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Discapacidad: más de 175 mil personas esperan desde hace dos años su pensión

11/06/2018

El ajuste a las jubilaciones también afecta a las personas con discapacidad. Más de 175 mil sufren que sus expedientes estén trabados desde 2016

Foto: El Patagónico

Miles de personas en Argentina están siendo víctimas de la ausencia y burocracia del Estado. A partir de la presentación de Marcos Peña en el Congreso de la Nación se desprende que hasta el 17 de febrero 175.393 personas estaban a la espera de la resolución de su pensión no contributiva. Los casos superan largamente los dos años cuando, hasta el 2015, la tramitación completa duraba entre 8 y 10 meses.

El monto dinerario de esta prestación corresponde al 70 por ciento de una jubilación mínima, es decir, 5.667,20 pesos. En contrapartida la canasta básica calculada en abril por la Defensoría de la Tercera Edad supera los 19.290 pesos. Es decir que sólo cubre un 29 por ciento del total de los gastos.

La situación es grave también para las 59.859 situaciones dentro de ellas que deben ser evaluadas por una comisión de salud. La misma está compuesta por solo cinco médicos en todo el país, antes del acuerdo de la prestación. Para solicitarla, el futuro beneficiario debe tener un 76 por ciento, como mínimo, de incapacidad laboral y estar en condiciones de pobreza tanto el requirente como el grupo familiar con el que vive. En comunicación con el portal de Radio UNR el abogado previsionalista Christian D’Alessandro explicó: “De mantenerse ese promedio sin dictamen, se necesitaría más de cuatro años y medio, sólo para la cantidad a esa fecha y sin contar los nuevos trámites que se inicien”.

La seguridad social fue pensada desde sus orígenes para brindar cobertura ante un estado de necesidad del hombre y su grupo familiar directo. Si bien las más conocidas son las jubilaciones y las pensiones contributivas, hay otros grupos que necesitan de la presencia del Estado como los casos de la discapacidad y la vulnerabilidad social.

A pesar de ello, D’Alessandro recordó que en 2017 los fuertes ajustes de la gestión Macri llevaron a que en junio “la ministra del área, Carolina Stanley, disponga la baja de beneficios no contributivos a unas 70 mil personas incapacitadas, con enfermedades graves y a niños con síndrome de Down, sin la previa notificación a los titulares”. El abogado además marcó que el Ministerio de Desarrollo Social traspasó a la Vicepresidencia de la Nación el programa de pensiones asistencias a la creada Agencia Nacional de Discapacidad, ANADIS. Sin embargo este nuevo organismo “no estaría cumpliendo sus objetivos”. Según se indicó en su constitución debiera “fomentar el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden los derechos de las personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión”.

De esta forma hay 175 mil casos de expedientes en trámite que no avanzan en todo el país y 59.859 de ellos que esperan ser evaluados por los únicos 5 médicos habilitados en la Argentina. “Cuando el Estado mira hacia otro lado, la justicia se transforma en injusta y la necesidad en hereje”, concluyó el Dr. D’Alessandro.