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Preocupación por una posible modificación a la Ley de Glaciares

18/11/2017

Macri tiene la voluntad de modificar la Ley de Glaciares para beneficiar a la minería. Fuerte debate por los alcances y las áreas de protección

Fotos: Télam
Autor:
Alejandro Arnoletti

Los glaciares son un recurso natural y de vida que los argentinos contamos con la “fortuna” de tener. Están compuestos por grandes masas de nieve, hielo recristalizado y pedazos de roca que se acumulan en grandes cantidades. Constituyen nada menos que la reserva de agua dulce más grande del planeta y la segunda de agua luego de los océanos.

Para la Organización de las Naciones Unidas “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. Por tal motivo cualquier política que vaya en contra de la preservación de los glaciares, como de otros recursos naturales, está atentando contra los derechos de los ciudadanos. Contra la vida.

El presidente Mauricio Macri mantuvo este martes una reunión clave con el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez; el empresario minero (a través de Austral Gold) y propietario de soja, Eduardo Elsztain; Carlos Miguens, de Patagonia Gold; el director de Barrick Gold, Fernando Giannoni; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el de Trabajo, Jorge Triaca; representantes de provincias con actividad minera y gremialistas. Allí escuchó a los funcionarios y los reclamos de los empresarios para luego informar que avanzará en un proyecto que reforme la Ley de Protección de Glaciares.

Según explica el diario La Nación, el objetivo del jefe de Estado es que en febrero de 2018 esté listo el proyecto para modificar la actual Ley de Glaciares y así favorecer a la actividad minera. Allí se buscará una nueva protección legislativa en la que se arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes, actualmente prohibidas. Además escuchó las palabras de los empresarios, que le marcaron que hay inversiones frenadas por 18 mil millones de dólares a raíz de la incertidumbre que genera el actual texto.

Inmediatamente organizaciones que pugnan por el cuidado de los recursos naturales repudiaron esta intención y alertaron de las graves consecuencias que traería al medioambiente. Aseguran que esto “es un escándalo”, “inconstitucional” y que el lobby minero busca la “flexibilización de la Ley; quieren achicar las áreas protegidas para que las mineras puedan trabajar y destruir los glaciares”. La modificación estaría en la quita de la protección de los ambientes periglaciares, aunque esto también afectaría directamente a los glaciares.

La protección de los glaciares es una cuestión fuertemente debatida y debe ser prioritaria su defensa. Pasa en la actualidad, con la gestión de Cambiemos, y en el pasado, en la del kirchnerismo. Incluso la expresidenta Cristina Fernández llegó a vetar una Ley aprobada por el Congreso que tendía al resguardo de estos recursos naturales. Según se denunció, para proteger intereses mineros. Finalmente una nueva Ley de Protección de Glaciares fue aprobada durante su gestión, tras la presentación de los proyectos de Miguel Bonasso (basado en el original de Marta Maffei) y Daniel Filmus. Ésta es la legislación que ahora el macrismo busca modificar tras la reunión del martes en Casa Rosada.

Conferencia de Sergio Bergman en la COP23 (el fragmento sucede desde el minuto 17)

La principal ausencia a este encuentro fue la del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El rabino Sergio Bergman no pudo asistir por encontrarse en Alemania, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2017, popularizada como COP 23. El funcionario tuvo la oportunidad de disertar en la cumbre este jueves y allí ratificó la intención de modificar la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. Una pregunta del periodista Fermín Koop lo descolocó y, con un fuerte contenido político, manifestó: “Los proyectos de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan siendo una especie de épica legislativa del día en que se hizo el lobby para que se proclame y después no cuenta con ninguna trazabilidad acerca de cómo esa Ley tiene un impacto real en la matriz de recurso natural y el territorio que queremos preservar”. 

En otros tramos de su respuesta privilegió el orden económico por sobre el medioambiental y la injerencia que puede tener la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre nuestro país, si Argentina finalmente ingresa al organismo. “El debate ni siquiera lo tenemos que empezar, lo vamos a tener que cumplir porque si Argentina aplica OCDE lo vamos a tener que hacer. No admite impacto ambiental si no estudia ambiental estratégico y no permite un ordenamiento territorial segmentado por vector. Requiere una planificación integral porque sino no hay desarrollo económico sustentable”, marcó.

 

 

 

 

El abogado de la Coalición Río Santa Cruz Libre, Cristian Fernández, manifestó al portal de Radio UNR: “El ordenamiento ambiental del territorio es una herramienta que da la Ley General del Ambiente y es clave para la planificación territorial ambiental, con lo cual las leyes que tienen que ver con el ordenamiento ambiental del territorio son imprescindibles”. “Que el ministro afirme que son leyes épicas y que no se pueden implementar, lo único que hace es poner de relieve o una ausencia de voluntad política del ministerio que él conduce respecto a la implementación de estas normas, o su falta de capacidad para hacerlo”, reprochó y agregó: “Las normas no deben ser modificadas, sino todo lo contrario. En la planificación y el diagnóstico debe darse una mayor protección y no quitarla, como se quiere hacer con la Ley de Glaciares. Es brindar una protección más integral”.

Foto: Facebook - Río Santa Cruz sin represas

Del mismo modo el letrado criticó que Sergio Bergman ponga el foco en el desarrollo económico: “No es el ministro de Energía, Producción o Economía, sino el de Ambiente. Pareciera que le interesa más la destrucción de los recursos que su protección, lo cual es preocupante”. Y recordó lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, iniciada en 2008 acerca de los desmontes y talas de bosques nativos en la provincia norteña. “La Corte dio que el desarrollo sustentable no es evitar el progreso sino prolongarlo en el tiempo para que las generaciones futuras puedan disfrutar del bien natural. Es no destruir los recursos y nuestra naturaleza por necesidades económicas de empresas extranjeras. Sino protegerlo de esos intereses a los que no les importa el patrimonio natural y cultural”, explicó.