El IRAR no es un tema menor
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27/04/2015

La contracara de la Rosario próspera se encuentra en los barrios

Un encierro sin salida (Foto: La Capital)
Autor:
Diego A. Beccani

Emplazado en Saavedra y Cullen, el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) se alza como un vetusto símbolo de la precariedad y el abandono, donde las promesas incumplidas arrecian como gotas de lluvia y los derechos no ven la luz del día.

Es un controvertido centro de detención de régimen cerrado que aloja a jóvenes en conflicto con la ley penal de entre 16 y 18 años. Allí van a parar los adolescentes con medidas cautelares ordenadas por los juzgados de Menores a la espera de una resolución de su situación procesal. Tras los muros que custodian agentes del Servicio Penitenciario se esconde una realidad pocas veces conocida.

El 18 de abril de 2007, Néstor Salto fue encontrado en su calabozo con el 80 por ciento del cuerpo quemado. Dos días después falleció. Tenía 17 años.

La muerte de Salto motivó la intervención transitoria del IRAR por parte del gobierno provincial (en ese entonces a cargo de Jorge Obeid), el cual removió del cargo a la directora, Laura Bevilacqua.

Un año después, tras la asunción de Hermes Binner en la Casa Gris, el gobierno provincial anunció el cierre definitivo de la institución y la construcción de un nuevo edificio: "La construcción del nuevo IRAR es prioritaria para esta gestión", dijo el ministro de Justicia, Héctor Superti. "Es una cárcel y nuestra decisión política es cerrarlo. Es funcionalmente inservible y a nivel edilicio resulta irrecuperable". La promesa, sin embargo, no se cumplió.

En ese marco, el historial de muertes no se frenó. Fabián Lucero, de 17 años, apareció ahorcado con una sábana atada a los barrotes de su celda. Sucedió el 24 de octubre de 2012. Era la tercera vez que llegaba al Instituto y estaba acusado de robo calificado.

De la misma manera fue encontrado Jonatan Retamoso, de 16 años: colgado con una sábana al cuello. Juan Carlos Alonso, su padrastro, denunció que "el cuerpo estaba desfigurado; tenía los labios pegados con la gotita, el cráneo hundido y el tabique nasal no existía. Tenía tres tajos en el gemelo de la pierna izquierda, hematomas en la cara, y la rótula de la pierna izquierda no existía". La versión oficial, no obstante, lo consideró un suicidio.

Desde el comienzo de la gestión socialista en la provincia, a fines de 2007, en el IRAR desfiló un puñado de directores: Adriana Posadas, Guillermo Camilletti, Natalia Trincheri, Débora Cotichini, Jimena Staurini; un dato que confirma la cantidad de cuestionamientos que recibe el polémico Instituto, constante objeto de críticas mediáticas debido a las groseras condiciones de habitabilidad e higiene.

El año pasado, de hecho, las condiciones de alojamiento fueron el motivo por el que las cuatro juezas de Menores de Rosario y un juez de San Lorenzo ordenaron a la dirección del IRAR -a cargo de Jimena Staurini- que derivara a los jóvenes alojados allí a otras dependencias del Servicio Penitenciario santafesino hasta que la Institución fuera reformada. Es decir, mandar pibes a cárceles de mayores.

"Hoy por hoy, el IRAR no se diferencia de una Unidad Penitenciaria. Es una cárcel de menores". Así, taxativa, se expresa Carmen Maidagan, abogada e integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), una ONG de Derechos Humanos que centraliza su tarea en la problemática carcelaria, dirigiendo sus esfuerzos a la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad en la provincia de Santa Fe y reclamando por las condiciones de vida de los reclusos.

Maidagan insiste en que los pibes sufren "violencia institucional" y que, en lugar de resolver sus conflictos, una vez que son sometidos al encierro los potencian. En esa línea, sostiene que la estructura edilicia es lamentable. Por otro lado, recalca, está lleno de ratas y tiene problemas cloacales. "Los pibes viven en la mugre", asevera.

El mayor problema, a su entender, es la falta de "políticas serias". "A partir de la inclusión del Servicio Penitenciario la lógica carcelaria fue total. El gobierno, en vez de revertir la situación de los pibes, la empeora. Si algún chico logra reinsertarse en la sociedad es por decisión propia o por apoyo familiar, y no por las herramientas que pueda otorgar el Instituto. La realidad es que, generalmente, terminan en cárceles de mayores o muertos", dice, tajante.

Según un relevamiento del Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo (CIMJPP), un grupo formado -entre otros- por trabajadores del IRAR, medio centenar de jóvenes fueron asesinados en los últimos cinco años a poco de salir. Para reunir tal información, el colectivo se limitó a recopilar datos publicados en la sección policiales de los diarios locales, ante la reticencia de organismos oficiales en suministrar información.

Un acompañante juvenil del IRAR precisa que, de la totalidad de los que ingresan, la mitad permanece menos de un día, ya que lo hacen por la tarde y a la mañana siguiente van a declarar a Tribunales. La justicia, por lo general, decide que regresen a sus hogares.

La subsecretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Débora Cotichini, admite que las siglas del IRAR conforman un eufemismo, dado que es una cárcel de menores, aunque advierte que está "demonizada y politizada" por los medios de comunicación. Bajo esa línea argumental, descalifica la postura que adopta la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), por el hecho de que "desde el 2013 no visitan con periodicidad el establecimiento, de modo que no pueden emitir una opinión desde adentro".

A pesar del tenor de las declaraciones vertidas por la funcionaria provincial, la CTC dio a conocer el pasado 6 de marzo la existencia de una huelga de hambre por parte de los reclusos, en la que denunciaron malos tratos, falta de agua, mugre, ratas, entre otros reclamos de vieja data. Pero los años pasan y todo sigue igual.

La condena social es un estigma que pesa sobre los hombros de los pibes, indefensos ante la negligencia estatal y la indiferencia de la sociedad. Revertir las condiciones de encierro de jóvenes en conflicto con la ley penal no es un tema que seduzca al electorado, sino lo contrario. Es por esa razón que, a pesar de la dramática urgencia que reclama esta realidad, el tema no goza de un lugar preponderante en la agenda pública. Más bien, no existe.