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Fuerte incremento de las conflictividades laboral y social

05/10/2016

Un estudio relevó que la conflictividad laboral se incrementó en un 77 por ciento en agosto. Por su parte la conflictividad social alcanzó los 246 casos, con los pedidos de trabajo y los tarifazos como principal eje

Foto: Barricada TV
Autor:
Alejandro Arnoletti

La conflictividad laboral y social dieron un salto importante comparando con lo ocurrido en julio. Las discusiones vinculadas a la cuestión salarial en el sector público fueron la principal causa de este fuerte incremento. En tanto el ascenso en los conflictos sociales estuvieron fundamentalmente arraigados a problemáticas sociales o no laborales, como por ejemplo, las protestas por los tarifazos en los servicios de gas y energía eléctrica.

El estudio “Observatorio de conflictividad social y laboral Documento de Trabajo Nº 2 – Septiembre 2016”, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), relevó que la conflictividad laboral tuvo un incremento del 77 por ciento en la cantidad de conflictos respecto a julio. Subdividido por sectores, la problemática en el ámbito público tuvo una suba del 212 por ciento, mientras que en el privado, del 10,6 por ciento.

 

Desmenuzando el informe se encuentra que en el 75 por ciento de los casos de protestas en el sector público se dieron en torno a la reapertura de paritarias y cuestión salarial en general. Por su parte, en el sector privado, el principal reclamo estuvo en torno a los conflictos en la industria. Allí aparecen los despidos y suspensiones y reclamos salariales, como los principales motores. En ese segmento los ceses laborales se presentaron en un 32 por ciento en el sector industrial, el 28% en el minero y energético y el 17 por ciento, en empresas comerciales.

 

 

Por otra parte la conflictividad social también tuvo su incremento en agosto y alcanzó los 246 casos. Un 28,4 por ciento del total no tuvo como origen alguna situación laboral. Entre esos ejemplos se encuentran los ruidazos, la marcha por San Cayetano, las protestas de los productores regionales y las marchas en defensa de los DD.HH. y cuestiones de género.

El director de CEPA, Hernán Letcher, habló con el portal de Radio UNR y analizó las causas de este importante crecimiento en la conflictividad. Asimismo consideró el rol del sindicalismo y el Ministerio de Trabajo para intentar paliar la problemática.

 

 

 

 

¿Por qué detectaron un crecimiento en la conflictividad laboral?

Básicamente dos cuestiones. Por un lado hay un parte importante vinculada a los reclamos por conflictos en el sector público, que mayoritariamente están relacionados con la reapertura de paritarias. En el sector público el 75 por ciento está vinculado con la cuestión salarial, en general y con la reapertura de paritarias, en particular. En el caso del sector privado, el aumento es un poco menor al del sector público, en el orden del 10 por ciento. Allí los conflictos están más repartidos. Relacionados con el tema de despidos en un 40 por ciento y en un 35 por ciento con cuestiones salariales, mayoritariamente en el atraso de pago de salarios.

 

Uds. detectaron que el incremento de la conflictividad laboral se dio principalmente en el ámbito público, cuando el principal foco de despidos se dio en el privado. ¿Cómo se explica?

