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Presentaron en la UNR el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes

17/06/2017

El anteproyecto contempla los servicios audiovisuales, de telecomunicaciones, Over the top (OTT) e Internet bajo un mismo marco regulatorio

Foto: Agrupación Salvador Allende
Autor:
Alejandro Arnoletti

La multiplicidad de servicios por los que circulan los contenidos y la información obliga a repensar la legislación vigente. Sumado a esto, los reveses sufridos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, más los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo conspiran contra la regulación de las telecomunicaciones, medios audiovisuales e Internet.

Las comunicaciones requieren de una legislación que reúna a todos los servicios bajo un mismo marco legal, contemplando las distintas variantes ofrecidas y las particularidades socioeconómicas, regionales y culturales, sin dejar un solo rincón de la Argentina sin cobertura. Del mismo modo, la existencia de sectores dominantes en los medios audiovisuales y telecomunicaciones requieren de una Ley que proteja y fortalezca a los pequeños y medianos jugadores para promover una competencia que también beneficie a los usuarios.

La concepción de estos servicios como un bien social y no como una mercancía se diferencia de la postura tomada por el oficialismo nacional. Incluso desde el Poder Ejecutivo se prometió la puesta en marcha del armado de una nueva Ley de comunicación, con incluso la conformación de una comisión para tal fin. Según el portal Señales, el Gobierno admitió en una resolución tener un anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes aunque “lo evaden ante un pedido de información del Centro de Producciones Radiofónicas”.

Es en este contexto de incertidumbre y de falta de información del oficialismo que desde el bloque socialista de la Cámara de Diputados, la legisladora Alicia Ciciliani impulsó la confección de un anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes. El mismo se basa en parte en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en el modelo mexicano. Asimismo se mantuvieron charlas con los distintos sectores interesados, como señales de TV, músicos, cineastas, etc.

El anteproyecto cuenta con objetivos sociales, económicos y de desarrollo, sin pasar por alto el compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión. Asimismo contempla a los nuevos servicios, por ejemplo los “Over The Top” (OTT) siempre que haya una contraprestación económica. Un ejemplo de ellos es Netflix, considerando que aún no hay un marco regulatorio que los cobije.

Este trabajo es el primero de este tipo que se promueve desde la Cámara de Diputados. Este jueves comenzó a ser presentado en distintas universidades públicas del país. La primera cita fue en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Luego seguirá por Santa Fe, Paraná, Mendoza y la Universidad Nacional del Comahue, entre otras. Del debate formaron parte la diputada nacional por el Partido Socialista, Alicia Ciciliani y los coautores del anteproyecto, el Dr. Martin Becerra, el Dr. Guillermo Goldstein, el Ing. Danilo Lujambio y el Dr. Guillermo Mastrini. También dijeron presente el vicerrector de la UNR, Lic. Fabián Bicciré y el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Lic. Franco Bartolacci.

Previo al debate, el portal de Radio UNR entrevistó a la diputada nacional y CPN Alicia Ciciliani; el doctor en Ciencias de la Comunicación, Martín Becerra y el vicerrector de la UNR, Lic. en Comunicación Social, Fabián Bicciré.

 

 

 

Alicia Ciciliani: “No puede haber en la sociedad del siglo XXI una concentración de medios por encima del 33 por ciento”

¿Cuáles son los argumentos para presentar el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes?

La política tiene una deuda con la sociedad, sobre todo el Gobierno, porque la Corte Interamericana pidió que se presentara un proyecto de Ley, ese tiempo ya pasó y el Gobierno no cumplió. Dijo que tenían una comisión trabajando, pero no sabemos en qué está trabajando. La comisión de la Cámara de Diputados no está funcionando, no tiene un proyecto. Para nosotros es algo tan relevante que nos pusimos a trabajar para hacer un debate con la sociedad. La preocupación que tenemos es que el Gobierno está modificando por decreto, que negocian un grupo de funcionarios, con total falta de claridad con las grandes compañías telefónicas y las grandes operadoras de cable. Esto es un tema tan trascendente del siglo XXI, que no se remite sólo a un problema de comunicación. Esto es la arquitectura de Internet y decidirá un modelo de desarrollo del siglo XXI. Sabemos que la revolución del conocimiento y tecnológica hacen que la Internet de banda ancha sea una plataforma necesaria para el desarrollo económico. Hoy ARSAT, por ejemplo, tiene una composición en su directorio solamente del Gobierno central y las provincias no pueden opinar ni saber acerca de cuál es la planificación territorial. De modo que para nosotros fue un gran esfuerzo que hemos hecho porque es el primer proyecto de la Argentina, hay otras experiencias en México y estamos orgullosos de poner a disposición de la comunidad este debate.

