">
Menores y extranjeros, en la mira

11/01/2019

El Gobierno Nacional busca endurecer sus políticas en materia de seguridad aprovechando el "Efecto Bolsonaro". A falta de logros económicos, busca seducir a sus votantes con mano dura

Autor:
Alejandro Arnoletti

Baja en la edad de imputabilidad

Una vez más el Gobierno Nacional promueve la baja de la edad de imputabilidad para menores de edad. En la actualidad la edad fijada es de 16 años y la intención del oficialismo es bajarla a 15 años. Buscan enviar el proyecto al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

La propuesta llega en el contexto de un año electoral, donde el Macrismo intentará quedarse otros cuatro años en la Casa Rosada. Aprovechando la “Bolsonarización” de la política busca seducir con este tipo de propuestas a su núcleo duro de seguidores, en medio de una crisis económica acuciante. La baja de la edad de imputabilidad, la estigmatización de los extranjeros o la “Doctrina Chocobar” son algunos de esos intentos por retener a sus votantes.

El proyecto del nuevo “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” cuenta con 100 artículos, 16 capítulos y un anexo que definen las medidas que se pondrían en práctica en caso de aprobarse la Ley. El mismo ya había sido anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y había avanzado en la construcción de consensos con la oposición. Su proposición disparó fuertes debates internos hasta dentro del propio Cambiemos.

El artículo 2, por ejemplo, señala que se expone a aquellos menores que cuenten con 15 años y sólo se les aplicará el régimen en casos de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Esos casos pueden ser homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con arma de fuego.

Por otra parte, en el artículo 12 se especifica que “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”. Del mismo modo establece que no habrá sanciones privativas o restrictivas de la libertad “en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.

En cuanto a los plazos de privación de la libertad, se señala que 15 años será el “plazo máximo” de prisión para los adolescentes, prohibiéndose la imposición de reclusión, como también la prisión perpetua. Y en cuanto a la prisión preventiva, se aclara que “no podrá exceder de un año”, pero puede prorrogarse cada tres meses.

Otro de los artículos clave es el 62, en el que se promueve un “Plan Individualizado” para cada adolescente. Sus impulsores aseguran que así se apunta a “contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud”, con la posibilidad de contemplarse “un plan de abordaje restaurativo”.

En el caso de que el menor de edad mayor de 15 años sea responsable de un hecho al que le corresponda una pena máxima superior a los 10 años de prisión, un equipo interdisciplinario evaluará cómo proceder. Entre las opciones puede implicar “acuerdos restaurativos, programas de salud, o tratamiento de adicciones en caso de que sea necesario”. En esa situación, el juez recibirá un informe cada tres meses sobre la situación del joven.

 

 

 

Datos

Según el último informe de homicidios dolosos publicado por el Consejo de la Magistratura, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el año 2017, se contabilizó 221 victimarios. Del total, el 79 por ciento de ellos fueron varones, el 15 por ciento mujeres y del 31 por ciento no contaban con datos. La principal franja etaria es la que va desde los 18 a los 50 años, con un 73,61 por ciento. Apenas el 5,39 por ciento representaba a menores de edad: 5 jóvenes sometidos a procesos y 7 inimputables por su edad.

 

¿Qué opinan los especialistas?

Guillermo Campana

El integrante de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Guillermo Campana, manifestó a Apuntes y Resumen: “No es algo novedoso sino que lo que se trata de instalar como nuevo es que en lugar de los 14 es a los 15. Pero los argumentos no dejan de ser los mismos que venimos combatiendo históricamente desde 2009, cuando fue le primer intento de bajar la edad de imputabilidad”. “Más allá de que hay algunas realidades en las que se posan las argumentaciones como que es una deuda de la democracia, que desde el 83 a esta parte no se ha podido redactar, elaborar y aprobar un régimen penal juvenil lo usan para argumentar otras cuestiones que no tienen nada que ver. El problema de la inseguridad no está vinculado a las personas menores de 16 años sino a otros problemas sociales que hacen a los adultos y pareciera que no nos queremos hacer cargo”, sostuvo.

