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Soldaditos

01/10/2015

El uso de términos vinculados a la Doctrina de Seguridad Nacional, el desplazamiento de sectores marginales y la ausencia del Estado en los barrios conforman un cóctel que construye verdaderas víctimas

Fuerzas nacionales en los barrios de Rosario.
Autor:
Lilian Echegoy (CTC)
Esta palabra no es más que parte de una terminología bélica que también incluye términos como guerra al narcotráfico, guerra al delito y otros. Y eso no es más que la versión actual de la Doctrina de la Seguridad Nacional implementada para ser aplicada sobre aquellos que esta doctrina considera el enemigo interno, es decir los sectores más vulnerables.  
 
Para reforzar la punición se genera la construcción de una víctima/héroe (el caso Blumberg es paradigmático) que  descalifica toda la política y emite juicios infundados sin espacio de respuesta racional, forzando la sanción de leyes represivas inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos; al tiempo que consolida los prejuicios sociales negativos y promueve una crueldad revictimizante.
 
Hay jerarquías por las que algunas muertes aparecen como injustas y condenables, y otras aparecen legitimadas por el contexto social y político del pedido de más punición.  
 
Lo más grave es que dentro de esas clasificaciones se condena, o se redime. Es decir hay muertes visibilizadas, victimas defendidas, y otras víctimas que por el contrario son naturalizadas.
 
Los sectores empobrecidos, no organizados quedan por fuera del sistema de Justicia y del reclamo. La presión legitimante es tan intensa y eficaz que sólo excepcionalmente se encuentran organizaciones  u organismos que cuestionen las frecuentes masacres que ocurren en los barrios.
 
Muertes que acontecen y que refieren al orden más privado de las personas suceden todos los días ante el retiro del Estado y los poderes que lo conforman.
 
Cada tanto hay un caso emergente de esa cotidianeidad,  pero todos los días hay una sangría lenta para muchos que consiste en torturas disimuladas por el poder, en niños a los que se les pide prisión de por vida y no tan niños que sufren vejaciones y muerte en las calles.
 
Si esas muertes y violaciones a los derechos humanos ocurren en la cárcel ni siquiera son tenidas en cuenta; las que ocurren en barriadas humildes y no son producidas por agentes estatales (lo que no deslinda la responsabilidad del Estado) debieran generar miradas diferentes ante una situación extremadamente compleja. 
 
Hay que tener en cuenta que no pueden definirse estas muertes como producto de conflictos entre grupos opuestos, porque en muchos casos los contornos que definen "víctimas" y "victimarios" son lábiles y confusos: muchas veces unos y otros comparten experiencias de vida a partir de un mismo territorio geográfico o barrio o villa o cárcel o calles.
 
Clasificar una muerte como "injusta" y definirla como el deceso de un "soldaditos de nadie", facilita la posibilidad de reclamar en el espacio público, es decir, el espacio de los incluidos.
 
Los términos usados dañan a miles de no incluidos, de los que merecen morir ya que son soldaditos de una guerra que se genera desde el discurso de partidos de izquierda y derecha, y es el leguaje que resulta funcional a la continuidad de la Doctrina de la Seguridad Nacional .
 
En este proceso se generan muertes anónimas toleradas por el Estado y gran parte de la sociedad. Estas muertes contribuyen a sostener y generalizar el imaginario de la "inseguridad" y terminan afianzando una mirada de clase que culpabiliza espacios urbanos empobrecidos que se nutren de una economía  informal no siempre ligada  como se presume livianamente a lo delictivo.
 
Delincuencia y villas constituyen asociaciones reproducidas casi mecánicamente en los medios de comunicación, con caras, nombres: son las caras de la inseguridad sufrida por "el resto" de la población. Vinculaciones de este tipo toman este perfil en las agendas electorales o en discursos políticos. Estos discursos son sustento y base de la discriminación social que excluye a los jóvenes no incluidos en la justicia estatal. Y por otra parte reafirma el pedido de más represión.
 
En estas doctrinas llamadas seguridad urbana, seguridad ciudadana y, además, la terminología de guerra, subyace la Doctrina de la Seguridad Nacional que se implementó por las Fuerzas Armadas para combatir el enemigo interno.
 
La Gendarmería, una fuerza vertical, entrenada y pertrechada, con gran capacidad de desplazamiento operativo, es recibida con beneplácito por el gobierno santafesino, por los partidos políticos y gran parte de la sociedad.
 
Si este despliegue legitimado se relaciona con los graves episodios destituyentes de los último años (recordemos las rebeldías policiales que debieron controlarse con no pocos esfuerzos), advertiríamos la vigencia de una Doctrina de la Seguridad Nacional de la que a 30 años de la Democracia mantiene su amenazante vigencia.