esto se potencia con “un poder judicial exitista, que mide su desempeño por las condenas, por lo que se busca incrementarlas”. Y consideró un despropósito que “alguien tenga expectativa de prisión por compartir un porro o una flor”. Concedió que las nuevas reglamentaciones en torno a los usos del cannabis abre ciertas libertades, pero sólo a “empresas, no a usuarios individuales, y ello por la existencia de la ley”.

Un paso adelante en la investigación

El bioquímico Serra coincidió en que “la comercialización de sustancias debe estar regulada por el Estado, como sucede con los alimentos y los medicamentos”. Así, apuntaló el consenso, “hay seguridad como sociedad”. Aclaró que es complejo. Explicó que “la esencia regulatoria pone niveles en función de los riesgos” de las sustancias sobre las que reglamenta. A su criterio, “hubo un avance”, aunque admitió que a velocidad muy inferior a la que reclaman las asociaciones civiles cannábicas.

Sobre las normativas recientes, señaló que la primera estaba “disfrazada de investigación, pero cuando se quiso investigar su reglamentación la obturaba”. Hubo cambios para mejor, continuó, porque la primera versión era más restrictiva que la propia ley de 1989. Serra evaluó que, al menos para el sector de investigación sobre el cannabis, hay más libertad.

Una pyme pionera

Gieco, uno de los cofundadores de la pyme 420 CBD Premium, se enfocó en la “perspectiva industrial, medicinal y cosmética” para señalar que, como Serra evaluó para la investigación, “se abrieron muchas puertas”. Y resumió el derrotero que atravesaron para constituir la empresa. “Apenas surgió la posibilidad de elaborar un producto legal y de venta libre (con cannabis), nos propusimos ser una pyme argentina que logre las aprobaciones de la Anmat y esté a la altura de los grandes laboratorios”.

El emprendedor destacó el logro de ser “la primer Pyme especializada en productos cosméticos cannábicos con los estándares de Anmat”. Ello fue, aclaró, no sin trabas, “superando barrera por barrera”. La pyme cuenta con dos productos. En 2021 lanzaron 4020 Placer, el primer óleo íntimo para personas con vulva a base de cannabis en América latina. Eso fue posible, agregó, en base a un trabajo interdisciplinario: dos abogados, dos médicas ginecólogas y dos biotecnólogas especializadas en cannabis. El otro, con todas las admisiones sanitarias, es el aceite 420 CBD Relax, un humectante corporal a base de cannabidiol, almendras, cacao y canela. El primer cosmético de su tipo aprobado en la Argentina.

Ese carácter pionero de 420 CBD Premium hace que aún no tengan competencia. “Salvo en farmacias, pero con productos de expendio bajo receta”.