Interrupción del embarazo en un contexto de derecho
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28/10/2016

El Consejo Académico Social en Salud (CASS) de la Facultad de Ciencias Médicas, organizó una jornada para debatir sobre el aborto

La Dra. Stella Maris Manzano disertó en el primer panel coordinado por el Decano Ricardo Nidd.
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“La interrupción del embarazo es una problemática de salud pública, y por eso debe ser contemplada desde lo social, corporal y psíquico y como tal es un tema que no debe ser ajeno a esta casa de estudios, donde buscamos preparar a nuestros estudiantes como profesionales comprometidos con la sociedad a la que pertenecen”, sostuvo el decano de Ciencias Médicas de la UNR, Ricardo Nidd.

El CASS es una instancia de diálogo que generó la Facultad para debatir diferentes problemáticas de interés para toda la comunidad, no sólo la académica. “Se ha convertido en un foro donde los más diversos sectores de la sociedad pueden exponer sus ideas en una discusión abierta en la que todas las opiniones respetuosas de la vida democrática tienen lugar para discutir los asuntos públicos con total amplitud, para que sigamos creciendo como comunidad”, afirmó.

En las anteriores reuniones se discutieron la muerte digna, la violencia en los sistemas de salud y las medicinas alternativas. Allí diferentes actores de la sociedad participaron y dieron su opinión sobre estos temas. En esta oportunidad el tema fue la interrupción del embarazo en un contexto de derecho.

Un abordaje desde la salud pública

En el primer panel, la Dra. Analía Aucía, coordinadora del Programa Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho e integrante de CLADEM ( Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer),  se refirió a las interrupciones del embarazo que son legales en Argentina, que están contempladas en normativas internacionales vigentes en nuestro país y también en leyes nacionales que de adecuaron a esas normativas.

Nombró dos referencias: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que Argentina firmó en 1986, y que en su artículo 16 incluye el derecho reproductivo a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo de nacimientos, así como el derecho a la información sobre salud reproductiva.

Por otro lado, mencionó el Código Penal que data de 1921 en cuyos artículos 85 a 88 sanciona la práctica de interrupción del embarazo y nombra las dos causales no punibles: la primera, evitar un peligro para la vida y la salud de la madre y la segunda, en caso de violación. En cuanto a los requisitos se especifica que la práctica debe ser realizada por un médico diplomado y contar con el consentimiento de la mujer. En el caso de que esta posea alguna deficiencia mental, el consentimiento deberá darlo su representante legal.

Aucía explicó que el Código Penal fue completado por normativas que indican a los profesionales de la salud cómo proceder para garantizar este derecho a las mujeres, por ejemplo el Protocolo de Atención Integral cuya última versión es del año pasado y la provincia de Santa Fe ha adherido.

Este protocolo señala que el peligro para la vida y la salud de la madre implica la posibilidad de que ocurra un daño para la salud, es decir que ese peligro es potencial. En cuanto a cómo entender el concepto de salud, la abogada refirió lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en 1948: un concepto de salud con una dimensión integral física, psíquica y social. “Este es el concepto que debe estar vigente en la cabeza y en la práctica de todos los operadores de salud”, afirmó.

Para el caso de violación explicó que se exige una declaración jurada de la mujer pero no una denuncia policial. “La ley nacional de protocolo integral señala que cuando se vulneran estos derechos a decidir libre y responsablemente se está incurrimiento en violencia contra la libertad reproductiva. Esta violencia puede ser por acción u omisión tanto en instituciones públicas y privadas así como cuando no se brinda asesoramiento o los profesionales se niegan a realizar prácticas lícitas”, sostuvo.

El Comité de Naciones Unidas emitió algunas recomendaciones jurídicas a los Estados sobre cómo deben garantizar los derechos humanos contemplados en los tratados y le realizó algunas observaciones a Argentina, como su preocupación por los abortos clandestinos que tienen un alto índice de mortandad materna así como también, el alto índice de embarazos adolescentes y le recomendó que debe introducir excepciones adicionales, según comentó la docente

“La penalización del aborto en Argentina tiene dos sesgos: uno sexista, de discriminación a la mujer y uno de clase social”, afirmó y agregó: “La interrupción del embarazo está penalizada en Argentina sólo para las mujeres pobres. Las que pueden acceder a una práctica paga, no necesitan alegar nada”, denunció.

Formación de profesionales comprometidos

El Dr. Daniel Teppaz, ex director de Políticas de Géneros e Interculturalidad en Salud del Ministerio de Salud Santa Fe, afirmó que hablar de aborto en salud pública no debería entenderse como la respuesta que dan los profesionales ligadas al saber médico experto en relación a las sexualidades.

