Quiebras y concursos preventivos, sinónimo de crisis

25/02/2019

Los concursos preventivos de crisis y las quiebras crecieron en los últimos tres años como no lo hacían desde la debacle económica de 2001 y 2002

Foto: Infonews
Autor:
Alejandro Arnoletti

La economía argentina presenta seis meses consecutivos de caída de su producto, es decir, dos trimestres consecutivos de retroceso en la actividad. Si bien los últimos datos pertenecen al segundo y tercer período de este tipo, octubre y noviembre fueron aún peores. Y la política de altas tasas reimpuesta el 1º de octubre tras el segundo acuerdo con el FMI motivó este retracción, afectando en las ventas de las empresas y la viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.

Toda esta situación promueve casos de insolvencia en las empresas, que terminan pidiendo procesos preventivos de crisis, concursos preventivos o directamente la quiebra. El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es una solicitud a la Secretaría de Trabajo en los términos del art. 98 de la legislación en vigor por las personas Jurídicas o entidades gremiales cuando se afecte a más del 15 por ciento en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1000 trabajadores ya sea por razones de suspensiones o despidos y cuya finalidad es encuadrar una solución que evite o disminuya estos efectos. 

En este marco los PPC no tienden a la resolución de los problemas de fondo en materia de viabilidad económica, sino que están oficiando solo de protocolo administrativo para autorizar despidos. La política acompaña esta lógica, con la desjerarquización del Ministerio de Trabajo a Secretaría, el veto a la Ley antidespidos y el abandono de mecanismos protectores como los subsidios al empleo (REPRO). Del mismo modo, sindicatos denuncian que estos pedidos de PPC tienen por detrás la intención de realizar “reconversiones” o ajustes.

Por su parte, el proceso de concurso es la solicitud judicial de lograr un plan de propuesta y readecuación que le permita acordar con sus acreedores la cancelación de los compromisos que lo llevaran a dicha solución, continuando con su actividad. En el caso de concretarse o cumplimentarse derivará en una situación de quiebra, que es la liquidación de bienes mediante remate judicial hasta la cancelación del total de compromisos fehacientemente reconocidos por el síndico designado.

Cuando los procesos preventivos, concursos o quiebras aumentan significativamente se debe a que las condiciones macroeconómicas hacen inviable que se mantenga la actividad por causas que le son ajenas. Esta destrucción de valor genera una crisis que amerita tanto un corte en la cadena de pagos como la destrucción de puestos laborales. Así se efectúa una cadena en los acreedores por la degradación de los activos que representan las acreencias contra la sociedad o persona en crisis, llevando así a nuevos quebrantos y despidos. Y del mismo modo implica un “rompimiento del contrato social” perjudicando la reconstrucción del entramado productivo después de la crisis.

Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hay que retrotraerse al período 2001 – 2002 para encontrar un crecimiento de este tipo en las quiebras y concursos. En marzo de 2002 se registraron 243 quiebras y concursos de acreedores, casi un 50 por ciento más que en marzo de 2001. Desde 2005, el año que pasó fue el que más pedidos de PPC tuvo, con 108 casos. Incluso hubo un crecimiento significativo desde 2015, con 36 casos, a los 108 presentados en 2018. En estos tres años de Cambiemos, un total de 2982 personas físicas o jurídicas presentaron alguna problemática de concurso preventivo o quiebra en Ciudad o Provincia de Buenos Aires.

 

 

 

Hasta 2016, en los casos que se trataran de crisis genuinas, la política era promover el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). Pero entre 2015 y 2017 los beneficiarios de este programa disminuyeron un 20 por ciento. Esta caída no estuvo dada por una mejora en la situación laboral sino en la baja de los plazos aprobados. Desde el entonces Ministerio de Trabajo desalentaron su uso con el argumento de que “promueve la competencia desleal”.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires representan el 52 por ciento del total de empresas registradas en el país. Allí hubo un crecimiento de 666 quiebras en 2016, a 716 en 2017 y a 795, en 2018. Es decir, hubo una suba de un 19 por ciento entre el primer año entero de la gestión Cambiemos al año pasado.

Si se desagregan cada uno de los trimestres del año se puede observar que cada uno de ellos supera al anterior en cantidad de quiebras. Dos momentos de aceleración bien marcados fueron el primer trimestre de 2018, con un incremento de quiebras decretadas de un 39 por ciento respecto al mismo período de 2016. O el tercer trimestre de 2018, con una suba del 38 por ciento respecto a similar momento de 2016.

 

 

 

En una división por sectores el que más quiebras decretadas presentó fue el de los servicios, con 1091 casos. Allí hubo una suba desde 2016 a 2018. Otros segmentos que presentaron crecimientos en este período fueron la industria y el primario, con 401 y 84 casos respectivamente. En contrapartida el comercio y la construcción registraron bajas de 2016 a 2018, aunque el segundo de ellos tuvo un fuerte aumento de quiebras entre 2016 y 2017.

 

 

Aún más grave es el crecimiento de concursos preventivos de crisis en el mismo período. En el año 2016 se presentaron 210 casos, en 2017 hubo 227 y en 2018, 368 situaciones de este tipo. En este lapso la suba fue del 75 por ciento.

 

 

 

En el mismo período analizado la industria fue la que más sufrió un crecimiento de casos de concursos preventivos, en un 112 por ciento. Detrás quedaron los servicios y el comercio, con subas de un 90 por ciento y un 48 por ciento, respectivamente. El único rubro que tuvo una caída en este aspecto fue la construcción, en un 14 por ciento.