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¿Vuelven las AFJP?

21/01/2017

El titular de la ANSES planteó que "lo ideal sería que el sistema te permita seguir acumulando dinero". Antes de 2019 habrá una reforma previsional. ¿Vuelven las jubilaciones privadas?

Foto: Diario Los Andes
Autor:
Alejandro Arnoletti

La desregulación del sistema de seguridad social es una problemática que cada vez genera mayor preocupación. La vuelta de una modalidad de ahorro jubilatorio; una reforma en el sistema de jubilación y la cantidad de años de aportes; el recorte a la entrega de medicamentos a afiliados del PAMI y la modificación a través de un decreto presidencial de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo son algunos de los temas que encendieron las alarmas en las últimos meses.

El sistema de capitalización de las AFJP instaurado en la década del 90 fue devastador para los afiliados y hasta el presente cierto sector de jubilados lo sigue padeciendo. Su concepción neoliberal dista completamente del sistema previsional público, solidario y de reparto. El análisis de esta posibilidad está incorporado dentro de la Ley de Reparación Histórica ya aprobada por el Congreso.

Una reforma jubilatoria es otra de las posibilidades que se maneja, según lo expresado públicamente por distintos funcionarios. La sola comparación de los niveles de vida de las personas de distintas regiones del país ya lleva a ser cautos por las consecuencias de esta medida. Y la campaña de justificación montada a través de estereotipos tiende a generar confusión en la comunidad. A pesar de ello el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, negó que se retrasara la edad para jubilarse aunque admitió que hay iniciativas para modificar la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse o alcanzar la Pensión Universal a la Vejez.

El recorte en la entrega de medicamentos para afiliados al PAMI desató la polémica hace unas semanas. Luego se aclaró que se analizará caso por caso para comprobar si el jubilado realmente lo necesita o puede comprarlos. Más allá del minúsculo grupo que cuenta con yates o aviones como se indicó, otros parámetros “más terrenales” implicarán que muchos de los jubilados pierdan su derecho. Y para evitarlo, deberán demostrar que no cuentan con esos privilegios y se procede a una excepción. Ser “culpable” antes de demostrar la “inocencia”.

Por último y a través de un decreto de necesidad y urgencia, Mauricio Macri estableció modificaciones en la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo. A partir de este cambio será obligatorio que el trabajador pase por una Comisión Médica antes de iniciar una demanda judicial. La Ley ya tenía media sanción del Congreso y contaba con el apoyo de sectores de la oposición y del sindicalismo.

Para analizar todas estas variantes y preocupaciones, que afectan a toda la población, el portal de Radio UNR entrevistó al Dr. Christian D’Alessandro. El especialista en previsión social, asesor en la Cámara de Diputados de la legisladora Mirta Tundis (Frente Renovador) y director del Instituto de Derecho de Personas Mayores del Colegio de Abogados de Morón, subrayó la necesidad de defender el sistema previsional público, solidario y de reparto, ya que tarde o temprano todos vamos a requerir de él. Asimismo su preocupación por la intención de achicar el Estado y este caso, la obra social.

 

 

Emilio Basavilbaso dijo: “Lo ideal sería que el sistema te permita seguir acumulando dinero y después cada persona elija si sigue trabajando o se jubila”. ¿Qué opinión tiene al respecto?

En la Ley de Reparación Histórica, que previó el pago voluntario de los ajustes o reajustes para los jubilados y el blanqueo, uno de los artículos consta de la necesidad y la urgencia de establecer en un plazo no menor a tres años una reforma previsional. Lo primero que empezamos a escuchar por los satélites del Gobierno, funcionarios de segunda o tercera línea pero que generan opinión pública, fueron dichos como los del titular del PAMI, que las personas de 65 años estaban muy bien y podían seguir trabajando. En sintonía salió el titular de la ANSES a decir que hay que pensar en una reforma. Lo que más preocupación me genera es el advenimiento de un sistema de ahorro voluntario. O como dijo en la entrevista de Clarín, de un sistema de acumulación de dinero. Pensar en este tipo de sistema implica hacerlo en lo que ya tuvimos, en el resurgimiento de lo que denomino “AFJP light”. Sería un sistema aggiornado donde se trate de distraer a la gente para que no vean el retorno masivo de lo que tuvimos en la década del 90 con el sistema de Menem y Cavallo, es decir, las jubilaciones privadas. Esto le provocó mucho daño a los jubilados y pensionados argentinos. En la actualidad un cúmulo de 110 mil personas, que son los beneficiarios de la renta vitalicia producto de la AFJP, están cobrando de jubilaciones o pensiones miserables de entre 500 o 1000 pesos promedio. Si lo comparamos con la jubilación mínima, ésta está en 5.661 pesos. Las AFJP causaron estragos y pensar en su retorno, sumarlo al achicamiento del PAMI, la posible modificación con las ART, la vuelta del ahorro o acumulación de dinero, es pensar en las políticas neoliberales de los 90. Pensar en eso es lo mismo que nos pide el FMI, el Banco Mundial o los diez puntos del Consenso de Washington, que habló de la desregulación del sistema de salud, ART, PAMI, el aumento de la edad jubilatoria, aportes y el achicamiento del Estado. Se toma a la previsión social como un gasto y no como una inversión social. El Consenso de Washington lidera en esta versión actual de Macri 2017 lo que fue Menem en la década del 90.

