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Levantar restricciones a Reino Unido o cómo entregar soberanía

08/02/2019

Tras la firma del pacto Foradori - Duncan, Argentina comenzó a dar concesiones a Reino Unido. La última, una investigación conjunta sobre el calamar

BIP Víctor Angelescu
Autor:
Alejandro Arnoletti

La cooperación bilateral científica entre Argentina y Gran Bretaña tiene un nuevo inicio, luego de que zarpara el buque de investigación pesquera (BIP) Víctor Angelescu desde el puerto de Mar del Plata. El objetivo de este trabajo conjunto es el de evaluar el stock de la especie calamar argentino (illex argentinus) y es llevado a cabo por científicos de ambas nacionalidades.

El organizador y ejecutor de la campaña científica es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y es una nueva etapa del proceso luego de que el expresidente Néstor Kirchner decidiera interrumpirlo en 2004. Este reimpulso llega tras los acuerdos bilaterales firmados entre las dos naciones en torno al Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS).

El CPAS fue establecido por la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990, cuando Domingo Felipe Cavallo era el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se extendió hasta 2004, momento en el que Kirchner lo canceló por incumplimientos de Gran Bretaña. Su vuelta a la práctica comenzó a ser una posibilidad cuando se retomaron los diálogos en temas de interés mutuo y se sellaron con el perjudicial pacto Foradori - Duncan, establecido en el año 2016. El nombre del mismo lleva los apellidos de Carlos Foradori, exvicecanciller argentino durante la gestión de Susana Malcorra y actual embajador ante los organismos internacionales, y Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británico.

El illex argentinus es una especie de calamar que migra desde el Atlántico Sur Patagónico hacia aguas de la zona de conservación alrededor de Malvinas. La economía de las Islas justamente depende en gran medida de la exportación pesquera. El nivel de vida de los ciudadanos del territorio ocupado ilegalmente es superior al argentino ya que tiene uno de los PBI más altos del mundo.

 

 

Esta expedición cuenta con la presencia de dos investigadores británicos en el buque Angelescu a raíz de que la información será compartida entre ambas naciones. Es decir, Argentina brindará al Reino Unido dato claves y confidenciales sobre un territorio del que debiera ejercer soberanía. Este acuerdo tuvo fuertes críticas del Gobierno de Tierra del Fuego no solo ahora sino hace desde hace un año. La gobernadora Rosana Bertone manifestó su disconformidad en mayo de 2018 ante el Consejo Federal Pesquero por “dejar de lado la voz de Tierra del Fuego en estos asuntos”.

Otro funcionario que se pronunció en contra fue el secretario de representación oficial para la cuestión Malvinas, Jorge Argüello: “Consideramos que formar parte de la reunión del Subcomité científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur no favorece al objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. “Además de ocupar ilegítimamente las islas del Atlántico Sur, también trata de consolidar su ocupación con el control de los espacios marítimos circundantes”, agregó a fines del año pasado.

“Desde la provincia entendemos que la información recolectada, en lugar de defender el interés nacional de conocer y preservar los ricos caladeros de nuestro mar, será utilizado para favorecer la explotación por parte de los ilegítimos ocupantes británicos”, sostuvo. Además recordó que el expresidente Néstor Kirchner había puesto fin a esta colaboración “debido a los innumerables actos unilaterales británicos y que fueron reanudados sin que las circunstancias lesivas que generaron su suspensión hayan cesado”.

Esta decisión del Gobierno Nacional, que no pasó por el Congreso, es una más en una línea conducente a la pérdida de soberanía en sus distintas formas. La última de ellas fue la quita de frecuencias de telefonía móvil reservadas para la estatal ARSAT, con destino a las compañías privadas que operan en el país. Así firmas como Movistar (Telefónica), Claro (Slim) o Personal (Clarín) competirán contra la pública ARSAT.

Para analizar esta situación el portal de Radio UNR entrevistó a Mario Volpe. El actual vicedirector del Instituto Malvinas es también excombatiente en el conflicto del Atlántico Sur e integrante del Centro de Excombatientes (CECIM) La Plata. Además se desempeñó como vicedirector del Museo Malvinas, ubicado en el Museo de la Memoria (ex ESMA).

El Instituto Malvinas es un espacio dispuesto a integrar acciones de investigaciones, desarrollos, transferencias e innovaciones productivas para la constitución de actividades académicas, técnicas, científicas y extensionistas interdisciplinarias en torno a los distintos alcances y significados que tienen las Políticas Soberanas como campo de saberes y prácticas. Su objetivo primordial es aportar al trabajo de la Nación Argentina en el desarrollo tecnológico, científico y social por la recuperación plena de la soberanía política y territorial, la independencia económica y cultural, y la justicia social, en conjunto con la región nuestroamericana.