 

Ud. recién mencionaba a la Comisión creada por el Gobierno y de la que poco se conoce sobre su labor. ¿Han realizado pedidos para obtener detalles de su trabajo? ¿Fueron convocados?

La verdad es que nosotros nunca hemos sido convocados, ni como partido político de la oposición, ni como frente que gobierna una provincia para debatir acerca de cuáles son los lineamientos estratégicos en que está pensando el Gobierno. Para nosotros nuestro modelo es uno de regulación asimétrica en favor de las pequeñas y medianas empresas, de la democratización y de permitir la accesibilidad a los ciudadanos de todos estos instrumentos convergentes. La convergencia, esa palabra a la que no estamos habituados, es que la comunicación la recibimos a través de la TV, por Internet o telefonía celular. La Ley que tenemos vigente los regula por separado. En definitiva la red llega a nuestra casa o al trabajo con la convergencia y eso es lo que intenta regular este proyecto de Ley.

 

¿Sabe si desde otros bloques van a apoyar este anteproyecto en el caso de que prospere?

Creemos que sí. Es el primer proyecto, es uno complejo, que requiere mucho estudio, análisis y además creemos que tiene lineamientos políticos. Estamos seguros que los grandes partidos políticos lo van a compartir porque salimos de los intereses económicos y nos ponemos al lado del ciudadano para garantizar derechos. Eso es lo que marca la línea estratégica de nuestro proyecto. También esperamos que en la campaña electoral, que se inicia el 15 de julio, los candidatos a diputados nacionales de todas las fuerzas políticas puedan decir cómo van a votar cuando en el Congreso se debata la Ley de Convergencia Comunicacional.

 

Ustedes cuentan a su favor con el fallo de la Corte Suprema que determinó que la desinversión de medios era constitucional. ¿Cómo imagina el debate en el caso que deban establecerse los límites de titularidad?

Para nosotros es un debate que la sociedad argentina ya lo dio, la Corte ya falló y hoy nadie puede negar que tenemos que democratizar el acceso. No puede haber en la sociedad del siglo XXI una concentración de medios por encima del 33 por ciento. Eso en nuestro proyecto de Ley está muy claro y creo que no se va a discutir. Es una cuestión que en el debate de la sociedad está saldado y ganado en las grandes mayorías.

 

 Foto: Agrupación Salvador Allende 

 

Fabián Bicciré: “Como comunicadores y defensores de la educación pública tenemos que apoyar todas estas iniciativas”

¿Cómo evalúa este anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes?

Me parece que es un avance muy importante. Tiene como base la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le incorpora lo relacionado a Internet y la conectividad. Creo que es una amalgama entre todo lo que significan las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual, telefonía, servicios por Internet. En este tiempo y en este proceso civilizatorio tenemos que regular y legislar en todo este mundo de la convergencia digital y tecnológica. Creo que es un proyecto muy interesante para tener en cuenta. Está hecho por especialistas, profesionales y gente que se ha dedicado con esfuerzo y capacidad. Es una propuesta muy interesante para charlar. Estamos en un escenario político muy difícil, hay una idea desde el poder gubernamental actual de entender a la comunicación más como una mercancía, como un bien de mercado, que como un derecho universal, un bien público y social. Entonces va a ser difícil esta pelea, pero como comunicadores y defensores de la educación pública tenemos que apoyar todas estas iniciativas.

 

¿Cuál es el rol que tienen las Universidades Públicas en el debate?

Me parece que es un rol muy importante y que lo tuvieron en la LSCA. Fue muy protagónico y de hecho quienes han construido esto son universitarios. Por supuesto que la universidad pública tiene que tener un rol muy importante en el debate, discusión y puesta en práctica de una comunicación más democrática y sobre todo defender los medios públicos universitarios.

 

 Foto: Agrupación Salvador Allende 

 

Martín Becerra: “Se integra por primera vez en el país al sector de medios audiovisuales, telecomunicaciones y de conectividad a Internet”

¿Cuáles son los puntos clave de este anteproyecto?

