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La Corte pidió "con urgencia" la prisión domiciliaria para Milagro Sala

06/12/2017

El Máximo Tribunal convalidó la prisión preventiva pero solicitó que se cumpla con lo requerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Suprema de Justicia se expidió sobre la situación de Milagro Sala, la dirigente social jujeña detenida desde enero de 2016 y por la cual muchos organismos internacionales exigieron su libertad. Los jueces del Máximo Tribunal convalidaron la prisión preventiva de Sala pero solicitaron que se cumpla “con urgencia” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó que fuera trasladada a su domicilio por considerar que corría riesgo su salud en el penal de Alto Comedero.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti son los que solicitaron esto, acatando lo resuelto el pasado 23 de noviembre. Allí se resolvió que debe sustituirse la prisión preventiva por la medida alternativa de arresto domiciliario o cualquier otra menos restrictiva. De la actual conformación de la Corte sólo el juez Carlos Rosenkrantz sólo disidió del resto. El supremo designado por Mauricio Macri relativizó el alcance del fallo de la CIDH y pidió que previamente se expidan los Tribunales de la causa al respecto.

Según los diversos fallos, la prisión preventiva de la militante había sido ordenada por existir el riesgo de obstaculización del proceso. En él se le imputó los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión. Con la resolución de la Corte, lo actuado por todas las instancias de la justicia jujeña, incluida la Corte Suprema de aquella provincia, quedó firme.

El Máximo Tribunal descartó el argumento de la defensa de la dirigente, que había considerado como “arbitraria”, considerando que no existían elementos para justificar la existencia de riesgo procesal. El Tribunal de Justicia jujeño argumentó que los “hechos denunciados en este proceso fueron presuntamente realizados en el contexto de una organización con una modalidad de acción que incluiría la intimidación y teniendo además en cuenta las declaraciones prestadas en la causa por varias personas que manifestaron tener miedo hacia la acusada y sentir temor por su seguridad y la de sus familias a raíz de distintas actitudes intimidatorias que habían padecido”. En este sentido la Corte aseguró que “se fundó suficientemente la sospecha razonable de que la acusada obstaculizará el proceso intimidando a los testigos o induciéndolos a falsear su declaración, a la luz de su capacidad para obrar en tal sentido”.