 

 

¿Cómo analiza esta decisión del Gobierno Nacional?

Con la poca información que se da estamos siguiéndolo porque es muy grave lo que está pasando. Entre otras cosas el 1º de febrero zarpó el buque de investigación Angelescu, que va a estudiar la disponibilidad y la migración del calamar. Este tipo de pez viene desde las Islas por la corriente marina de Malvinas y llega hasta Mar de Plata, pega la vuelta y hace un ciclo biológico en la cual se va desarrollando y luego llega de vuelta a Malvinas. Es una información muy importante porque se saben los stocks y la cantidad de calamares que puede haber para la próxima temporada. Es información sensible y secreta de un Estado y en este barco participan científicos argentinos, comandados por hombres de Prefectura, y van científicos británicos. Esta es totalmente una entrega de la soberanía nacional.

 

¿Cómo se llegó a esta decisión?

Todo esto deriva del 13 de septiembre de 2016, cuando se firmó el pacto Foradori – Duncan. Lo que hace es entregar la soberanía en varios aspectos pero lo que pretende es levantar todas las restricciones que Argentina le puso al Reino Unido para facilitar así el statu quo y el buen nivel de vida de los habitantes de Malvinas. Su principal ingreso, en un 60 o 70 por ciento, proviene de la pesca. Entonces esto lo hacen entregando información totalmente sensible como lo es para un estado la cantidad de pesca que puede haber en la Plataforma Contienntal Argentina y que pueda llegar a Malvinas. También hay otorgamientos de vuelos internacionales para facilitar la logística en Malvinas. Para desarrollarse en el área de petróleo, repuestos o personal que necesiten para la pesca, cuanta más conexión aérea haya, mejor.

 

¿Y en qué nos beneficia?

En nada, no tenemos ni una sola ventaja en eso. Los vuelos no nos ayudan y los isleños pretenden que sea desde un lugar aislado del continente y no por Aerolíneas. No quieren que salga de la Argentina, sino que sea una escala en un punto que no fuera Buenos Aires. Si salía de Buenos Aires, Córdoba o Rosario y con Aerolíneas era distinto y en este caso son dos veces por mes. No tenemos ninguna ventaja,

 

¿Qué otra información pueden obtener con la excusa de estudiar el calamar?

Otra de las ventajas que se les da es que se está colaborando con científicos británicos en conjunto en el tema Antártico. Les estamos dando los conocimientos que tenemos de nuestro sector, incluso teniendo en cuenta la enorme asimetría en los presupuestos que otorga la Argentina a sus científicos, fijate lo que pasa en el Conicet, contra todo el que aplica el Reino Unido en la Antártida. Junto a las grandes potencias se quieren adueñar de la biodiversidad antártica. Hay bacterias, seres vivos y elementos que durante cientos de años han sobrevivido a temperaturas extremas, que se llaman extremófilos. Todo esto se aplica a la medicina y ciencia farmacéutica. Significa una enorme cantidad de recursos por patentamientos de estas bacterias. El 13 de septiembre de 2016 salió este pacto y dos días después el mismo vicecanciller británico estableció una protección de 4 millones de km2 en el océano, en lo que llaman Áreas Marinas Protegidas de Territorios de Ultramar de Reino Unido. Eso implica las Sandwich del Sur, las Georgias del Sur, entre otras. Quiere decir que aplican un sector de un millón de km en las Georgias como si tuvieran el derecho y no dejan pescar porque están protegidas. El programa se llama “Cinturón Azul” y establece esa protección en los territorios de ultramar y Argentina no dice nada. ¿Por qué? Y determinan para la Antártida también un área para que se aseguren una gran producción de krill para el año 2021. Por eso aparecen bajo el aspecto de ONG, que son de origen británico o estadounidense, con el mensaje de cuidar la naturaleza, preservar los recursos, pero lo preservan para cuando ellos lo necesiten. Todas estas cosas incluyen a una acción de patrullaje conjunto con las fuerzas ocupantes de Malvinas. Es insólito que un país haga un ejercicio con las fuerzas ocupantes que están en la base de Monte Agradable, a 400 km del territorio argentino. Hay aviones de última generación, submarinos nucleares y 2 mil hombres siempre listos para el combate, en una base militar que es la más grande de Sudamérica en el Atlántico Sur y eso es para controlar los recursos. No es para proteger a los habitantes porque sino sería un soldado por habitante. Este es el panorama conjunto que veo.

 

Preocupación por Malvinas pero no por la situación de los argentinos... 

