Jaquelina Ana Balangione presentó en la Legislatura el Informe Anual del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Incluye datos alarmantes sobre hacinamiento en los penales y propuso medidas alternativas
La defensora provincial explicó las misiones institucionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, donde destacó el fortalecimiento institucional logrado durante su gestión en cuanto a la ejecución presupuestaria, la capitalización e infraestructura logradas por el organismo, y la cobertura de cargos y gestiones de recursos humanos. Sin embargo, Balangione también señaló la preocupante situación estructural de los espacios de detención en la provincia, con una tasa de encarcelamiento que triplicó la del año 2012, y un aumento constante desde el año 2017.
Ene se sentido, Balangione informó que al 31 de diciembre de 2022, la cantidad de alojados en los centros de detención superó la capacidad de alojamiento declarada por el Servicio Penitenciario, alcanzando una sobrepoblación de 1.887 internos. Además, los centros de detención policiales presentaron un marcado incremento desde 2019 en adelante, con su pico máximo en el 2021. La defensora también destacó que al día del 2022, la cantidad de presos sin condena alcanzaba el 38 por ciento, habiendo descendido notoriamente desde el año 2021, cuando el número de presos sin condena ascendía al 46 por ciento.
Balangione presentó las conclusiones del Informe del Registro Provincial de Violencia Institucional y demás afectaciones de Derechos Humanos, indicando que en el 2022 se registraron un total de 689 víctimas de la violencia estatal en la provincia, de las cuales 277 fueron ejercidas por el Servicio Penitenciario y 412 a manos de las fuerzas del orden. Además, el informe señala que en el 2022 se produjeron 26 fallecimientos en contextos de restricción de la autonomía en la provincia, 16 de ellos ocurrieron en unidades penitenciarias y 10 en dependencias policiales o en circunstancias de intervención excesiva o ilegítima de las fuerzas de seguridad.
Según el informe de Balangione, el sistema penitenciario de Santa Fe tenía capacidad para 3.854 personas, pero albergaba a más de 6.000, lo que ha llevado a una situación de hacinamiento que dificulta la rehabilitación de los presos y aumenta el riesgo de violencia y enfermedades.
En este contexto, Balangione propuso medidas como la implementación de penas alternativas para delitos menores y la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Además, llamó a abordar las causas profundas de la delincuencia, invirtiendo en educación, empleo y vivienda, y ofreciendo programas de reinserción social para aquellos que han sido condenados.
El informe de gestión también destaca que, en 2020, el 93% de los presos en Santa Fe no tenían estudios secundarios completos y que el 70% eran menores de 35 años. Además, el 80% de los presos fueron detenidos por primera vez y, en su mayoría, cometieron delitos contra la propiedad.
Los legisladores escucharon con atención el informe de gestión de la Defensora Provincial e intercambiaron opiniones acerca del estado de situación en contexto de encierro en la provincia de Santa Fe, así como también valoraron la gestión de Balangione al frente del SPPDP.
