Represión, aquí y allá

23/10/2019

Funcionarios de Cambiemos respaldaron a Piñera y la represión de las fuerzas chilenas. Los dichos son consecuentes con el accionar en Argentina

Autor:
Redacción web

En contraposición a la ampliación de derechos y a pugnar por sociedades más igualitarias, distintos funcionarios del Gobierno de Cambiemos salieron a condenar las protestas que se llevan a cabo en Chile. También se manifestó de ese modo el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. Los mensajes enunciados este lunes son consecuentes con la política represiva de estos cuatro años de Gobierno.

La primera en manifestarse fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Lo que pasa en Chile no es una protesta social, es una insurrección con carácter cuasi terrorista, no jorobemos. Es una protesta social que termina rompiendo todo Chile”. La funcionaria agregó que hay “un intento concreto de voltear un Gobierno” y remarcó: “Piñera está en guerra. ¿Cómo está si no? Si le están incendiando medio país. Chile está actuando en el marco de la ley”.

Bullrich había sido entre ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y luego ministra de Seguridad Social durante el Gobierno de De la Rúa, que finalizó anticipadamente por protestas similares a la que afronta Chile. Producto de la fuerte represión militar ya hay 15 muertos y más de 2600 detenidos, en solo cinco días de estallido social y toque de queda.

El segundo en hablar fue el senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. “Hay un proceso de desestabilización en la región con injerencia venezolana – cubana”, denunció y aseguró que “la dictadura militar en Venezuela, en sociedad con Cuba, está avanzando en otros países de Latinoamérica”.

"Hay un tufillo cubano en la Argentina que se percibe en distintos lugares de Latinoamérica y que hay procesos organizados de cierta desestabilización. Hay que seguir atentamente algunos discursos de Cabello y Maduro. Inducen a pensar en un acontecimiento en cadena y organizado”, alertó. El candidato hace unos días había declarado sobre las villas que “habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire”.

También habló el canciller Jorge Faurie y en vez de condenar la represión como lo hace con Venezuela, la avaló. Afirmó que en Argentina y la región “existe un afán destructivo con manifestaciones anárquicas”. “En esa brisita bolivariana de la que hablan en Venezuela hay claramente una intención de intervenir o estar presentes en la vida institucional, política y social de nuestros países. Como un huracán bolivariano... y el huracán bolivariano nos va a traer un viento de hambre, pobreza, falta de libertad y dictadura", dijo en declaraciones radiales.

Las declaraciones del macrismo son consecuentes con el accionar de este sector a lo largo de su estadía en el Gobierno. Según el “Informe sobre criminalización de la protesta social en la Argentina (2016 – 2018)”, elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA, se detuvo a un manifestante por día.

Durante los tres primeros años de Cambiemos 1452 manifestantes fueron apresados en protestas, correspondiendo el 53 por ciento a reclamos por demandas laborales. La criminalización de la protesta fue creciendo a lo largo de la gestión. Entre otras aparecen las movilizaciones contra la reforma laboral y previsional de diciembre de 2017.

En segundo lugar aparecieron los detenidos por reclamos por tierra y viviendas, en un 22 por ciento. Si bien fueron menores en cantidad, recibieron las respuestas represivas más violentas. En este segmento aparece la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado; el asesinato de Rafael Nahuel en un operativo de la Prefectura; el crimen de Rodolfo Orellana, en el desalojo policial de un intento de tomar terrenos en el conurbano o el de Héctor Reyes Corvalán, muerto por las quemaduras e impactos de bala durante un desalojo de tierras de Santiago del Estero. También fue asesinado Ismael Ramírez, un niño de 13 años de Chaco, en el marco de un reclamo por tarjetas de alimentos en un supermercado.

Al igual que lo que ocurre actualmente en Chile, la ministra no dudó de calificar de terroristas a manifestantes. En el marco de la usurpación de Cushamen, el lugar donde murió Santiago Maldonado, un grupo de integrantes de la Pu Lof había sido denunciados por Benetton por esa usurpación y abigeato. La causa madre le había servido a Patricia Bullrich para acusarlos de terroristas. Finalmente en marzo de este año fueron absueltos por la Justicia.

Esa estigmatización de “enemigo interno” también se extendió en Buenos Aires a integrantes de comunidades extranjeras. Tal es el caso de los hermanos Axel Abraham Salomón y Kevin Gamal Abraham, quienes pasaron 22 días presos acusados de tener vínculos con el terrorismo internacional. O los extranjeros detenidos durante la cacería llevada a cabo por las fuerzas de seguridad durante la manifestación contra la Ley de Presupuesto, sin ninguna participación comprobada.

En tanto, el 6 por ciento de los reprimidos y arrestados lo fueron por salir en defensa de sus dirigentes. Por ejemplos, manifestantes que fueron a reclamar por la liberación de detenidos a la puerta de una comisaría. En ese sentido se estigmatizó a dirigentes gremiales y sociales calificándolos como “mafias”.