La conflictividad no está relacionada en el sector público con la cuestión de despidos, sí reapertura de paritarias. La injerencia debería llevarnos a pensar en que tiene que ver con el momento en que se negociaron las paritarias en cada sector. En el público se hizo a principio de año, en muchos casos sin acuerdo con el sindicato o UPCN y en niveles extremadamente bajos para lo que terminó significando la inflación. Cerraron en 27 y 31 por ciento y la inflación anualizada para la ciudad de Buenos Aires al mes de julio fue del 47 por ciento. Están perdiendo en el orden de 20 puntos, por lo que si no hay paritarias en el sector público es un golpazo fenomenal. En el caso del sector privado la problemática es otra, está relacionada con la retracción del consumo y la producción. Allí hay modalidades de ajuste más diversas que en el sector público, que pueden ser el despido o las suspensiones. En muchos casos la quita de horas extras, el retiro voluntario, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el consecuente pago en el salario, en algunos casos trabajando la misma cantidad de horas pero cobrando el 75 por ciento del sueldo y con el compromiso de que no los echen. Por eso en general la problemática y los reclamos en el sector privado están relacionados en muchos casos con los despidos. Efectivamente ha habido más personas que perdieron su trabajo que en el sector público y con el atraso de pagos porque la que se ve resentida es la cadena de pago en todo lo que tiene que ver el sector industrial. Uno lo puede ver en la caída del consumo, en la caída de la producción y lo podría ver también en la conflictividad entendida desde que tenés un 35 por ciento de conflictos vinculados con alguna problemática relacionada a los salarios; atraso de pago, incumplimiento de algún acuerdo paritario o algo en particular.

 

Otra de las conclusiones es el incremento de la conflictividad social. ¿Cómo cree que irá evolucionando?

Es posible que vaya creciendo en virtud de que no hay vocación por parte del Gobierno de no modificar ninguna de las medidas que han tomado y que han derivado en dichos reclamos, esencialmente allí está el tarifazo. Complementariamente hay muchos reclamos de pedidos de trabajo. El Gobierno ha hecho la audiencia para el tema del gas para los residenciales y aplicará la nueva tarifa desde octubre en adelante, con lo cual sigue adelante esa cuestión y en todo caso la profundizará. La audiencia de electricidad será a fin de mes y sucederá más o menos lo mismo, con lo cual el tarifazo si bien tuvo un retraso con los plazos de ejecución y con las tarifas, los aumentos han sido tremendamente excesivos. En lo relacionado a los conflictos sociales en general los pedidos son de trabajo, a la atención a la cuestión social en general, la problemática de los comedores, etc. Y se conocieron los datos de pobreza y uno prevé que en el futuro no va a cambiar demasiado ya que no le vemos a los empresarios la decisión de invertir porque hay una retracción en la producción y el consumo. El salario real va en contramano a lo que menciona Prat Gay y parece que en los próximos meses no se va a recuperar el consumo, por lo tanto, me parece que ese derrotero y la evolución de lo que ha significado toda esa cuestión no se va a ver modificada de manera sustancial en los próximos meses.

 

 

¿Puede la conflictividad social ser una moneda más para que se tienda a flexibilizar laboralmente?

Ésa es la mirada clásica de la ortodoxia. En realidad en lo discursivo puede que utilicen cualquier reclamo para pretender profundizar la flexibilización laboral, en virtud de que supuestamente hay mucha gente sin trabajo y partiendo de una premisa que es falsa e implica que si se reducen las cargas laborales se contrata más personal. No es lo que reclama la gente que sale a reclamar; no demandan que sea más barato contratar para que los contraten. Además es falsa la premisa porque está comprobado empíricamente en la década del 90 que la reducción en las cargas laborales de manera sustancial no significó más empleo, sino mucho menos.  Eso estuvo relacionado además con una mirada económica muy parecida a la que plantea el equipo económico de Cambiemos, que es contener la inflación desde el ajuste fiscal que no les ha salido demasiado bien y sobre todo la retracción monetaria. Esto entonces va acompañado de un proceso recesivo que profundiza de manera perversa este mismo círculo. Salvo que esté la voluntad de modificar este tipo de decisiones, uno no prevé que fuera a modificarse el comportamiento en los próximos meses. Es posible que de repente haya menos despidos, que haya contratación de personal en algún rubro de los servicios o algún tipo de reactivación en la construcción si se reabre la obra pública. Pero en términos de funcionamiento de la economía y sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión industrial y la producción en Argentina me parece que no hay ninguna medida que uno pueda imaginar que vaya a favorecer la producción del trabajo en el futuro.

