Un "Plan hornero" frente a la crisis

11/05/2019

A través de su director, Andrés Asiaín, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz presentó en la UNR su programa para hacer frente al modelo neoliberal

Autor:
Alejandro Arnoletti

El economista Andrés Asiaín disertó este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. La oportunidad sirvió para que el también director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) haga un análisis de la realidad económica actual del país y presentara el “Plan Hornero”. Fue acompañado por el vicerrector de la casa de altos estudios, Lic. Fabián Bicciré; y la decana, Lic. Adriana Racca.

Asiaín explicó que el “Plan Hornero” es una alternativa dentro del campo nacional y popular para hacer frente al modelo neoliberal que aumentará aún más la dependencia argentina. La propuesta se erige por fuera de los grandes proyectos de la Argentina aplicados a lo largo de la historia. Consideran que tanto la variante liberal como la nacional necesitan una actualización.

En el caso de los proyectos liberales los últimos tres finalizaron la especulación y la timba financiera. “Cada vez que Argentina intentó ser el granero a nivel mundial el mundo no le dio el lugar del proveedor y terminó en crisis y fuga de capitales”, manifestó el economista. En contrapartida la alternativa única de la industrialización también tiene sus contras y en los lugares donde “mayor mano de obra se requiere está en los países donde la explotación laboral es terrible”.

“La gran pregunta es de dónde viene el desarrollo”, interrogó el director del CESO y agregó: “No va a venir como un derrame del sector primario con toneladas de exportación ni tampoco batiendo récords de producción de autos”. “Esas dos visiones del desarrollo tradicional busca imitar a sociedades que dominan el capitalismo global, pero hay otra que se utiliza en los movimientos populares latinoamericanos: no ser la mayor potencia sino entendido como un país que tiene a su gente con un nivel de vida digno”, sostuvo.

Andrés Asiaín sostiene que el país está en la peor situación económica posible, con una inflación que ya está en un 55 por ciento anual y con una actividad económica que no para de caer. Es aquí donde aparece el “Plan Hornero”, con un nombre tomado del “Plan Fénix” de 2001 pero “nacional, con los trabajadores y un pájaro existente”.

Los economistas plantean unos primeros 6 meses con una transición ordenada para empezar a salir de la crisis. Uno de los objetivos será parar el alza del dólar, por lo que se requerirá una fuerte intervención del Banco Central y con desdoblamiento de tasas. Uno de los principales focos de atención deberá estar en la posibilidad de corridas cambiarias, por lo que una de las alternativas estará en una restricción cambiaria.

El economista explicó que “el 90 por ciento de los que compran dólares lo hace por menos de 10 mil dólares”. “Ese monto máximo puede reducir significativamente la compra de divisas por atesoramiento en el marco de una corrida, afectando a solo el 10% de quienes atesoran en dólares, menos del 1 por ciento de la población”, indicó. Otro punto importante pasa por la posible imposición de un impuesto extraordinario del 10 por ciento a los capitales de argentinos en el exterior. “En la actualidad existen depósitos en el extranjero por 214 mil millones de dólares. A pesar de estar declarados y que abonan el impuesto a los bienes personales implica un gran perjuicio porque estando en el sistema financiero podrían realizar un aporte relevante a las reservas internacionales”, sostuvo.

Para el próximo gobierno será fundamental sostener a la población argentina con políticas de emergencia social, atendiendo a la emergencia alimentaria como tarifaria. Desde el CESO marcan la importancia de transferir a la población los montos necesarios para alcanzar la canasta básica y superar la indigencia, que hoy alcanza al 6 por ciento de los argentinos. “Esto implicaría el 0,77 por ciento del gasto y el 1,16 por ciento en un caso de crisis. En la actualidad el 20 por ciento del gasto es por intereses en Leliq. Es barato dar de comer y no se hace”, detalló.

La actualización de las políticas de tarifas también será necesario, considerando que la oposición había aprobado una Ley y Macri lo vetó. Mientras que en 2015 se requería el 6 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil para estas erogaciones, en 2018 era del 21 por ciento. El sector gasífero, las tarifas eléctricas y el transporte son clave.

 

 

La reactivación de la macroeconomía es primordial para paliar esta crisis. Para hacerlo plantean la creación de 500 mil puestos de trabajo. Lo harían en sectores que generan más empleo y consumen menos dólares. Esto apuntaría a solucionar problemas urgentes de la sociedad y reconstruir el entramado social del país. También potenciar a nuevos sectores económicos que no respondan a los grandes nacionales e internacionales. Estos nuevos actores sociales podrían contrabalancear a los sectores concentrados, más teniendo en cuenta que la democracia muchas veces se ve condicionada por los sectores económicos y de poder.

Otra de las tareas será la reducción de la inflación. Desde el CESO analizan como un fracaso las dos maneras opuestas que aplicaron desde el kirchnerismo o el macrismo para combatirla. En el primero de los casos con la regulación de precios a los sectores concentrados y luego en el presente con el intento de reducir el gasto. Asiaín explicó además la presencia de un componente inercial que hace asumirla y naturalizarla: “Esto se puede ver en el aumento de un 30 por ciento interanual en el alquiler; en los créditos y los costos financieros o la expectativa salarial de los sindicatos para al menos empatar la pérdida de capacidad adquistiva”.

Por tal motivo ven necesario atacar esa inercia con una estabilización inicial con un congelamiento por 3 meses de precios, salarios, tarifas y tipo de cambio. Luego con la incorporación de la estabilidad, la negociación de paritarias en términos reales por 9 meses más otros 3 retroactivos al período de congelamiento. La dinámica posterior incluye aumentos salariales trimestrales de acuerdo al IPC con base inicial en el trimestre del congelamiento, una política de monitoreo empresarial para evitar excesivos traslados de los aumentos salariales a los precios y una política cambiaria y de tarifas convergente a los nuevos niveles de nominalidad. El fin del proceso será una negociación libre de paritarias nominales, con fin de la indexación.

La fuga de capitales implica 16 mil millones de dólares en promedio. En un año “bueno” representa 8 mil millones y en uno “malo”, 30 mil millones. La mitad de ese monto representa la compra minorista que va a la compra de vivienda o la economía informal para la preservación ante la inflación. Para combatirlo proponen a un mediano o largo plazo la generación de una moneda dura indexada a los precios pero que circule también por fuera del sistema bancario. Esto requerirá reglamentaciones legales, un menor costo transaccional por regulaciones cambiarias e impositivas, el uso y la costumbre y la legitimidad institucional, con un IPC medido por un organismo independiente al oficialismo.

El último de los puntos pasa por la restructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Los montos prestados implican que el 60 por ciento de la cartera de crédito del organismo fue destinado a la Argentina. Por tal motivo “la pelota” está del lado argentino y deberán aceptar un programa económico alternativo. En el caso de no haber una restructuración, Argentina deberá abonar 40 mil millones de dólares en 2022 y 35 mil millones en 2023. “Habrá que plantarse duro pensando en las mayorías y no pagarlo con Vaca Muerta, YPF y el Banco Nación”, aseguró.