Acuerdo Escazú, un convenio para la democracia ambiental
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07/05/2021

El investigador del Conicet Juan Martín Inti Azerrat explicó en qué consiste este acuerdo y por qué es importante conocerlo

Argentina lo ratificó y sumó a que entrara en vigencia.
Autor:
Redacción web

El 4 de marzo de 2018 América Latina y el Caribe celebraron en Escazú, Costa Rica, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”.

Argentina ratificó el acuerdo de Escazú el 22 de enero de este año y oficialmente es “Estado parte del acuerdo”, el cual ya entró en vigencia en el Día Internacional de la Madre Tierra, el jueves 22 de abril de 2021, luego de que México ratificara convirtiéndose en el decimoprimer país en hacerlo, efectivizando su aplicación finalmente. Pero ¿de qué se trata este acuerdo y por qué es importante conocerlo?

En diálogo con ABC Universidad, el investigador del Conicet Juan Martín Inti Azerrat explicó que este acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible. “A partir de ahora nosotros podemos acceder a toda la información”.

El tratado internacional tiene tres pilares: garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental; propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones; y favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.

Además, es el único acuerdo del mundo que aspira a conceder protecciones especiales a los defensores de derechos humanos que se dedican a asuntos ambientales.

Por este último punto es que organizaciones como la ONU, especialmente a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han apoyado este pacto.