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El acuerdo con el FMI ya afecta a los santafesinos

06/07/2018

Las primeras secuelas del acuerdo del Gobierno con el FMI ya comienzan a percibirse en las provincias y Santa Fe no es la excepción 

Autor:
Alejandro Arnoletti

A raíz de las corridas cambiarias de abril el Gobierno decidió solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional. El mismo es de un valor equivalente a 50 mil millones de dólares, con el objetivo de dar apoyo presupuestario y precautorio, en un programa de duración de tres años. A pesar de buscar mayor certidumbre en los mercados, la desconfianza de la solidez económica y las políticas de Cambiemos llevan a la dolarización de carteras y que se deshagan las posiciones en pesos para buscar más rentabilidad en otros países.

En la carta de entendimiento que el Gobierno envió al organismo se comprometió a alcanzar déficit cero para 2020. El déficit primario de 2017 fue del 3,8 por ciento del PBI y prometió bajarlo al 2,7 por ciento en 2018, a 153.883 millones de pesos. Para disminuir el déficit fiscal, el Estado mete mano en la reducción del gasto público y ya comienza a hacerse notar en la provincia de Santa Fe.

Además de los fondos remitidos por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, la Nación realiza gastos en los territorios. Para 2018 presupuestó transferir a la administración provincial 111.278 millones de pesos, gastar 5.641 millones de pesos en bienes de uso, 4.592 millones de pesos en personal, 207 millones de pesos en bienes de consumo. La sumatoria total alcanzaba los 121.906 millones de pesos. A pesar de ello en los compromisos con el FMI asumió que “las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades”.

Según un informe realizado por el Centro de Economía Scalabrini Ortiz, una de esas transferencias es el incentivo docente. Según el presupuesto nacional debería ser de 1.674 millones de pesos, representando para cada docente con dos cargos 2.240 pesos de bolsillo por mes y el 1,5 por ciento de las transferencias presupuestadas hacia la provincia de Santa Fe para 2018. Si el Estado deja de hacer esta transferencia, la provincia debe hacerse cargo. Pero para ir hacia el equilibrio presupuestario, o no se hace cargo o lo recorta en otro concepto. Así, eliminar el incentivo docente representaría un impacto salarial en promedio de entre el 6 y el 10 por ciento del sueldo de bolsillo. Si la provincia se hace cargo, debería destinar 1.674,70 millones de pesos adicionales a lo presupuestado en lo que resta del año.

Otro de los sectores que se verá afectado por el recorte es el de la obra pública. De los 5.261 millones de pesos presupuestados para la construcción en 2018, solo planea ejecutar 3.60 millones de pesos. Es decir que 3 de cada 10 pesos destinados para la provincia de Santa Fe no serán ejecutados. Y en lo que va del año sólo se ejecutó el 29,7 por ciento del nuevo y menor objetivo, con 37 de 128 obras que ya sufrieron el ajuste.

Cuatro obras pasaron de tener 32,5 millones de pesos asignados en conjunto a los cero pesos actuales, por lo que están paralizadas: puesta en Valor y Ampliación de la Infraestructura Edilicia del Ministerio Público Fiscal; ruta segura RN 11 San Justo – Avellaneda; construcción autopistas, rutas seguras, rehabilitación, mantenimiento, operación y finalización RN Nº 34 y 19 - Corredor I y construcción de autopistas, rutas seguras, rehabilitación, mantenimiento, operación y financiación RN N° 40, 7 y 20 (en Cuyo). Mientras que el mayor ajuste se produjo en la Autopista RN Nº 33 Rufino – San Eduardo, con una disminución presupuestaria de 1059 millones de pesos. En tanto que la Autopista RN Nº 34 Angélica – Sunchales, recibirá 581 millones de pesos menos que lo previsto.

En cuanto a los 3000 jardines de infantes previstos en la campaña electoral de 2015, en Santa Fe fueron presupuestados 21 de ellos para 2018 a un costo de 249 millones de pesos. Un grupo de 11 proyectos vieron recortados su presupuesto en 38 millones de pesos, representando un 15 por ciento del valor inicial. El empleo público también se ve afectado: en la carta de intención hacia el FMI, el Gobierno prometió disminuir el gasto en el sector con respecto al PBI del 3,2 por ciento de 2017 al 2,7 por ciento en 2021. Esto representa una reducción del 15 por ciento de los fondos destinados, respecto al PBI en 4 años.

Como toda reducción del gasto en personal implica una disminución de la demanda de bienes y servicios, afecta a la actividad económica. El estudio del CESO estima que una reducción del 4 por ciento en montos para personal, representan 160,7 millones de pesos menos destinados a Santa Fe. En la provincia el 46 por ciento del gasto de la Administración Pública Nacional se destina al Ministerio de Seguridad, el 26 por ciento al de Defensa y el 10 por ciento al de Agroindustria. Para lograrlo pretende no renovar en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el Gobierno Nacional por 2 años y eliminar posiciones redundantes.

Por otra parte aspiran a reducir un 15 por ciento los montos en compras de bienes y servicios, en términos reales. Así se lograría una reducción de 59,1 millones de pesos presupuestados para “la bota”. El CESO indica que si bien no se especificaron los bienes y servicios a disminuir, la prestación de servicios de salud, seguridad, asistencia social y otras tareas se cubren a través de la compra y contratación de servicios, por lo que es espera un Estado menos presente en su cobertura. Del mismo modo, la administración Macri propone reducir el déficit operativo de empresas públicas del 0,1 por ciento del PBI en 2017 al 0 por ciento en 2021, más allá de que las firmas del Estado no debieran mirarse sólo por términos de rentabilidad.

La reforma del sistema jubilatorio es uno más de los compromisos asumidos por el Gobierno ante el FMI. En Santa Fe más de un millón de personas recibe una pensión, jubilación o asignación, es decir, alrededor del 30 por ciento del total de santafesinos. Para este año hay 93.527.693.236 pesos presupuestados. Pero en la carta de entendimiento se menciona la búsqueda de sostenibilidad del sistema previsional. Para conseguirlo, alguna de las medidas pueden ser el aumento de la edad jubilatoria y la disminución de haberes. Además es posible la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar gastos corrientes, pero descapitalizando el sistema.

En tanto que la disminución de subsidios a la energía y transporte golpearán a los bolsillos. Sólo en abril, Litoral Gas recargó las tarifas un 32 por ciento en promedio. En octubre habrá un nuevo incremento, del 23 por ciento. Pero además, la carta de entendimiento pide subir los costos que pagan los consumidores del 80 por ciento en 2017 al 90 por ciento, en 2020. Algo similar ocurrirá con la producción de electricidad que pagan los consumidores, que tiene previsto aumentar del 60 por ciento en 2017 al 90 por ciento en 2020, representando un aumento del 50 por ciento. En cuanto al transporte el estudio de costos ubica la tarifa en 16,45 pesos, considerando los subsidios de los distintos niveles del Gobierno: Fondo Compensador (3,20 pesos); subsidio Nación (8,03 pesos) y el Fondo Compensador Provincial (0,91 pesos).

El acuerdo con el FMI implicará el cumplimiento de ciertos compromisos por parte del Estado Nacional enfocados a un mayor ajuste fiscal. Eso repercutirá en las provincias a través del gasto que Nación realiza en las distintas jurisdicciones vía obra pública, transferencias automáticas, seguridad social y empleo público, recorte subsidios a los servicios públicos esenciales, entre otros. Y así, en la pérdida del poder adquisitivo y la calidad de vida de los santafesinos.