Como PBI es el segundo del mundo detrás de Luxemburgo, mientras que en Ushuaia o Río Grande tenemos 8 mil despidos en la misma provincia. No hay una protección a los habitantes argentinos pero sí hacia los habitantes de Malvinas a quienes se les asegura vuelos, entrega de logística de pesca y todo eso para que se explote el petróleo que es nuestro, para el interés del Reino Unido y de los isleños. Todos estos aspectos deberían pasar necesariamente por el Congreso porque son interés de todo el país y los recursos no son de este gobierno sino de todos los argentinos.

 

Tierra del Fuego objetó esta decisión, entre otros puntos, recordando los motivos por el cual se dio de baja. ¿Esto es así?

En el año 2007 fue cuando Néstor Kirchner dio de baja los acuerdos de pesca, los dejó en un freezer. Y tampoco se reactivan los acuerdos de petróleo establecidos en los 90 en los Acuerdos de Madrid, que fueron la entrega más importante sobre los recursos naturales hasta este acuerdo Foradori - Duncan. Al otro día de haber establecido que no se podía hacer ninguna acción unilateral de explotación sin el consenso de la otra parte, los primeros que lo violaron fueron los isleños con el Reino Unido, entregando licencias de pesca unilateralmente. Y esto está penado por la ONU, que dice que no deben hacerse estas acciones sin consulta de las partes. Ese acuerdo fue nefasto y en aquel momento también Argentina hizo lo mismo con el barco Humboldt, colaborar con los británicos. Todo esto lo firmó Cavallo, que era canciller, para garantizar que el calamar llegue a las Malvinas y ellos tengan una cantidad razonable para vender.

 

¿Esto atenta contra el legítimo reclamo de la soberanía en Malvinas?

Afecta totalmente porque buscan hacerle cada vez más fácil la vida a los isleños, que no tienen ningún interés en ser argentinos y menos con este estatus económicos. Antes necesitaban de nosotros: por ejemplo en los acuerdos del 71 se atendían en nuestros hospitales; iban a las escuelas bilingües; tenían el gas que les llevábamos; el avión de LADE que iba a Malvinas... Ahora no necesitan porque además les facilitamos las cosas. Y otra cosa que ocurre es que en aquellos años establecieron una zona económica exclusiva y también a 200 millas alrededor de las islas como su plataforma continental. Al establecer esto y Argentina aceptarlo sin hacer las protestas correspondientes, puede llegar a darse que Malvinas y Reino Unido se consideren como un estado ribereño. Reconocer que tenemos otro país frente a nuestras costas y como tenemos la plataforma continental a 350 millas podemos hacer explotación de los recursos; si se consideran un estado ribereño, pueden decidir hacer un círculo y decir que esa plataforma continental les pertenece. Ese estado ribereño no existe porque es una usurpación de las Islas desde 1833. Todas estas cuestiones deben ser tratadas en el Congreso y no con estas decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo en las que le ordenan a la Cancillería porque son nefastas.

 

¿Cómo están viendo esta pérdida de soberanía desde el Instituto Malvinas?

Estamos viendo la pérdida de soberanía en todos los aspectos y estamos alarmados. Vemos la soberanía de forma integral, no solo territorial, y eso implica la soberanía económica, fondos marinos, satélites, etc. La pérdida de soberanía que hay con ARSAT también nos preocupa mucho. Tener dos corredores como nos otorgaron para que estén los satélites argentinos, son como si tuviéramos dos grandes avenidas en el cielo donde tenemos soberanía. Ahí funciona una fábrica que produce tecnología para tener Internet, comunicaciones. Eso se vende y es una empresa. Perder patrimonio, no lanzar el ARSAT III, no desarrollar nuestros satélites hace que este Gobierno haya otorgado esas vías que ocuparía el ARSAT a empresas internacionales para que vendan servicios y compitan con justamente con ARSAT. Por lo tanto perdemos soberanía en el espacio satelital.

 

Recientemente se aprobó la privatización de frecuencias de telefonía móvil

Esa privatización de frecuencia significa que compiten contra nuestros propios operadores. En lugar de tener exclusividad, ARSAT vender sus servicios y darle trabajo a científicos con el ARSAT III para desarrollarlo, no. Le damos esas frecuencias a empresas extranjeras. Y así en todo. Con el petróleo piensan hacer trabajos en conjuntos cuando el trabajo es nuestro. No se trata de ir a una guerra con el Reino Unido pero sí dificultar para que las empresas no invierten porque no hay seguridad jurídica. Si nosotros siguiéramos con leyes para castigar a las empresas que colaboren con las que trabajan en Malvinas para explotar petróleo y no las dejen trabajar en territorio nacional, esos decretos son los que pueden ayudar en defender la soberanía nacional. Pero eso se está abandonando y levantar las restricciones significa entregar la soberanía.