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Desprotección y sobrecriminalización de jóvenes de sectores populares en Rosario

02/06/2015

Análisis acerca de los principales efectos de las políticas de seguridad en la provincia, a cargo de Eugenia Cozzi, Enrique Font y María Eugenia Mistura de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR

Gendarmería en su vuelta a la Ciudad de Rosario. Foto: La Capital

El cine de mi barrio ya me mostró la escena

Más allá de los argumentos “volátiles y contradictorios” que expresan las autoridades provinciales y municipales, lo cierto es que ante el fracaso de la gestión provincial en materia de seguridad, Rosario está otra vez “intervenida” por fuerzas de seguridad federales. Al igual que en la primera “intervención”, la llegada de fuerzas federales a la ciudad, además de poner en evidencia el fracaso de la política de seguridad provincial y local, volvió a mostrar con crudeza el marcado desprestigio de la policía provincial. Y sobre todo, su problemática interacción con jóvenes de sectores populares y su participación en el gerenciamiento del delito.

Desde la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR analizamos los principales efectos de las políticas de seguridad en la provincia, a través del par conceptual sobrecriminalización y desprotección (ver Cozzi, Font, Mistura 2015)  y ver Font 2013). En tanto, condensa e ilumina los principales efectos de las políticas de seguridad sobre los sectores populares. Y sobre todo, porque los encontramos útiles para caracterizar la mayor o menor distancia de una política de seguridad, de un programa, de acciones específicas, del desempeño policial, etc., a las formulaciones del Acuerdo de Seguridad Democrática (Ver ASD). El grado o la medida en la que se disminuyan, tanto la sobrecriminalización como la desprotección, es un indicador para ver cuán democrática resulta una política de seguridad.

El concepto de sobrecriminalización lo utilizamos en tres sentidos. El primero, vinculado a la sobrevigilancia de los sectores populares, sobre todo de los jóvenes; involucrando prácticas que van desde hostigamiento policial, malos tratos, tortura y uso de la fuerza letal. El segundo, relacionado a la incidencia de las políticas de seguridad y las prácticas policiales, en la construcción y consolidación de identidades vinculadas a la participación en actividades delictivas. El tercero, representado por el rol de la política de seguridad y de las prácticas de las instituciones del sistema penal para posibilitar estructuras de oportunidades delictivas específicas. Con el término desprotección nos referimos a la desatención policial, judicial (Ver Informe 2015), política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios populares. Dándose una situación de infra-protección, resultante de la distribución diferencial tanto de la victimización –generada por las políticas de seguridad- como de las reacciones institucionales y sociales a la misma.

Los fenómenos de sobrecriminalización y desprotección no fueron más que parcialmente revertidos, en algunos de sus sentidos, con la primera “intervención” de las fuerzas federales en la ciudad. Si bien durante las primeras semanas registramos percepciones de los/as residentes –adultos y jóvenes- de mayor tranquilidad, vinculadas, sobre todo, a la ausencia de disparos de armas de fuego, y modificando así en las precepciones de residentes situaciones de desprotección, la paz no duro demasiado. Con el paso de las semanas registramos, por un lado, que con la merma y/o naturalización de la presencia de gendarmes, aparecieron nuevamente disparos de armas de fuego.

Por otro lado, comenzaron a evidenciarse intervenciones cada vez más problemáticas por parte de los gendarmes con los y las residentes. En algunos casos estas intervenciones fueron particularmente problemáticas con los jóvenes varones ya sobrecriminalizados, reforzando así la sobrecriminalización preexistente pero en sus primeros dos sentidos. Ambas cuestiones implicaron una pérdida de la legitimidad de la intervención federal, aunque siempre sin mejorar, comparativamente, la mirada profundamente negativa de la policía provincial. Es decir, permaneció intacta la diferenciación entre policía provincial –como espacio de corrupción y sumamente desprestigiada- y fuerzas federales. 

La semana pasada, luego de insistentes (y contradictorios) pedidos del Municipio de Rosario y el Gobierno Provincial al Gobierno  Nacional, las fuerzas federales regresaron a la ciudad. Varios funcionarios/as locales y provinciales, insistieron en afirmar que la situación no es la misma que la del año pasado. Mencionaron entre las acciones a celebrar la creación de dos áreas en la policía provincial: como son la Policía Comunitaria y la Policía de Acción Táctica (PAT). Sin embargo, la situación de seguridad local sigue siendo sumamente crítica.

La creación de ambas áreas policiales, sin una reforma policial estructural en marcha, genera que sus integrantes compartan el mismo desprestigio y falta de autoridad, reforzado, además, por la reproducción de las peores prácticas policiales. Nos referimos, entre otros casos, a situaciones de uso ilegal de la fuerza letal por parte de policías de ambas áreas. En referencia a la Policía Comunitaria, se trata del caso de un joven llamado Matías Cavallero, quién salvó milagrosamente su vida tras recibir un disparo en la nuca por parte de efectivos de este cuerpo. Con respecto a la PAT se trata del caso del joven Jonatan Herrera, muerto como consecuencia de disparos de este cuerpo.

En este contexto de acciones coyunturales - como las "intervenciones" de fuerzas federales- o, peor aún,  improvisadas –como las llamadas Policía Comunitaria y Policía de Acción Táctica -  resultan contraproducentes o de escasa eficacia al no ser parte de un abordaje integral. Aunque estas medidas sean presentadas utilizando la retórica de la seguridad democrática, lejos de reducir la sobrecriminalización y desprotección, las intensifica. Es que diseñar e implementar políticas de seguridad que tiendan a reducir ambos aspectos tienen que, en el caso de Santa Fe, contemplar ineludiblemente una reforma urgente y profunda de la institución policial y un replanteo de la política que promueve el Ministerio de Seguridad provincial, para privilegiar la producción válida y fiable de información criminal y sobre todo programas y acciones integrales de prevención social del delito, que incluyan otras áreas del Estado y la sociedad civil.