El delgado límite entre lo legal y lo ético

08/04/2016

¿Qué es y cómo funciona una empresa offshore? ¿Es una herramienta legal de evasión fiscal y/o lavado de dinero? ¿Se puede constituir en un paraíso fiscal una sociedad con fines lícitos? En comunicación con el portal de Radio UNR, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales (UNR), Gustavo Marini, intenta dar respuesta a estas preguntas

Mossack Fonseca, la firma de abogados señalada por la investigación Panamá Papers como creadora de 214.488 entidades offshore en paraísos fiscales.
Autor:
Diego A. Beccani

La filtración de más de 11 millones de documentos internos de Mossack Fonseca, un estudio de abogados panameño especializado en fundar sociedades offshore, dio lugar a Panamá Papers, una investigación periodística que instaló un manto de sospechas sobre figuras públicas vinculadas a paraísos fiscales. Desde el presidente ruso, Vladimir Putin, hasta el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi, el informe involucra a 12 jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes, deportistas, empresarios, actores y otras personalidades.

“Es una oportunidad importante para avanzar sobre un aspecto del sistema financiero internacional del que se habla mucho de parte de la dirigencia política, pero que en la práctica no obtiene ningún avance concreto. Este tema se ha tratado en varias oportunidades en reuniones del G20, particularmente a partir de la crisis financiera de 2008, pero nunca hubo una resolución al respecto”, sostiene Gustavo Marini, docente y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En opinión del especialista en economía internacional, la principal característica de un paraíso fiscal consiste en un régimen tributario favorable a la inversión extranjera. “Son lugares en el mundo, por lo general países pequeños, que ofrecen facilidades legales para que personas o sociedades se inscriban y puedan realizar desde allí todo tipo de operaciones fuera del control del resto de los países del mundo, aprovechando ventajas que, en la mayoría de los casos, están más cerca de la ilegalidad”, explica.

A menudo, en los países que se estructuran mediante estas políticas suelen convivir dos sistemas fiscales diferentes: mientras que los residentes deben afrontar el pago de impuestos, las empresas extranjeras gozan de ventajas fiscales al estar exentas, siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal (sociedad offshore). “La legislación es muy benévola”, desliza Marini, al tiempo que enumera otras ventajas: “No hay que declarar la procedencia de los fondos ni explicar sus movimientos y las cuentas están protegidas por el secreto bancario; salvo que un Estado específicamente lo solicite, la información es secreta”.

¿Es posible constituir una sociedad offshore con fines lícitos?

Aunque sea legal, las empresas offshore tienen como objetivo encontrar legislaciones más benévolas, que permitan una libertad absoluta de movimiento, y pagar impuestos menores o irrisorios en relación a los de sus países de origen. Es cierto, en algunos casos es legal hacerlo, pero es discutible su moralidad dado que su fin es no pagar impuestos.

¿Es una herramienta legal de evasión fiscal y/o lavado de dinero?

Es un vacío legal que tiene el sistema financiero internacional. Hay que recordar que los países fiscales no necesariamente son Estados pequeños independientes. En Estados Unidos hay un estado llamado Delaware que opera como una suerte de paraíso fiscal interno, donde hay miles de sociedades de todo tipo (nacionales y extranjeras), que se radican allí por la facilitación de la legislación y la exención de impuestos. Muchas veces los Estados desarrollados también tienen estos agujeros, no solamente Panamá y las islas Bahamas.

¿Se evaden impuestos o se buscan países con menor presión impositiva?

Las empresas offshore realizan las operaciones desde los paraísos fiscales como una sociedad nueva y no pagan tributos en sus países de origen, como tampoco el impuesto a las ganancias, ya que pueden mantener sus fondos y transferirlos a otros lugares del mundo sin declararlos. En resumen, buscan libertad de movimientos sin dar explicaciones y pagar menos impuestos. El sistema financiero internacional necesita una suerte de regulación de los Estados nacionales. Para regular a los paraísos fiscales, tiene que haber una legislación de carácter internacional, de nada sirve que la legislación argentina avance sobre determinados aspectos si el resto de los países del mundo lo van a permitir.

¿Las sociedades offshore pueden ser utilizadas para el lavado de dinero y/o desvío de fondos que no estén justificados?

Por supuesto, esa es su faceta ilegal, que tiene que ver con el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas de todo tipo: sobrefacturaciones de obras públicas o de exportaciones e importaciones, ganancias de empresas, inversiones o préstamos disfrazados, narcotráfico, tráfico de armas y todo lo que tenga que ver con fondos que no se quieran declarar. Si ese es el propósito, se constituye una sociedad anónima en el extranjero, de modo de desaparecer los fondos.

¿De qué manera se podría regular esta actividad?

Requiere de una regulación de tipo internacional. Que se haya tratado en el G20 fue un avance porque allí están los principales países del mundo (Alemania, Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, que también integran el G8), lo que permitiría una acción coordinada. Hacerlo en soledad puede tener un sentido declarativo o testimonial en el ámbito local, pero para alcanzar una regulación efectiva tiene que haber una gran coordinación de los países más importantes del mundo.

¿Es posible que un funcionario público posea una sociedad offshore y que haya incompatibilidad con sus deberes estatales?

Desde el punto de vista legal, si la sociedad está declarada, se puede constituir en cualquier lugar del mundo. Como ciudadano argentino puedo constituir una sociedad para operar en Estados Unidos, como también puedo hacerlo en Panamá. Legalmente, nada lo impide. Podría tener una actividad lícita vinculada a esa sociedad. Después están las objeciones de tipo moral y la necesidad de demostrar la legalidad de la sociedad porque en el 90 por ciento de los casos tienen objetivos ilegales.