Bolivia mostró las armas enviadas ilegalmente por Argentina
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20/07/2021

El ministro de Gobierno boliviano precisó que además del cargamento para custodiar la embajada “llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”

Autor:
Redacción web

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponden al envío de material represivo por parte Gobierno de Mauricio Macri. Las mismas fueron mandadas cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de "tráfico ilícito de municiones". Este es un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

Allí ratificó además que en noviembre de 2019 "ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros" a Bolivia, y se informó que ya se han "se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía". Estas son parte de las 70.000 balas de gomas que salieron desde Argentina con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional. En el depósito de la policía boliviana también se hallaron, según detalló el funcionario, “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”.

El ministro de Gobierno aseguró que parte del armamento llegó a Bolivia la mañana del 13 de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado. El mismo estaba autorizado para reforzar la custodia de la embajada argentina, aunque precisó que “llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”.

La Unidad Fiscal especializada en Investigaciones de ilícitos con armas de fuego y explosivos (UFIARM) concluyó este lunes la investigación preliminar sobre el posible desvío de material bélico a Bolivia, para evitar una duplicación de la pesquisa dado que el tema ya está judicializado y tramita en el fuero Penal Económico. La información fue confirmada por el cotitular de la Unidad Fiscal Especializada, Gabriel González Da Silva, y difundida este mediodía por el portal de noticias de Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación.

La investigación preliminar iniciada de oficio el pasado 9 de julio por la posible entrega de material bélico al Estado Plurinacional de Bolivia -el 12 de noviembre de 2019- fue cerrada para evitar la superposición con la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo de Javier López Biscayart, y en la que interviene su colega Claudio Navas Rial.

Durante el transcurso de la investigación preliminar el fiscal solicitó informes a distintos organismos estatales, para establecer si el Estado argentino colaboró con la Fuerza Aérea Boliviana en lo que fue la represión a las protestas desatadas en ese país luego del golpe de Estado contra Evo Morales.

La decisión la tomó “con el objeto de evitar incurrir en una doble persecución penal, respecto de un hecho que ya se encuentra bajo la órbita de un magistrado de esa competencia, en instancia judicial, circunstancia que, de no ser debidamente observada, podría implicar un exceso en las facultades y atribuciones por ley otorgadas a esta Unidad Fiscal para la instrucción de investigaciones preliminares”.