El dirigente radical y ex senador nacional por Chubut Mario Cimadevilla, que cobró notoriedad por una carta dirigida al líder de la UCR, Gerardo Morales, en la que pide un “expreso y urgente pronunciamiento de reprobación” del partido a la connivencia entre funcionarios judiciales y funcionarios del PRO revelada por los chats filtrados, analizó lo que considera un debate pendiente en torno a la regulación de la energía en el país.
Cimadevilla se remontó, en conversación con el programa Apuntes y Resumen, a la historia del radicalismo para reivindicar también en el tema energético, como lo hizo con el escándalo de los whatsapp divulgados, un ideario que colisiona con los actuales socios del partido en Juntos por el Cambio, particularmente el espacio fundado por el ex presidente Mauricio Macri.
El dirigente es oriundo de una provincia atravesada por conflictos socioambientales relacionados, en particular, con las explotaciones mineras.
Cimadevilla se corre de la dicotomía excluyente que opone generación de energía y cuidado del ambiente. En cambio, propone centrar la discusión en otro eje, y para ello pone como referencia la historia del radicalismo y la creación de YPF, salvando los contextos históricos en una época donde las energías renovables no estaban en el radar de los debates. Así, reivindica la empresa estatal de hidrocarburos nacida en 1929 por su visión nacional y soberana, de la mano del general Enrique Mosconi y del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. El golpe de Estado del año siguiente, encabezado por el general José Felix Uriburu, recuerda el chubutense, “tuvo olor a petróleo”.
Cimadevilla propone volver al debate de cómo se interpreta la energía. Desde su posición, plantea que, al igual que lo hicieron Mosconi e Yrigoyen, debe considerarse un bien estratégico, y en esa visión sustraerse a las lógicas de un mercado que, en la Argentina, está dominado por oligopolios.
El radical recuerda que la ley de inversiones mineras aprobada durante el menemismo sigue vigente y va en sentido contrario.
Las distorsiones que genera el escenario actual de dominio privado y concentrado las ejemplifica con un caso: la Central Hidroeléctrica Futaleufú, sobre el Río Grande, en el noroeste de Chubut. Pensada para abastecer la planta de aluminio Aluar, el excedente de energía se lo vende a la compañía del mercado mayorista eléctrico Cammesa a tres dólares el megavatio/hora, mientras que Cammesa se lo entrega a las distribuidoras a 60 dólares la misma unidad de energía. Algo similar, dice, ocurre con el gas. Y con la minería, en su provincia: lo único que dejan a cambio de los recursos que exportan con grandes ganancias son los sueldos de los operarios y empleados necesarios para extraerlos.
Lo mismo, agrega, sucede con las más recientes energías renovables. En Chubut, con la eólica. Recuerda que planteó sin éxito el cobro de regalías por la explotación de ese recurso, el viento, por lo cual un número pequeño de empresas obtienen grandes ganancias.
El planteo de fondo, vuelve Cimadevilla, es cambiar el concepto coon el que se legisla y se regula la obtención y comercialización de energía: no como un bien comercial sino como un recurso estratégico. En el segundo de los casos, están contempladas las consideraciones ecológicas, porque atienden no solo al presente sino al futuro.