“Cuando ejercemos violencia con la palabra, cuando retaceamos analgésicos, cuando culpabilizamos, cuando no respetamos el secreto profesional, cuando ponemos más valor a nuestra conciencia que a la de la mujer, cuando hacemos que pierda tempo, entre otros ejemplos, seguramente la mujer seguirá sin ningún problema físico pero le habremos enfermado, creado un trastorno subjetivo y social, partes indivisibles del cuerpo, donde todo este malestar quedará escrito”, consideró.

“Es la mujer la que decidirá cuánto riesgo está dispuesta a asumir en relación a lo que ella considera el más completo estado de bienestar. No son los profesionales los que debemos decidir por ella y establecer si ese riesgo es suficiente o no para una interrupción legal. Sería un avasallamiento para la mujer y una difícil carga de llevar para los profesionales”, afirmó.

En relación a las leyes expresó que está comprobado que las restrictivas y la persecución de las mujeres no evitan que las mismas aborten: “Las restricciones aumentan la probabilidad de que la mujer tenga un embarazo no deseado o intente un aborto inducido e inseguro. En países donde las mujeres pueden acceder a un aborto legal y además hay educación sexual y anticonceptivos modernos disponibles, el número de abortos tiende a disminuir así como las consecuencias sobre la salud de las mujeres”.

De acuerdo a datos de la Municipalidad de Rosario, entre los años 1993 y 2002 hubo una leve tendencia creciente en egresos hospitalarios por aborto. Y de 2000 a 2015, una tendencia al descenso. Teppaz lo relacionó con algunos hitos: en el 2004 se realiza la primera interrupción del embarazo en el sistema público y en el 2007 surge el primer protocolo de aborto no punible por ordenanza municipal. Otro dato del año 2012, referido a un mayor descenso de los egresos hospitalarios, coincide con la incorporación del misoprostol en los efectores públicos y con estrategias de atención primaria, como el acceso a los anticonceptivos modernos.

“Hoy vivimos una jornada histórica que tiene que servir para que salgan profesionales comprometidos y con una visión de su rol social”, afirmó. “Como decía una de mis maestras, mi libertad aumenta en la medida que aumenta la libertad de los demás. Cada minuto que estamos trabajando nos debatimos entre seguir oprimiendo y reproduciendo las formas de opresión o en contribuir a un cambio para transformarlas”, recordó.

Finalmente sostuvo que “la clandestinización y criminalización del aborto, suponen, reflejan y reproducen la institucionalización de que las mujeres no son sujetas autónomas, no se les reconoce su capacidad ética de decidir, lo que es inaceptable para el ejercicio de una democracia plena”.

El derecho a decidir

La Dra. Stella Maris Manzano, miembro de Profesionales por el Derecho a Decidir afirmó: “Las mujeres somos un grupo históricamente oprimido, discriminado y sobre nosotras han pesado muchos hitos, por ejemplo, cuando se habla de aborto se ubica el valor de la vida del feto, versus el derecho a decidir de la mujer, cuando en realidad hay dos vidas en juego”.

Según la OMS, la mayoría de las causas de las muertes vinculadas al embarazo aparecen durante la gestación y las principales complicaciones son: las hemorragias e infecciones graves tras el parto, la hipertensión gestacional y los abortos peligrosos.

Teniendo en cuenta datos estadísticos, el año con menos muertes por aborto fue el 2012, registrándose 33 de los 283 decesos vinculados con el embarazo. En tanto en el año 2000 fueron 100 de 245. La médica explicó que esta disminución se produjo cuando comenzaron a realizar más abortos permitidos por ley en hospitales públicos. Los últimos datos disponibles son de 2014, con 50 muertes por abortos de 309.

“Disminuir la mortalidad por causas del embarazo, es una prioridad de salud pública porque es una de las principales causas de muerte en mujeres jóvenes. Hoy por hoy, con nuestro código penal, todo aborto es legal mientras la mujer lo pida y haya un medico diplomado presente. El Código Penal dice que los abortos son legales si se corre riesgo para la salud o la vida, es claro”, enfatizó.

En América Latina, la tercera causa de muerte de las adolescentes es por complicaciones del embarazo. “Queremos igualdad de derechos. Cuando el médico le impone su moral a la mujer y le dice que esta vale más que su derecho a la salud, a la vida, a la dignidad, a la libertad sexual y a la autonomía, no está ejerciendo un derecho, está discriminado y ejerciendo violencia institucional”.

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