La Corte y la Ley de Glaciares

30/05/2019

El máximo tribunal dictaminará si la Ley de Glaciares es constitucional o no. Allí deberán optar entre proteger el medioambiente o las inversiones de las mineras en el país

 

Autor:
Alejandro Arnoletti

La Corte Suprema de Justicia determinará si la Ley de Glaciares, aprobada en septiembre de 2010, es constitucional o no. Lo hará a partir de una presentación de inconstitucionalidad de la minera Barrick Gold y la determinación es de suma trascendencia. La normativa fija los límites en los cuales se puede llevar a cabo la actividad, por lo que un fallo adverso podría traer serios riesgos para el medioambiente.

La Ley de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar busca proteger los recursos hídricos para el consumo humano, la protección de la biodiversidad, la agricultura y el turismo. Fue aprobada en 2010 y reglamentada en febrero de 2011. Ese mismo año la minera Barrick Gold, de origen canadiense, presentó ante la Justicia sanjuanina un pedido de inconstitucionalidad. Sobre eso deberá fallar la Corte Suprema.

Aquí la Corte Suprema está ante una encrucijada: favorecer la protección del medioambiente o a las ganancias de empresas extranjeras que hacen sus negocios a partir de los recursos naturales ajenos. Una determinación contraria a los intereses económicos llevará a frenar inversiones extranjeras en zonas que estarían prohibidas con la constitucionalidad de la Ley.

Tras el inventario presentado por el Gobierno Nacional en mayo de 2018 se pudo determinar que Argentina es el segundo país de la región con más glaciares. Al momento presentaba 16.968, de los cuales 16.078 estaban sobre la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur. Por provincias, Santa Cruz contiene la mayor superficie de glaciares, con 2.420 unidades y 3.421 km2. Segundo se encuentra Mendoza y tercero, San Juan.

Un fallo a favor del medio ambiente haría detener emprendimientos mineros que jaquean reservas hídricas. Según el inventario, aquellos con mayores certezas son los de cobre Altar y Pachón; los de cobre, oro y plata, Pascua Lama, Los Azules, del Carmen y Constelación. Además se encuentra otro cuprífero en Catamarca: Agua Rica.

A favor de la postura de los ambientalistas hay un antecedente en donde la Corte revocó medidas cautelares que frenaban la aplicación de algunos artículos de la Ley de Glaciares. Este fallo data de 2012 y estaba radicado en el emprendimiento minero de Pascua Lama, en San Juan. En esa oportunidad los recursos también habían sido presentados por empresas mineras, entre las que se encontraba Barrick Gold. En esa oportunidad las firmas presentaron una medida cautelar contra la Ley de Glaciares y argumentaban que no al no hacerse un inventario se desconocía si en ese lugar había glaciares o un ambiente periglaciar, por lo que podían avanzar. Ese segundo argumento, que es similar al de los ambientalistas, fue considerado por la Corte como contradictorio porque se presenta un recurso para frenar la legislación que llama a hacer un inventario y al no hacerse no se puede avanzar con la obra, que es el argumento ambientalista. 

El Dr. Cristian Fernández, representante legal de la ONG Banco de Bosques, explicó al portal de Radio UNR: “El fallo confirmaría que la Ley es constitucional. Se presume constitucional por el hecho que fue sancionada por el Congreso, pero cualquier interesado por derribarla tendrá que demostrar que confronta con otros derechos constitucionales que son más fuertes que los que intenta defender esa Ley”. “En primer lugar es una ratificación de algo que presumimos por lo que hasta ahí tendría un efecto neutro. En segundo, esta Ley ha recibido muchas críticas de parte de las industrias, principalmente empresas mineras, empezando por Barrick. Su aprobación sería un freno previsto por los legisladores de avanzar en tareas extractivas en zonas glaciares o periglaciares”.

