El Senado de la Nación se prepara para debatir este jueves el proyecto de Ley de Alquileres. Si se cumple con lo previsto la Cámara Alta lo sancionará, teniendo en cuenta que ya Diputados le otorgó la media sanción en 2019. En el caso de aprobarse repercutirá favorablemente en la situación de alrededor de 9 millones de inquilinos de todo el país. 

Una Ley de este tipo viene siendo trabajada desde hace años para garantizar un piso de derechos para los inquilinos. Décadas bregando para que haya una nueva Ley de Alquileres que contemple una extensión de los plazos, donde haya reglas claras a la hora de firmar un vínculo de este tipo y un punto clave: la creación de un registro de contratos de locación. 

Uno de esos luchadores por una nueva Ley de Alquileres es Ariel D’Orazio. El coordinador el Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor y militante de la Concejalía Popular explicó en diálogo con el portal de Radio UNR: “El proyecto que se debate data del 2018 y es en realidad la recopilación de varios proyectos; algunos presentados en 2001, otros en 2002. Luego se volvieron a presentar en 2005, con audiencias públicas en Senadores y Diputados. Y en 2006 se fueron presentando proyectos locales”, recordó. 

“Luego en el año 2016 hubo aprobación en el Senado pero perdió estado parlamentario en 2018. Se volvió a presentar una nueva Ley, se aprobó en Diputados y esperamos que mañana sea la sanción definitiva en el Senado”, agregó D’Orazio. “La Ley actual es una modificación que se estableció en 2015 cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia a partir de agosto de ese año. Entendemos que acortó la cantidad de derechos y dejó en gris muchas situaciones que esta Ley viene a corregir, aunque hay mucho por hacer”, sostuvo. 

En la charla, D’Orazio explicó las principales modificaciones que contempla este proyecto de Ley

• Se extiende el plazo mínimo de contratación de 2 a 3 años. Está permitido hacer contratos más allá de los 24 meses. Es importante llevarlo a 36 meses para garantizar estabilidad y previsibilidad en las familias que alquila

• Establece la imposibilidad de indexar valores de manera semestral como vemos en muchos contratos. La actualización no puede ser arbitraria e impuesta al inicio del alquiler, sino que deberá hacerse mediante un índice oficial que promedia en partes iguales salarios e inflación, tomando IPC y el RIPTE. Eso hará un promedio que permita que el salario no tenga que correr de atrás  como lo viene haciendo al valor del alquiler

• Establece que el impuesto que grava a la propiedad, en Santa Fe el API, pase a ser sí o sí una obligación económica del propietario. Lo mismo será para todas aquellas expensas que no sean ordinarias

• En cuanto al depósito en concepto de garantía hoy se pueden pedir dos meses del valor del alquiler. Con esta Ley se acorta a un mes, por más que el contrato se extienda a tres años. Ese valor deberá devolverse actualizado, algo que hoy no ocurre. Además deberá entregarse cuando se devuelva la vivienda. En la actualidad queda en manos del propietario por 30, 60 o 90 días especulando, muchas veces haciéndolo trabajar y devolviéndolo completamente desactualizado

• Se amplía la posibilidad de las garantías

• Hay una alternativa de rescindir los contratos si se avisa con 90 días de antelación sin cargo. Además habilita al inquilino a plantear su intención de renovar 3 meses antes de que finalice el contrato. Si no tiene respuesta o si es negativa puede buscar una nueva propiedad, alquilarla y rescindir sin cargo, hecho que en la actualidad no se permite

• Además se crean ayudas económicas para los sectores más vulnerables, como son los jubilados, y un programa de alquiler social que va a estar a cargo del Ministerio de Vivienda. Esto nos parece trascendental

• En el caso de una reparación, si el inquilino no tiene respuesta del locador puede realizarla y ese costo descontarlo a futuro de los cánones locativos

Uno de los principales reclamos de los inquilinos a lo largo del aislamiento social, preventivo y obligatorio producto de la pandemia de coronavirus fue el rechazo de los locadores a presentar su CBU bancario. D’Orazio recalcó que “está establecido en el DNU 320 y tiene vigencia hasta el 30 septiembre, aunque se está discutiendo la posibilidad de extenderlo hasta el 31 de marzo. En el proyecto de Ley está prevista la creación de un Registro Público de contratos de locación en la AFIP, que va a blanquear el dinero que se trabaja en el mercado inmobiliario. “La obligatoriedad va a venir de la mano porque al estar blanqueado no va a haber prurito de entregar un CBU, que transparenta el ingreso del propietario”, dijo. 

“En nuestra provincia el 70 por ciento del dinero que mueve el mercado inmobiliario no está declarado. Es algo alarmante porque ese dinero que el Estado recaudaría podría implementarse a políticas habitacionales que resuelvan el déficit habitacional que hoy tenemos en Argentina”, contó. “Se podrían construir viviendas públicas en alquiler, que es algo que esperamos y que esta gestión ha demostrado en tener interés en avanzar de la mano de la ministra Bielsa. El Estado se va a convertir en un actor preponderante a la hora de establecer los valores de los alquileres, algo que ahora no existe”, agregó.

Entre los reclamos de los inquilinos en tiempo de pandemia, los casos más recurrentes fueron “la falta de un CBU para el depósito; la intención de cobrar un gasto por la transferencia bancaria, algo que no corresponde porque es gratuita; muchas consultas acerca de los contratos que vencían”. “Estimamos que en Rosario se vencen por mes aproximadamente 6000 contratos de locación habitacionales y si consideramos los comerciales tenemos que ampliar el número. Había muchas consultas a cómo operaba la prórroga del DNU 320. Muchos llamando por tener prácticamente imposibilitada su economía para afrontar el pago del alquiler. Se daba fundamentalmente en los comercios porque al no tener actividad, no tenía facturación”, dijo. “Además nos preguntaban por el tema del congelamiento, algo confuso en el decreto porque decía que se congelaba el valor pero si había una indexación se pagaba a partir de octubre en tres o seis cuotas. Muchos llamaron también la posibilidad de mudarse, que se habilitó en Rosario en la primera semana de mayo”, indicó.