En primer lugar se trata de un proyecto de comunicaciones convergentes; o sea que integra por primera vez en el país al sector de medios audiovisuales, telecomunicaciones y de conectividad a Internet. Es un rasgo distintivo respecto de lo que hay. En segundo lugar plantea límites a la concentración, que en algunos casos se parecen a los de la LSCA pero en otros no, no es una copia. Plantea límites a la concentración y al abuso de posición dominante que hay tanto en medios audiovisuales como en telecomunicaciones con los grupos más fuertes. En tercer lugar, como es convergente, plantea un mecanismo de fondeo nuevo para producciones audiovisuales fuera del Ámbito Metropolitano de Buenos Aires y hace participar a las telefónicas de ese fondeo. Hasta hoy el fondeo de producción nacional es propio del sector audiovisual. Con este proyecto se incorporaría además a las telecomunicaciones. Además regula a operadores OTT como Netflix, a los que son por abono, pero no a YouTube mientras no cobre. Si hay actividad económica los regula. Es interesante porque no están alcanzados por ninguna Ley en Argentina. Otro eje es el diseño institucional del órgano de aplicación de la Ley, que plantea que además la participación de distintas fuerzas políticas en el Congreso designando a algunos de sus directores, además de la participación del Poder Ejecutivo y del Consejo Federal. Previo a eso habrá un concurso de antecedentes de todos aquellos que quieran ser directores para garantizar competencia, conocimiento del tema, revisando la historia reciente de la composición de autoridades regulatorias que no siempre aseguraron las competencias en esta materias.

 

¿Qué pasa con los medios públicos?

El proyecto postula que los medios del Estado tienen que ser no gubernamentales. La redacción es más explícita que lo era la LSCA; no obstante allí ya se estipulaba que los medios no debían ser gubernamentales, pero lo fueron. El compromiso de este proyecto es que los medios públicos lo sean y plantea disposiciones que tienen lateralmente con otros medios públicos como contenidos que son de interés general. Además vuelve a introducirlos porque el Gobierno de Macri desarticuló esta cuestión, señala que los medios públicos provinciales tienen derechos y los cableoperadores tienen la obligación de subirlos a su grilla como en Santa Fe. Las diferencias están más en el terreno que hemos revisado en lo que sucedió en los últimos 6 o 7 años y pudimos corregir o enmendar en lo que a la LSCA le faltaba no por falta de vocación, sino porque era nueva y lo que hemos visto en su implementación posterior.

 

¿Qué conocimientos tiene sobre el anteproyecto que tiene que crear la comisión formada por el Gobierno?

El mismo que la sociedad argentina. O sea, nada. El Gobierno verdaderamente en esto se comprometió públicamente, ante la Comisión Interamericana de DD. HH., lo dijo en el Congreso cuando se votó el DNU 267/15, Hay muchos discursos de Macri o Aguad donde plantean el tema, el ENACOM, Silvana Giudici. Hay una gran cantidad de discursos pero sólo son palabras. No pasa de ahí. Es grave en términos de políticas públicas porque está afectando derechos de la ciudadanía con DNU o resoluciones mientras dice que va a hacer un proyecto, buenas intenciones, pero en la práctica están tomando decisiones que hipotecan el futuro de las comunicaciones por años, más allá del tiempo de mandato del presidente Macri. No soy militante del Partido Socialista, pero aprecio mucho la iniciativa que tomaron porque es una contribución a un debate que es imprescindible. Que las regulaciones estén pendiendo de la firma del ministro Aguad o del presidente Macri es muy grave.

 

En el caso de que se transforme en Ley, ¿cómo imagina la situación cuando deban analizarse los límites de titularidad de medios?

Como tenemos un Congreso que no tiene mayoría absoluta de ningún partido y creo que después de las elecciones no va a cambiar mucho, no sólo va a depender de la voluntad que tenga el Poder Ejecutivo, el oficialismo, sino de lo que hagan los otros bloques mayoritarios que hasta ahora han hecho mutis por el foro. Muchas consignas, palabras que se las llevan el viento, pero a la hora de presentar un proyecto los únicos que lo hicieron fueron dese el Partido Socialista. Los demás no sabe, no contesta. Ojalá que para las elecciones o posterior a ellas los representantes del pueblo empiecen a ponerse las pilas.

 

¿Cómo será posible la discusión en la sociedad civil sin la presencia activa de la Coalición por la Comunicación?

Me parece que la sociedad argentina demostró tener madurez en los últimos 30 años para albergar debates delicados y vibrantes en muchos puntos. Confío en que si en este tema hay actores sociales y políticos que lo activan, una parte de la sociedad civil y organizada también va a activarlo. Pero por más que sea optimista en ese sentido no puedo dejar de señalar que la muy mala implementación de la LSCA que hizo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debilitó la legitimidad amplia que se había obtenido en el debate previo de la Ley. Entonces nosotros nos dedicamos a estos temas, pero hay mucha gente que no es especialista en estos temas y no se le ocurre ningún hecho en concreto. Para un sector amplio de la sociedad quedó en el plano de las palabras y es un desafío revertirlo. Es una responsabilidad política que le cabe al Gobierno anterior. 

 

Foto: Agrupación Salvador Allende