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Denuncian a exjuez por su participación en crímenes de lesa humanidad

15/08/2018

HIJOS Rosario presentó una denuncia contra el exjuez federal Guillermo Tschopp por sus actuaciones en la última dictadura cívico - militar

La agrupación HIJOS Rosario presentó una denuncia contra el exjuez federal Guillermo Ernesto Tschopp. El magistrado se desempeñó en la última dictadura cívico – militar como titular del Juzgado Federal de la 2º Nominación de Rosario y está acusado por su “participación en graves crímenes de lesa humanidad”. El escrito fue radicado ante el Ministerio Público de la Acusación y está basado en los testimonios de decena de víctimas del terrorismo de Estado.

La presentación fue ingresada este miércoles ante la sede local de la Unidad Especial de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Allí se relevan los casos de 16 víctimas de ese período que fueron privadas ilegalemente de la libertad y torturadas en centros clandestinos de detención en Rosario. Algunas de ellas además fueron asesinadas y desaparecidas.

En el escrito, HIJOS menciona que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en estos lugares de detención o cárceles de la dictadura en las que manifestaban haber sido torturados para hacerles firmar declaraciones en su contra. Algunas de esas personas hasta cursaban embarazos. A pesar de ello, se indica que el juez no solo no investigaba sino que lo utilizaba para condenarlas

Los integrantes del equipo jurídico de la organización HIJOS Rosario, de Franco Porporato, Nadia Schujman, Natalia Lorena Moyano, Santiago Bereciartua, Sofía Luján Barro Fosin y Matías Gómez, firmaron la denuncia para que se investigue a Tschopp. Allí se menciona el caso de un detenido desaparecido que luego de haber sido salvajemente torturado, “a fines de 1976 es trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el doctor Tschopp.

“Ante la presencia de este magistrado (el detenido) denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las actuaciones estando tabicado (vendado). Luego del arsenal de denuncias realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: «¿usted cree que lo que escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?»”, se explica. “Asimismo (Tschopp) le hizo saber (a la víctima) que las actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría. La condena dictada por el consejo de guerra (realizado por los militares), de 8 años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la justicia federal en 10 años de prisión”, completó el relato la denuncia de HIJOS.

Otro de los casos es el de una embarazada de 8 meses, que estando privada de su libertad en el año 1977 interpuso recurso de amparo, que obra en el Archivo de los Tribunales Federales, y en cuya primera foja contiene una carta en manuscrita de la mujer denunciando “las condiciones de detención inhumanas que sufría”. “Dicho recurso tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo por aquel entonces de Tschopp, quien a pesar de lo narrado por la detenida no tomó medida alguna para hacer cesar dichas condiciones ilegales de detención”.

La víctima estuvo privada ilegalmente de la libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario y fue sometida a un parto en la Maternidad Martin en la peor de las condiciones. Aseguró que relató “en forma verbal al magistrado el secuestro, las torturas, la detención de ella y de su marido”. “A pesar de ello Tschopp nunca inició una investigación en este sentido, ni dejó, cuánto mínimo, asentadas esas declaraciones”, dijo y agregó: “No estaba ante la justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron”.

Tras repasar los 16 casos relevados, HIJOS señaló que si bien la omisión de los deberes de funcionario es un “aporte penalmente reprochable en la medida en que además de su carácter sistemático el magistrado tenía el deber jurídico de actuar”, Tschopp terminó erigiendo en “una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad”. “Asimismo no puede soslayarse el silencio acerca de estos hechos que guardó Tschopp aún luego de retornarse al régimen democrático de gobierno, cuando comenzó a echarse luz sobre las atrocidades cometidas por la dictadura militar en aquellos años”.