Diputadas provinciales analizaron con funcionarias de Santa Fe el caso de la niña abusada por su padre en Garibaldi, los protocolos seguidos y la intromisión de la ONG católica.

Este lunes, integrantes de la comisión de Género de la Cámara de Diputados de Santa Fe se reunieron con la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, para analizar el caso de la niña de 12 años abusada, a quien la ONG católica Grávida habría intentado impedirle su derecho a decidir sobre un aborto. Además, participaron de la reunión referentes del Ministerio de Igualdad y de Salud que intervinieron en el caso.

Apuntes y Resumen habló la legisladora justicialista Lucila De Ponti, además de presidenta de la comisión de Género de la Cámara de Diputados, quien señaló que esa reunión con el Ejecutivo surgió de un pedido de informe en la comisión de Género para “conocer información oficial” respecto al caso y cómo había sido la intervención del Estado, el protocolo aplicado, entre otros temas. La diputada agregó que también había interés en saber la posición oficial respecto de la acción de la ONG Grávida. “Nosotros entendemos que constituye, al menos, el delito de obstruir la aplicación de una ley”, apuntó De Ponti.

“Todas las funcionarias contaron y dieron detalles respecto de la implementación del protocolo, cómo había surgido y por qué se había dado esta ventana de tiempo en la cual Grávida de alguna manera se entromete y obstaculiza la concreción del derecho. Hubo una aplicación de los protocolos legales, de la normativa vigente. El estado provincial respetó la ley y, en todo caso, no se pudo detectar previamente que podía ocurrir una situación de estas características, lo que también era algo difícil”.

Además, la legisladora explicó que lo sucedido sirve para revisar y, si es necesario, modificar algunas cuestiones de los procedimientos del estado provincial en el marco de casos donde haya una vulneración de derechos. “Que haya sucedido esto prende las alarmas respecto de que haya algunas cuestiones que sea necesario modificar”, afirmó.

En esa línea, De Ponti expresó que la denuncia del gobierno provincial ante la justicia santafecina acerca de las acciones cometidas en este caso por la ONG Grávida, actualmente materia de investigación judicial, fue posterior a la solicitud de la reunión con el ejecutivo.

“Nosotros entendemos que el delito de obstruir la aplicación de la ley en este caso es claro, después la justicia determinará si también se constituye el delito de privación ilegítima de la libertad respecto de esta nena y de su madre, ya es cuestión de materia de investigación judicial”, aseguró la legisladora.

Por otra parte, la legisladora justicialista manifestó que la reunión apuntaba también a poder conocer cuál era la relación de esta ONG con el estado provincial. “Según manifestaron las funcionarias, no había ningún tipo de convenio vigente ni ningún tipo de relación en términos de asistencia de la ONG a alguna función del Estado”, aseveró De Ponti.

Finalmente, sostuvo que Grávida es una ONG legalmente constituida con su personería jurídica, pero que a partir de la investigación judicial, y con alguna decisión que tome el estado provincial previamente, se podría avanzar con la quita de la personería jurídica para que no pueda seguir actuando legalmente.