 

Para esta modificación es necesaria una Ley sancionada por el Congreso, ¿esto es correcto?

Esto necesita una Ley. Espero y quiero creer que los legisladores que saben de las necesidades del pueblo y lo que la gente ya padeció y sigue padeciendo. E incluso está durmiendo en los cajones la sanción de una Ley para la gente que cobra 500 pesos sean equiparadas con las que cobran el haber mínimo. Es una situación indignante para un jubilado o pensionado estar pidiendo que se lo reconozca como tal y por lo menos con el haber mínimo. Por supuesto tiene que haber una Ley y para que esto ocurra, primero un Consejo de Reforma de la Previsión Social, según estipula la Ley de Reparación Histórica. Este Consejo no tiene que estar conformado por cuatro o cinco personas que son afines al Gobierno, sino un verdadero Consejo donde se llame a audiencia pública, donde todos los actores de la sociedad puedan disponer de un tiempo para defender la previsión social con el sistema solidario de reparto. El sistema de acumulación de dinero, como habló Basavilbaso, quiebra el principio rector de la seguridad social, el de solidaridad. Así se transforma el activo del trabajador y del jubilado por el del ahorro de dinero, entonces, lo que acumulás te lo llevás y se transforma en miseria. La reforma previsional tiene que estar dada en lo que es la participación solidaria como pasa en Uruguay. Allí los trabajadores, los jubilados, los empresarios y el Estado administran el sistema de seguridad social. El Banco de Previsión Uruguayo es una especie de ANSES y PAMI del Uruguay, pero no son manejados por un funcionario de turno, sino los tres poderes del Estado y, a su vez, los trabajadores, los jubilados y los empresarios, que tienen que ser organismos de control porque ponen plata en el sistema. Estas cuatro patas fundamentales son los que deben garantizar que el sistema de seguridad social funcione en la Argentina, no un Gobierno de turno que pone un funcionario para que desregule el PAMI y lo achique conforme a las políticas de Menem y Cavallo o se decida sobre los 40 millones de argentinos una reforma previsional con una sola persona que decida por uno. Acá lo que no se respeta es el artículo 14 bis de la Constitución, que establece que la seguridad debe estar administrada por sus interesados, o sea, por el pueblo con participación del Estado. Si uno ve el PAMI o la ANSES, están administrados por el Estado sin participación del pueblo y ahí se quiebra el sistema de seguridad social. Hay que ser muy cautos cuando se estereotipa un modelo a seguir de adultos mayores. Es preocupante cuando quienes forman la opinión pública comparan con tal o cual artista que tiene 75 u 80 años, pero que está muy bien económicamente y pudo hacerse su porvenir. Pero nosotros tenemos un país tan basto, donde las mujeres de 70 años no son como la artista que quieren asemejar, que parece de 20. La desigualdad que tiene este país no la tiene Europa y por eso no hay que compararlo tampoco con aquello.

 

¿Considera que esa estereotipación también se dio para justificar la quita de medicamentos a jubilados, diciendo que tenían barcos o yates?

