El abogado constitucionalista remarcó que a su entender ni el Ejecutivo ni la Corte Suprema pueden modificar los montos destinados a las provincias. El cortesano Rosatti en la mira

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en Casa Rosada con un grupo de gobernadores para diseñar el pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura. Es por el fallo cortesano sobre coparticipación que aumenta el porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires.

El abogado constitucionalista de Santa Fe Domingo Rondina consideró que no están dadas las condiciones jurídicas, más allá de los números necesarios en el Congreso, para avanzar en un juicio político por el contenido del fallo, al que consideró sin embargo objetable en varios aspectos.

“Si es por la coparticipación, (el proceso) debería ser contra los cuatro ministros de la Corte Suprema”, arrancó Rondina con una aclaración. En comunicación con Apuntes y Resumen, evaluó que se trata de “un fallo pésimo, jurídicamente erróneo”. Sin embargo, explicó, “no es argumento para un juicio político, para lo que se requiere una burrada jurídica o prácticas corruptas” que, por el momento, no están demostradas.

El Congreso Nacional, siguió el abogado, no puede destituir a un cortesano por una determinada opción jurídica, y como se sabe, casi siempre hay “una mitad de la biblioteca” que respalda una decisión.

“El fallo sobre coparticipación tiene varios problemas”, insistió Rondina pese a no considerar que amerita un juicio político a Rosatti. Y detalló: “No corresponde dictarse como cautelar, y cuando se decide un monto (que es lo que sucedió con el aumento del porcentaje asignado a la administración porteña), eso requiere un conocimiento contable que los integrantes de la Corte no poseen y un peritaje previo” que no están explicitados en la resolución del máximo tribunal.

Rondina fue más allá. Indicó que alrededor del reparto de la masa coparticipable hay una seguidilla de inconsistencias constitucionales: “Lo correcto es decir que no se pueden tocar los porcentajes de la coparticipación, como lo señaló la reforma constitucional de 1994 para obligar a gestar una ley nacional y normas provinciales que la acompañen”.

Así, afirmó que “está mal que se retoque desde el Ejecutivo”, como lo hizo el ex presidente Mauricio Macri en favor del Gobierno porteño bajo el argumento del traspaso de la policía (de la Federal a la Metropolitana) y después su sucesor Alberto Fernández cuando retrajo esos montos. Y lo mismo cuando lo decide la Corte, con el fallo cautelar sin una medida de fondo sobre la cuestión.

De lo que se trata, resumió el abogado, es de negociar con altura una ley que establezca la distribución de los impuestos entre las jurisdicciones subnacionales, y eso corresponde primero al Congreso nacional y después a las Legislaturas provinciales.

Más grave, los chats

Rondina evaluó, con la aclaración de que por el momento tampoco observa material suficiente para un juicio político a Rosatti, que más grave que el fallo sobre coparticipación es lo que dejan trascender otros chats filtrados, si es que son verdaderos. Son los que se supone intercambiaron el secretario del máximo tribunal Silvio Robles, a la vez vocero y director general de la vocalía de Rosatti, y el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, además implicado en los mensajes sobre el viaje con estadía paga a Lago Escondido bajo sospecha de dádivas.

“Un funcionario judicial (Robles) dictando los argumentos a una parte en un juicio (el Gobierno porteño) con la promesa de que si los pone en el proceso los jueces le darían la razón”, sintetizó el abogado santafesino la gravedad de lo que se deja trascender si los mensajes son ciertos. “Lo inadmisible en un juicio es que el juez colabore con una de las partes”.

De nuevo, un juicio político a un cortesano por este caso, aclara Rondina, está flojo de pruebas: “El problema es que, de momento, esos chats demuestran una actitud delictiva de un secretario, no de un ministro de la Corte Suprema”.

El constitucionalista enfatiza que hasta ahora, no hay argumentos. “Hay que probar que Robles no se cortó solo, sino que actuó por orden” del supremo Rosatti. Y eso se verá. Recordó al respecto que el juzgado federal de Santiago del Estero a cargo de Guillermo Molinari, quien imputó a Robles, ordenó que “con carácter de urgencia (el secretario) deposite su teléfono celular” en la secretaria de turno correspondiente, ya que hay feria judicial. En ese móvil podrá haber, o no, más pruebas.

Hasta ahora, insistió Rondina, “en ninguno de los dos casos (fallo sobre coparticipación y chats) veo que haya justificación suficiente para un juicio político a ministros de la Corte”.

Así y todo, concluyó que el pedido de ese procedimiento, habilitado por la Constitución, es más saludable para la democracia y el equilibrio republicano “que un escrache o una puteada”.