 

Según un relevamiento de CEPA el Mini Davos no tuvo el éxito deseado por el Gobierno

En realidad ni el Mini Davos, ni la venida del FMI fueron exitosos en términos de inversiones. Tampoco lo fueron la visita de Macri a las Naciones Unidas y se puede ir hacia mucho atrás; con el anuncio de la lluvia de inversiones, ni el blanqueo va en camino a ser demasiado exitoso al menos hasta ahora, ni el arreglo con los fondos buitre. Ninguna de esas cuestiones motorizó inversiones porque las inversiones productivas se fijan si pueden vender en el mercado local o extranjero y ninguna de las dos cosas son muy dinámicas. Me sorprende como Cambiemos hace mucho hincapié en la necesidad de la llegada de inversiones del extranjero, que por cierto implican todo un debate porque la inversión extranjera directa genera una necesidad recurrente en el futuro de transferir divisas y parte del excedente argentino se va en esa empresa que transfiere parte de esa ganancia a su casa matriz afuera. Y hace muy poco esfuerzo por preocuparse que el ahorro argentino se quede en el país. De hecho los indicadores de fuga desde el inicio del año hacia junio rondan en el orden de los 10 mil millones de dólares. Me preocuparía más por que no se vaya la plata que por tratar que el dinero que algunos personajes lo llevaron afuera de modo ilegal pretendan ahora traerlo nuevamente.

 

¿Qué papel está jugando el sindicalismo en este momento?

Tiene un comportamiento que no es homogéneo y que tiene como motivaciones y motorizan decisiones diversas. Hay un sector muy proclive al diálogo con el macrismo y es el que quizá hoy está marcando el rumbo del actual triunvirato de la CGT, que no termina de definir nunca el paro nacional, a pesar que hay 200 mil despidos en Argentina. Hay una situación crítica en muchos de los gremios que ellos representan. Una central sindical encabezada por tres gremios de servicio, algo que es propio de la década del 90. Por otro lado hay un sector combativo como es la Corriente Federal y las dos CTA que hicieron la marcha federal y están muy activos en el último tiempo. Después hay otros gremios que están definiendo su lugar. El agrupamiento de Massa, que es encabezado por Viviani, con un número importante que quedó afuera de la CGT y están planteando alguna estrategia de disputa. Me parece que todavía no se definió quiénes son los ganadores de la etapa. Mi impresión es que los que mejor están olfateando qué pasa en Argentina son claramente los del sector combativo, habida cuenta de que el macrismo tiene voluntad de profundizar los ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados. Tengo serias dudas respecto a que el resto de los gremios no vean esto, tal vez sí tienen en claro de qué se trata este proceso pero tienen algunos intereses creados en no reclamar porque le es beneficioso para ellos y en el mejor de los casos para su gremio, aunque dudo que sea para su sindicato. Los gastronómicos y el comercio han sufrido un golpe muy grande y prácticamente no hay conflictos por despidos ni nada.

 

 

El Ministerio de Trabajo se destacaba por una fuerte presencia. ¿Cómo lo evalúa en esta gestión?

Creo que hay una muy fuerte presencia del Ministerio de Trabajo. El problema es que es en favor del empresariado. Intervienen llamando a conciliación obligatoria sólo en algunos conflictos más bien grandes y su participación está orientada a favorecer las intenciones de los empresarios, más bien hacia el ajuste. Me parece que lo más paradigmático fue la decisión del Gobierno en hacer un acuerdo con los empresarios grandes el 9 de mayo de 2016 para no suspender por 90 días, como una respuesta alternativa a la Ley Antidespidos en el Congreso. No se cumplió absolutamente nada. Alpargatas hecho gente al día siguiente y FIAT y Volkswagen por esos días. Ni durante la vigencia del acuerdo ni después hubo comportamientos distintos, ni menos ni más. Nadie le dio bolilla a dicho acuerdo y refleja con mucha claridad la actitud tendenciosa del Ministerio de Trabajo y del Gobierno en su conjunto en detrimento de los trabajadores.