Lo que es la ciencia
home > Especiales > Preocupación por demoras en juicios por lesa humanidad
Preocupación por demoras en juicios por lesa humanidad

26/01/2018

De las 593 causas por delitos de lesa humanidad, sólo 200 tienen sentencia. Y de los 98 elevados a juicio, sólo 6 tienen una fecha fijada de inicio

Autor:
Alejandro Arnoletti

Las prisiones domiciliarias dictadas a los represores Antonio Musa Azar y Julio Rafael Barreiro, aunque principalmente la de Miguel Etchecolatz llamaron la atención. Pero permitieron poner en el tapete una realidad que no es nueva y viene presentándose principalmente desde diciembre de 2015. Cada vez son más los imputados por delitos de lesa humanidad que pasan sus días de prisión en domicilios o son liberados.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), dependiente del Ministerio Público Fiscal, de los 2979 imputados por delitos por lesa humanidad 1305 gozan de la libertad, 1038 están detenidos, 599 fallecidos y 37 prófugos. Aquí se marca una tendencia que comenzó a revertirse desde diciembre de 2015, momento en el que Cambiemos ingresó a la Casa Rosada. En aquel momento eran 1070 las personas detenidas por esta cuestión y 791, las libres.

Un fenómeno similar presentaron los detenidos, según el tipo de la misma. Según los datos presentados en el informe oficial, al 22 de diciembre de 2017 había 549 detenidos con arresto domiciliario y 435 en un servicio penitenciario. En 2015 los arrestados en servicios penitenciarios eran 603 y con arresto domiciliario, 439. En 2016 esa tendencia ya era a la inversa, con 519 en viviendas y 460 en cárceles.

El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, explicó al portal de Radio UNR: “Esto obliga a contextualizar esos datos en un escenario político del país donde cada vez son más las figuras del oficialismo que tienen un discurso donde se busca esmerilar el avance de los juicios”. “Se hacen declaraciones que relativizan el terrorismo de estado como cuando se quiere poner en duda la cantidad de desaparecidos o la legitimidad del desarrollo mismo de los juicios, como fueron las declaraciones de Carrió hace unos meses”, ejemplificó y agregó: “Las más recientes en esta línea es las declaraciones de Massot”.

El abogado de la Asociación Civil también consideró: “Lógicamente con el paso del tiempo los imputados van creciendo en su edad y se sabe que una de las pautas para el otorgamiento de las prisiones domiciliarias es superar los 70 años. Si bien no es una regla automática, muchas veces se aplica así o bien atendiendo razones de salud, lo cual puede ser lógico”.

A pesar de ello el abogado sostuvo que “también se podría esperar al revés, que la cantidad de personas detenidas crezca porque los procesos debieran estar avanzando y llegando a sentencias definitivas”. “Hay una notoria demora especialmente en la confirmación de las sentencias condenatorias por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores. Eso tiene una incidencia directa sobre la cantidad de personas detenidas porque una persona hasta que no tenga una sentencia firme está en prisión preventiva”, indicó Iud y añadió: “La regla es que la prisión preventiva es una medida excepcional y en consecuencia si se prolonga por muchos años los Tribunales suelen otorgar la excarcelación”.

De las 593 causas por delitos de lesa humanidad, sólo 200 tienen sentencia. Al 22 de diciembre 278 estaban en instrucción, 98 con elevación a juicio y 17 en juicio. “Lo que uno esperaría es que no se prolongue mucho tiempo la prisión preventiva porque se transforma en una condena efectiva y para que eso suceda los Tribunales tienen que actuar en tiempo y en forma y es ahí donde se ve una creciente demora”, indicó. Un ejemplo fue la Causa ESMA, en la cual los condenados tuvieron penas relativamente bajas y como esa sentencia no está firme el Tribunal los tenía en situación de prisión preventiva. “La etapa oral de ese juicio duró cinco años, cuando se podría haber hecho en dos años. Eso marca un poco el panorama. Esos números se explican por un contexto político en relación al proceso de verdad, memoria y justicia pero también lógicas dinámicas propias del sistema judicial”, criticó.

En todo el país se registran demoras. Es un problema tradicional del Poder Judicial, no surgió en estos dos años pero sí se agudizó. Frente a los problemas institucionales y de organización del Poder Judicial la falta de voluntad política de avanzar en estos procesos se traduce en que los jueces dejan de darle prioridad y lleva a que sean postergados frente a otros procesos a la hora de fijar audiencias de juicio”. De las 98 causas elevadas a juicio, sólo 6 tienen fijada una fecha de inicio del proceso.