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Procesan a ocho intendentes santafesinos por presunto fraude

07/02/2019

La decisión del juez Claudio Bonadío afecta a un total de 92 intendentes por la gestión de un programa de residuos urbanos entre 2013 y 2015

El juez federal Claudio Bonadío procesó este jueves a 92 intendentes y exintendentes de distintas ciudades y provincias. Entre ellos hay 8 de Santa Fe. Para el magistrado son considerados como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU).

Los procesamientos afectan a los intendentes o exintendentes José Luis Freyre, de Venado Tuerto; Juan Carlos Bacalini, de Casilda; Roberto Deheza, de Rufino; Fernando Almada; de El Trébol; Guillermo Cornaglia, de Bouquet; Mónica Stumpo, de Serodino y Héctor Godoy y José López, de Pavón. Además hay otros mandatarios locales de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires. En esta causa ya se encuentran procesados los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina.

Para Bonadío se cometió un fraude contra la administración pública entre 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. En su fallo, el juez sostuvo que “requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”. "Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", agregó.

"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado", resaltó. Asimismo agregó que tampoco pudieron "explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones".

El expediente fue iniciado en 2016 tras una serie de presuntas irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas de tratamiento de residuos. Esto dependía de la exsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Jefatura de Gabinete. Para Bonadío, los exjefes de Gabinetes incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines".