Babel era una fiesta
home > Especiales > Despidos en el Estado: ¿ñoquis o trabajadores?
Despidos en el Estado: ¿ñoquis o trabajadores?

19/02/2016

En contacto con el portal de Radio Universidad, el economista Marcelo Martinetti señaló que la ola de cesantías obedece a la intención de la gestión macrista de dotar de “mayor eficiencia” al aparato estatal y anticipó las consecuencias de tamaña decisión. Además, evaluó el comportamiento de la opinión pública y habló del desprestigio que sufre el empleado público

La mesa está servida. Manifestantes preparan ñoquis frente al Centro Cultural Kirchner en reclamo por los despidos.
Autor:
Diego A. Beccani

Una de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri fue la de “achicar” la cantidad de trabajadores estatales. Y vaya si cumplió. De acuerdo a estimaciones sindicales, 28 mil personas perdieron sus puestos de trabajo desde diciembre de 2015 a la fecha. Cambiemos y su intento gubernamental por racionalizar la nómina de empleados estatales.

En contacto con el portal de Radio Universidad, Marcelo Martinetti, docente de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR, analizó el impacto de las primeras medidas del gobierno nacional en el sector público: despidos aleatorios, sin evaluación de idoneidad y sin criterio, que no responden a malos desempeños, sino al afán de una administración de recortar “el hilo por lo más delgado”.

El economista especialista en políticas públicas señaló que la ola de cesantías obedece a la intención de la gestión macrista de dotar de “mayor eficiencia” al aparato estatal y anticipó las consecuencias de tamaña decisión. Además, evaluó el comportamiento de la opinión pública y habló del desprestigio que sufre el empleado público, estigmatizado por los medios de comunicación y diversos sectores de la sociedad.

-¿Cómo ve la situación actual en el Estado respecto a la cantidad de despidos que se produjeron en este último tiempo?

-Esta magnitud de despidos se produce por tres razones: en primer lugar, partiendo de ideas ortodoxas de que hay un exceso del gasto público, se buscó -en términos empresariales- darle mayor eficiencia al aparato estatal, recortando el empleo, asumiendo que representa un costo innecesario para el Estado. Por otro lado, hay un componente discursivo e ideológico, en el que se encuentran argumentos que calan rápido en la población: los trabajadores estatales sobran y, los que fueron incorporados en la gestión anterior, son ñoquis e inútiles. Por último, un factor político partidario que oficia de soporte al anterior: son militantes rentados.

-¿Qué implicancias de cara al futuro trae aparejadas esta medida?

-Hay que ver qué alcances tiene. No se puede despedir indiscriminadamente porque hay un límite de confrontación política con los sindicatos. Considero que debería encontrar una respuesta por parte de la sociedad, ya que se traducirá en menor consumo y menor producción, lo que generará desempleo en las empresas. En algún momento del año, se toparán con un rechazo al objetivo general de la política económica en marcha, que es disminuir el empleo para frenar la demanda y abaratar el costo del trabajo en dólares, facilitando el comercio exterior.

-¿En qué sentido facilita el comercio exterior?

-Este modo de concebir la economía sostiene que los salarios en Argentina son altos en dólares, de modo que hay que reducirlos para lograr una producción más competitiva a nivel internacional. En la mayoría de los sectores no es cierto. Y, en el caso de que así sea, la contracara es que ese trabajo constituye capacidad adquisitiva y demanda del mercado interno, que explica los ritmos de producción local. El desempleo que permanecía de la administración pasada era prácticamente estructural y de difícil incorporación al mundo del trabajo, por lo menos en el corto plazo, lo que explicaba el abanico de subsidios. Creo que los índices de desempleo van a aumentar, tanto en el sector público como en el sector privado.

-La creación de empleo privado viene cayendo con fuerza desde 2011, ¿cuáles son las medidas adecuadas a tomar para aumentar la creación de puestos de trabajo en ese sector?

-El problema en las economías capitalistas es que los objetivos de política económica estratégica tienen que ser acompañados y fortalecidos por la actividad privada. El gobierno nacional tiene como idea central que el modo de crecer es asociarse a un grupo minoritario de empresas, gracias al cual van a conseguir inversión. Para que se sostenga un nivel de cuasi pleno empleo y eventualmente crezca el empleo más calificado, hacen falta años consecutivos de inversión productiva, mejora tecnológica y capacitación del trabajo. La expectativa de generar condiciones de confianza para las inversiones extranjeras es complicado. Sostengo que ni el arreglo con los fondos buitres ni las perspectivas de mejores ganancias y rentabilidad van a ser suficientes para estos sectores, porque no están preocupados por el nivel de demanda y de producción en el mercado interno. Este tipo de políticas económicas ya se han probado en muchos países, y no hay forma de que generen empleo por la lógica del capitalismo global inserto en las redes de producción mundial. Siempre va a existir un problema de comparación con las condiciones de producción en otras economías. En Argentina hay otra cultura laboral, donde hay una tradición de defensa de las condiciones del trabajo.

-Ya sea por voluntad política de mostrar autoridad o por necesidad de adecuar la nómina de empleados a las necesidades reales del Estado, es una medida antipática y parece que el presidente soportó el costo político de tamaña decisión. ¿Cómo analizas la reacción de la opinión pública?

-A dos meses del cambio de gobierno, hay una mentalidad en ciertos sectores de la sociedad que se conforma con los argumentos televisivos y no ve los efectos macroeconómicos que trae aparejado a mediano y largo plazo. Se trata de gente formada y capacitada que se convence de que la mayoría de los trabajadores estatales son ñoquis y se muestran de acuerdo con esta política de despidos.

-Si el objetivo es detectar a los ñoquis, ¿no bastaría con un simple control de presentismo?

-Por supuesto. Si se plantea como una política de saneamiento de la administración pública, habría que tener un plan de control que evalúe la asistencia y el cumplimiento del trabajador y, eventualmente, hacer cursos de capacitación en conjunto con las organizaciones sindicales. La realidad es que es sólo un discurso, que encubre la intención de bajar el gasto público a costa del trabajo de quienes no son funcionales a este gobierno. La visión ortodoxa es equilibrar la balanza fiscal, que en este momento en particular se la postula como la política antiinflacionaria, y para eso se disminuye el gasto público porque consideran es la razón que origina demanda e inflación sobre los precios, lo cual es falso. En todo caso, es un efecto acelerador pero no el motivo que la genera.

-Tal como lo denunció parte de la oposición, ¿creés que se trata de una persecución política?

-No, esa es una construcción argumentativa. Los 12 años de gobierno kirchnerista generaron muchísimos adherentes. También una cantidad considerable de opositores, muchos de los cuales fueron beneficiados por las políticas del kirchnerismo y otro porcentaje que vio afectado sus intereses personales. Para este último, los pretextos del trabajador estatal vago o empleado público militante, que existen y se los podría erradicar fácilmente, calan muy fácil. Pero así como está planteado, es sólo un argumento para eliminar gente que no es funcional a esta estrategia. Es cierto que hay empleados públicos que no asisten o no cumplen, pero no es el comportamiento paradigmático. Hay cierta reticencia por parte de las instituciones públicas cuando se quieren introducir ciertas modificaciones, por lo que muchas veces hace falta incorporar trabajadores que ayuden a impulsar esas transformaciones. Por lo tanto, hay un nivel de “empleados públicos militantes” necesario que adhiera a esas políticas, lo cual engrosa el empleo público y facilita la ineficiencia. Los gobierno salientes tienden a regularizar la situación de muchos empleados públicos, dejándolos efectivos en sus puestos de trabajo y legitimando sus relaciones laborales.