A eso no lo llamaría estereotipación. Eso es más que nada una situación de confusión y de un grupo minoritario que tiene barcos y yates. Y también buscan confundirlo con quien saca un remedio para una mascota, con la verdadera pobreza que tiene el jubilado. Lo confunden con quien tiene un auto de diez años o una prepaga, pero en definitiva un auto de diez años puede tenerlo porque no es un coche de lujo; quien tiene una prepaga la están pagando los hijos, que están ayudando a los padres con mucho esfuerzo por la deficiencia del PAMI en el sistema de salud. O supongamos que puede resignar parte del sueldo para tener una prepaga, que con mucho esfuerzo lo hace, porque no quiere caer en las garras del PAMI. Y por otro lado confundir con quien tiene una segunda propiedad, que a lo mejor es una casita en Las Toninas, que se la pudo comprar con mucho esfuerzo y sacrificio. Buscan confundir un cúmulo de gente que realmente necesita o tiene algo que no es lujoso con 51 personas que tienen aviones o 2500 que tienen barcos. Pero ojo, hay que ser muy claros que la Ley no dice barcos de un modelo determinado; ahí puede entrar una lanchita de una persona que vive en el Tigre y la necesita para poder manejarse como si fuese un auto o de quien vive en la Isla Martín García. Y también puede entrar alguien que tiene un submarino o un buque. Entonces confunden y con la “grieta” y la herencia pasada están haciendo un achicamiento del Estado. En este caso de la obra social porque van por los médicos de cabecera, por los medicamentos, por las farmacias y por los geriátricos hasta quedar, con esta política neoliberal, con un PAMI reducido y residual.

 

Regazzoni dijo que se iba a analizar caso por caso, ¿eso se está dando?

El jubilado al que hoy se le vence la posibilidad de tener los medicamentos gratuitos como venía siendo antes tiene que acudir al PAMI cada seis meses. A partir del momento en el que el jubilado va al PAMI va a estar sujeto a investigación. Esto significa que tendrá que presentar una declaración jurada y decir que no tiene tal cosa. Lo que antes era un derecho, ahora es una excepción. Y donde la carga de la prueba se invierte, por lo que antes lo que tenía como derecho ahora va a demostrar que no tiene; cada seis meses va a tener que soportar esta penuria. Como la medida se conoció ahora y va a estar sujeto a revisión, esto se va a empezar a presentar a medida que el jubilado vaya teniendo el vencimiento de ese pedido. En ese momento se van a encontrar las primeras quitas y lamentablemente va a quedar en la discrecionalidad porque el trámite que se intenta hacer se llama “Vía de Excepción”. Su nombre lo indica; lo que antes era un derecho ahora es una excepción.

 

Siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá es al revés.

Por eso digo que se invierte la carga de la prueba. Ahora tenés que demostrar que no sos. O sea, sos hasta que no lo sos. El derecho a la excepción. Pongámonos en el lugar de un jubilado; va a tener que ir al PAMI, para eso tiene que gastar dinero en colectivo o taxi si no tiene la suerte de que lo acompañe un hijo; además tiempo para completar los formularios; ese papel va a ir hacia una asistente social, que va a ir a la casa del jubilado a revisar, por lo que se estiran los tiempos. Y acá el tiempo es fundamental porque el jubilado no puede perderlo. Aparte no se sabe cómo se va a instrumentar la investigación porque no hay suficiente recurso humano para hacerlo y mucho menos en algunos lugares del interior. Hay que ponerse en el lugar del jubilado y no considerarlo como un costo o un número a reducir.

 

El presidente Macri firmó un DNU en el que se modifica la Ley de Riesgos de Trabajo y obliga al trabajador a concurrir a una Comisión Médica para evaluar el caso antes de iniciar un reclamo judicial. ¿Cuál es su opinión?

Con este sistema lo que se va a generar es más discrecionalidad porque acudir a una Comisión Médica aparte genera pérdida de tiempo. En realidad te van a revisar y decretar un grado de incapacidad y lo real es que hoy por hoy si te instalás en el interior del país las Comisiones Médicas no están en los pueblos o ciudades chicas, sólo en las capitales o grandes ciudades. Eso implica gasto, tiempo y otros recursos que entorpecen el poder peticionar algo que es legítimo, como un derecho como lo es la incapacidad.

 

¿Cómo funciona el sistema?

La comisión médica depende del Estado, de la Superintendencia de Riegos del Trabajo. Esa Comisión Médica determina un grado de incapacidad, que es susceptible de ser revisado. La persona que sufrió un accidente en el trabajo si le dan un grado de incapacidad que no está acorde a lo que él piensa puede recurrir en un plazo muy breve a la Comisión Médica Central. Allí muchas veces se ratifica lo que dijo la Comisión Médica local. Pero la revisión implica mucho tiempo porque si bien se ha avanzado en dar respuestas un poco más rápidas, generalmente no soy muy amantes de otorgar un grado de incapacidad a favor del trabajador. Eso es lo que pasa con dificultar el acceso al riesgo de trabajo o reclamar a una empresa. A mi criterio se le dan más beneficios al grupo empresarial, en detrimento de lo que es el trabajador.