En el caso contrario, “sería un gran problema porque todos los efectos negativos significan perder los glaciares”. “Si se les da carta libre a las empresas trasnacionales para explotar actividades hidrocarburíferas, hidroeléctricas o lo que fuera en zonas glaciares o periglaciares, que son reservas de agua y es un derecho humano, vamos a vulnerar el acceso al agua”, advirtió. “El derretimiento de los glaciares trae consecuencias negativas en el cambio climático. Estudios realizados en la Antártida determinaron que el derretimiento de los glaciares libera la bomba de metano, que es un gas de efecto invernadero más poderoso que el dióxido de carbono. En los niveles en los que se intenta bajar el calentamiento global sería contraproducente”, sostuvo.

“Por los papers a los que he tenido acceso se encuentran dos posturas: unos dicen que los glaciares van a desaparecer en 100 años y otros no son tan pesimistas”, dijo y agregó: “Pero en lo que hay unanimidad es que si algunos buscan el ‘progreso’ sin que les importe nada van a hacer que el proceso natural que lleva a la reducción de los glaciares sea más veloz y se ponga en una situación límite a todo un ecosistema”.

Fernández es además abogado de la Coalición Río Santa Cruz Libre, que viene luchando contra la construcción del Complejo Hidroeléctrico La Barrancosa – Cóndor Cliff (o Cepernic - Kirchner), en Santa Cruz. Según explican la obra traerá graves consecuencias al ecosistema del mencionado río, protegido por la Ley de Glaciares como ambiente periglaciar. “Actualmente tenemos una causa en primera instancia que se abrió a pruebas y que está a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez. Después de mucho insistir logramos que intervengan las universidades así que vamos a tener opiniones técnicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el departamento de Ecología, Genética y Evolución, del área de Paleontología, del departamento Ciencias Geológicas y de parte del CENPAT que es un organismo del CONICET”.

El abogado contó: “Entendemos que va a ser a una mayor prueba y relevancia del caso y a su vez esperamos el resultado de una pericia biológica que se está desarrollando. Por si fuera poco tuvimos la noticia de que Parques Nacionales reconoció un informe que habíamos presentado en el juicio en 2015 pero no estaba membretado y no tenía fecha, por lo que era endeble. A través de un oficio que presentamos reconoció su autenticidad y es un informe muy crítico de las represas por lo que es una prueba clave para nosotros porque la Ley General del Ambiente establece que los dictámenes oficiales tienen el mismo valor probatorio que una pericia, que es de las pruebas más importantes en el marco de un expediente judicial”.

En la presentación ante la corte se enlazan dos cuestiones: “Un planteo de nulidad del estudio de impacto ambiental que se presentó en el Congreso de a Nación en 2017 más el pedido de una medida cautelar. Esto pone en relieve todos los vicios, déficits informativos y problemas metodológicos que tiene el estudio que hizo EBISA, que era una empresa estatal y que ahora se llama IEASA. Además el pedido de medida cautelar es para que no se avance con la obra hasta tanto se defina que el estudio de impacto ambiental está viciado de nulidad por problemas que no se evaluaron como el impacto en glaciares o de las cuestiones sismológicas, que no se hicieron bien las campañas biológicas o el impacto del tendido eléctrico”. “Hasta tanto se defina si eso está bien se frene la obra o hasta tanto se termine el juicio que tenemos en primera instancia donde se están desarrollando las pruebas y pretendemos demostrar que esta obra no es viable desde una perspectiva social y ambiental”, indicó.

“Un fallo favorable a la Ley de Glaciares es un argumento importante que planteamos en el marco de la causa porque nos habla en su reglamentación de que no solo tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental en cualquier actividad que se haga cercana a un glaciar sino también que se tiene que hacer un estudio ambiental estratégico que significa analizar alternativas a esa obra que sean menos lesivas al ambiente”, dijo y añadió: “En nuestro caso sería una alternativa a las represas y acá no se hizo ese estudio. Para nosotros que se determine que la ley es constitucional es un espaldarazo en muchos sentidos desde una perspectiva netamente jurídica”.

 

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