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“Es un mensaje politico de habilitación del gatillo fácil”

03/12/2018

Con una resolución el Gobierno avaló la "Doctrina Chocobar", de permitir a las fuerzas de seguridad disparar sobre personas en situación de fuga

Bajo el paraguas de la Cumbre del G20, el Gobierno Nacional publicó una resolución que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga. Además tendrán vía libre para utilizar armas de fuego cuando los efectivos se vean superados en público. Hay un gran rechazo a este protocolo fechado dos días antes del encuentro de mandatarios.

Con la legalización de la "Doctrina Chocobar", los agentes de seguridad podrán usar las armas de fuego en casos de "defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves", "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas", "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".

La reglamentación establece en su artículo quinto que un caso de “peligro inminente” puede considerarse cuando “se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas”, “el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”, “se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”, “estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque”, “tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”, “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”, “la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el indebido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”.

 

 

El titular de la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, subrayó en Apuntes y Resumen: “Es un mensaje politico de habilitación del gatillo fácil”. “Esto es gravísimo. Viene en línea con lo que fue una retórica de la ministra Bullrich y de prácticas concretas de las fuerzas federales que terminaron con la vida de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y otros tantos hechos”, sostuvo y agregó: “Es una vuelta más de tuerca pero ahora ya con un decreto que viola el código penal y las convenciones internacionales que hemos firmado en temas de DD. HH.”.

Font realizó una serie de comparaciones entre la anterior legislación y la nueva. “Hoy un policía puede usar su arma de fuego y disparar a matar en caso extremadamente excepcionales, solo si es la única alternativa. Ahora lo excepcional sería que no se use en la fuerza. Y cuando quieren fraguar un enfrentamiento tienen que plantar un arma y demostrar que funcionen. Ahora tienen que plantar una de juguete o que no funcione o decir que se trató de una fuga. Si los testigos son ellos mismos, si los fiscales no investigan, si las exigencias son bajas...”, cuestionó.

El experto en la materia señaló que en Santa Fe ya se presenta una grave situación incluso con protocolos restrictivos. “A pesar de que en Argentina en los últimos años se habían logrado avances para tener regulaciones más restrictivas, en la práctica la policía siguió matando. Y Santa Fe es un caso clarísimo donde los fiscales, los jueces y el Ministerio Público de la Acusación dificilmente condenen policías”, recriminó. “Encima que está cuesta arriba cuando la policía mata esto lo va a poner más difícil. Santa Fe lidera en números absolutos la cantidad de muertes producidas por la policía y tiene hasta desapariciones forzadas. Es un fenómeno instalado y negado en la retórica del Gobierno. Con solo eso lo hacés posible y lo reforzás y el Poder Judicial ha sido cobarde a la hora de juzgarlos”, explicó.

 

 

Por su parte el diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, tuvo críticas del mismo tenor a esta decisión del Ejecutivo Nacional. “Es la posibilidad de admitir legalmente que ingresamos en una Argentina represiva, de democracia restringida, de baja intensidad. Es la mano dura, especialmente con los sectores sociales que van a seguir luchando por la concentración y la extranjerización de riquezas. No tenemos seguridad, tenemos control social y hay una ampliación de la represión con caretas democráticas”, evaluó.

El legislador contó que hay 5525 causas de denuncias contra la policía, donde en un 30 por ciento tiene que ver con apremios ilegales. “Creo que van a crecer los hechos de violencia policial. El problema es el consenso social que tengan estas medidas”, estimó. En ese sentido señaló: “Denunciamos el 22 de enero de 2016 el decreto 228 que establecía la emergencia en seguridad nacional y la posibilidad de las fuerzas nacionales de intervenir en conflictos sociales en la provincia. Ése fue el corset jurídico para el caso Maldonado en el sur del país y el decreto 783 permitió al Ejército dar seguridad interior”.

Asimismo Del Frade no dudó en comparar esta decisión con la etapa más negra de la Argentina: “Eso es resucitar de las viejas dictadoras el famoso delito de fuga. Disparar primero y preguntar después. Nos parece una caída absoluta de las máscaras y disfraces”. “El Gobierno Necsita esto para el control social y lo tenemos alevosamente demostrado en lo publicado en el Boletín Oficial”, concluyó.