“Esto refuerza la estigmatización”, apuntó y explicó: “Desde los 90 se ha ido construyendo una peligrosidad en torno a la juventud y principalmente a la de los sectores populares”. “Se busca reafirmar porque son un blanco fácil, porque en determinados sectores golpea a la hora de legitimar ciertas políticas y es más fácil culpabilizar a los jóvenes de los barrios los problemas de inseguridad que atacar las raíces más profundas sobre este tema que incluso involucran a los mismos que llevan adelante estas iniciativas porque los delitos de guante blanco que generan la desigualdad y esta pobreza involucran a muchos de los que están en el gobierno. Es cambiar el eje y enfocar a los sectores que no son responsables de la situación social y política que vivimos”, planteó.

 

Ricardo Silberstein

El ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, fue muy crítico de la intención del Gobierno Nacional de bajar la edad de imputabilidad a 15 años. En declaraciones radiales manifestó que esta propuesta "es para la tribuna" y que es "parte de las etapas y de las situaciones de campaña electoral".

"Creo que mucho más importante que trabajar el problema de la edad de imputabilidad es qué política nos damos frente a los menores no imputables y frente a los imputables”, dijo y remarcó que en muchas provincias se mezclan en los mismos establecimientos de puertas cerradas menores imputables con menores no imputables: "Realmente no es bueno ni para uno ni para otro. Me da la impresión de que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar mucho más en una ley de fondo que realmente regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables". 

 

Argentina No Baja

 

 

 

El proyecto viola tratados internacionales a los que suscribió la República Argentina

Argentina suscribió a una serie de tratados internacionales, a los cuales este proyecto violaría en el caso de transformarse en Ley. El principal de todos ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada por las Naciones Unidas en 1989 y los puntos 30 en adelante de la Observación General Nº 10, relacionadas con el principio de “no regresividad”. Al respecto Campaña explicó: “Una vez que se ha alcanzado determinado estándar en cuanto a derecho no se puede regresar sobre eso. Si se estableciera que no se puede privar de la libertad a menores de 17, por ejemplo, luego no se puede volver. Sin embargo se usa un embargo falaz que es el de garantizar derecho. A nadie se le puede garantizar derechos mediante el sistema penal”.

“Necesitamos que se aplique la convención sobre los derechos del niño y la Ley de Protección de las Niñas Niños y Adolescentes para que tengan futuro y garantizado sus derechos. Es mentira que no se puede hacer nada. De hecho las medidas de protección y excepcionales que están en la ley son para atender esta cuestiones. Hay que hacer un abordaje social como marca la ley. El régimen penal tergiversa eso y hace un abordaje punitivo sobre algo que requiere un abordaje social”, criticó.

 

 

¿Qué pasa en la provincia y en Rosario?

“A nivel provincial está en discusión un régimen procesal penal que por una disputa de sentido y de fundamentos no se logra aprobar. Lo que dice Silberstein es real porque los jóvenes no tienen garantizado un proceso como los adultos en los que se le considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, que la excepción sea la prisión y cuenten con un proceso con un defensor que pruebe su inocencia”, indicó. “No está garantizado porque tenemos un sistema mixto que tiene mucho del ‘patronato’, porque no se ha aggiornado y porque los jueces de menores tienen muchas facultades discrecionales sobre la situación procesal de los menores de edad. Esto conlleva la violación de las garantías”, dijo Campana.

