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"Responsabilidades compartidas"

19/07/2019

La Comisión Bicameral apuntó contra los responsables políticos que "manipularon la información a los familiares". Acusaciones a Aguad, Macri y autoridades navales

Autor:
Redacción web

La Comisión Bicameral del Congreso que investigó el hundimiento del ARA San Juan dictaminó que “los responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde el primer momento”. “Es indudable la responsabilidad política del Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos, por la falta de diligencias adecuadas”, afirmaron.

El informe descartó de plano la hipótesis de que el submarino naufragara por haber sido objeto de ataques. El mismo fue elaborado tras casi un año y medio de que el senador por Tierra del Fuego, José Ojeda, afimara “teníamos un submarino desaparecido, muchas preguntas y pocas respuestas”.

En la reunión pública ante familiares de las víctimas el legislador aclaró que los integrantes de la Comisión Bicameral no fueron “recibidos por la presidenta del Senado ni el presidente de la Cámara de Diputados”. Tampoco fueron asistidos por integrantes del Poder Judicial. “Muchos quieren que se indique un autor, que exista alguien a quién condenar, pero aquí hay varias responsabilidades compartidas”, sostuvo y advirtió: “Han incidido un sinnúmero de factores”.

En el informe se destacó el “desamparo al que fueron sometidos los familiares de los 44 tripulantes, con los destratos, ocultamiento de lo que verdaderamente estaba sucediendo” por parte del Ejecutivo. Además señalaron que los “responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde los inicios”. “Ante los indicios de la gravedad de los hechos, en lugar de agilizar solo dilataron la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave. Resultó evidente que el accionar oficial intentó que la tragedia del ARA San Juan pasara rápidamente al olvido”.

En cuanto a lo que pasó con el submarino los investigadores sostuvieron que hay “imposibilidad de dictaminar definitivamente lo sucedido, al no poder peritarse sus restos”. “Nunca se tuvo comprensión de la gravedad situacional, ni de la exactitud y magnitud de la avería y siempre se confió en el material”, dijeron. “No puede dejarse de lado el contexto general presupuestario que han venido padeciendo las fuerzas armadas” en cuanto al “mantenimiento de sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa”.

Después de la reparación de media vida, el submarino navegó en 2016 28 días y tuvo 488 horas de inmersión con 3105 millas náuticas. En el año 2017 tuvo 53 días de navegación, 804 horas de inmersión y navegó 5464 millas. En ese lapso, la nave necesitó de mantenimiento en distintos momentos, con varias de ellas requiriendo “entrada a dique seco” aunque las mismas fueron dilatadas hasta el doble de la recomendación temporal que debía tenerse en el manejo de una nave de ese tipo”. Si bien la nave debía “ingresar a dique seco cada 18 meses, extendidos por la Armada Argentina hasta 24 meses”, al momento del naufragio llevaba “más de 44 meses sin esa necesaria entrada”.

Por otra parte, para la investigación las autoridades navales subestimaron la gravedad del incidente. “No se tuvo en cuenta un antecedente gravísimo, el incendio de baterías por ingreso de agua a través del balcón de barras, sufrido en puerto por el mismo submarino, (año 1995) y que llevó más de veintisiete horas extinguir por sus continuas reanudaciones. Para la Bicameral hubo “responsabilidad palmaria en los momentos iniciales por subestimar la situación del Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Comandante de la Fuerza de Submarinos y del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y que la cadena posteriormente se extiende al Subjefe Vicealmirante de Infantería de Marina Miguel Ángel Máscolo y con mayor responsabilidad aún al jefe de la fuerza, Almirante Srur por su deficiente manejo de la crisis”.

Dentro de las responsabilidades políticas, la Bicameral sostuvo que el ministro Aguad incurrió en omisiones que implicaron “la ineficiente y displicente utilización de los recursos del Estado Nacional disponibles para la búsqueda tras la finalización del operativo internacional, el incumplimiento del compromiso de una rápida contratación directa de una empresa privada que derivó en un largo trámite que insumió más de cuatro meses, el maltrato sistemático a los familiares de los tripulantes desaparecidos y la maniobra ante los familiares para intentar responsabilizar al Congreso Nacional por las demoras en la contratación”.

El funcionario también es acusado de demostar “una profunda desidia, desinterés y displicencia respecto de la búsqueda, tanto en la omisión de las acciones necesarias para sostener una eficiente búsqueda del submarino y de sus tripulantes, como en el despliegue de acciones que han tenido como finalidad dilatar la posibilidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios –nacionales e internacionales como públicos y privados- para la efectiva búsqueda”.

En tanto que sobre el presidente Mauricio Macri, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, indicaron que “exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia”. “Sostuvo en el cargo al ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño”, manifestaron y cerraron: “Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática o hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes”.