En cuanto a la situación en Rosario, el integrante de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud planteó: “Hace poco lamentamos otra muerte en el IRAR. Somos críticos porque no deja de tener un funcionamiento que se acerca al de una cárcel, con personal penitenciario con los menores de edad. Si bien ha habido remodelaciones, la lógica predominante sigue siendo la carcelaria. Así se imposibilita garantizar muchos de los derechos de los pibes y pibas que transitan allí y lograr que ese tránsito sea de alguna manera beneficiosa o no perjudicial para esas personas. Y que puedan salir de los circuitos delictivos quienes han sido penalizados con algunas medidas de encierro”. A pesar de ello valoró: “Ha disminuido mucho el número de personas alojadas en los institutos pero somos críticos del funcionamiento del sistema en sí porque lejos de garantizar derechos se inscriben lógicas represivas”.

Campana recordó además la vigencia de la Ley Nº 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Allí se dispone un marco de actuación e intervención estatal frente a las personas menores de edad. En contraposición, esta propuesta del Ejecutivo Nacional “lo que hace es involucrarse o contaminar los abordajes sociales desde un perfil punitivo”. “No compartimos porque la lógica no debe ser la represiva y punitivista sino de garantización de los derechos. Si se tiñe de punitivo la política social se busca criminalizar, discriminar y seleccionar antes que buscar salida para que los pibes tengan garantizado sus derechos”.

 

 

¿Qué pasa en otros países del continente?

Unicef establece tres instancias en la vida de los menores de edad:

  • Medidas de protección especial: niños que cometen un delito a una edad inferior del año mínimo de responsabilidad criminal no pueden ser acusados formalmente y ser responsables en el sistema de justicia juvenil
  • Sistema de justicia juvenil: niños en o por encima de la edad mínima de responsabilidad penal. La responsabilidad en el momento del delito puede ser mantenida. El menor es responsable de sus acciones y está sujeto al sistema de justicia juvenil, de acuerdo con los estándares internacionales de los DD. HH.
  • Sistema penal de adultos: de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de justicia juvenil se aplica a todos los niños menores de 18 años, independientemente de la naturaleza del delito. Por lo tanto los países deben garantizar que los menores de 18 años no estén sujetos al sistema penal de adultos.

 

 

 

 

 

 

Cambios en la política migratoria

El Gobierno Nacional prepara también una serie de medidas destinadas a expulsar del país a los extranjeros que cometan delitos. Además buscan crear un fuero especial para atender la situación de los inmigrantes y hacer un mayor seguimiento a los casos de delincuentes que no hayan sido radicados en el país.

Al respecto Campana sostuvo en Apuntes y Resumen que este proyecto “tiende al destrato a quitar la categoría de persona y etiquetarlo como extranjero”. “Se los priva de las garantías procesales que tiene cualquier ciudadano que de acuerdo a nuestro preámbulo puede transitar libremente por la nación Argentina. Que se los acuse de un delito y se los expulse de forma exprés impide un trato igualitario entre las personas más allá de las nacionalidades y busca estigmatizar y hacernos creer que son los responsables de la delincuencia cuando desde hace década representan una ínfima proporción de la población carcelaria, un 4 o 5 por ciento”, manifestó.

Como ocurre con la baja de la edad de imputabilidad, en el oficialismo hay dos posturas al respecto. Una de ellas va en el sentido de expulsar directamente a los extranjeros acusados de delinquir y quieren establecer pactos de reciprocidad con otros países. Pero otro sector está en contra de ello y se opone a la expulsión anticipada ya que sostienen que llevarlo a cabo sin una condena firme sería avanzar contra el principio de inocencia.

La ministra de Seguridad, en su búsqueda por lograr consenso, utilizó un argumento engañoso. Patricia Bullrich aseguró en medios de comunicación: “El aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas”. Ese dato es cierto solo considerando a los presos alojados en cárceles federales.

Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al 31 de diciembre de 2017 había 85.283 personas privadas de su libertad en todo el país contando cárceles federales y provinciales. De ese total, solo 4.943 eran extranjeras. Esto representa apenas al 6 por ciento de todos los detenidos, manteniendo ese porcentaje sin variaciones desde hace una década. En tanto que de los 11.577 detenidos en cárceles federales, 2.429 personas no eran nacidas en la Argentina.