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No renunciemos a la utopía democrática

28/04/2015

Autor:
Alicia Acquarone

Las políticas neoliberales de los 90’ en nuestro país produjeron fuertes transformaciones en la relación Estado-Sociedad civil, tanto en la gestión de lo público como en lo referente a los recursos de poder y la distribución del excedente social, produciendo redefiniciones en el plano del hacer de la política, la representación; es decir, en la definición misma de la democracia.

El reto de la democracia es combinar las asignaciones del mercado, las disposiciones colectivas, la política estatal, la defensa de los derechos individuales y la iniciativa y el control democrático efectivo. No podemos tomar como patrón organizacional la lógica del mercado. Restringirlo resulta costoso pero no hacerlo podría resultar fatal. La tendencia del mercado como de los Estados burocráticos es fortalecer las posiciones atomistas e instrumentales con el fin de debilitar la iniciativa democrática. Con la fragmentación se debilitan los lazos de afinidad, se diluyen las agrupaciones, menos posible resulta movilizar mayorías democráticas en torno a programas y políticas comunes. Las nuevas democracias tienen que atender en forma simultánea tanto cuestiones civiles y políticas, como también sociales de ciudadanía.

Definir ciudadanía presupone definir un modelo de democracia, una manera de construir el poder y con ella la toma de la decisión, es orientar las relaciones Estado-Sociedad civil, es decir, establecer las fronteras de lo público y lo privado en clave de libertad  ciudadana[i]. Es preguntarse no sólo  por los derechos sino por las capacidades reales y potenciales que tienen los actores sociales de ejercer y exigir el reconocimiento efectivo de esos derechos. Así definida la categoría ciudadanía trasciende el espacio de lo ‘formal’ para constituirse en ‘el espacio de lo sustancial’, de lo político y lo social. La calidad de la democracia podrá ser medida por el grado de institucionalización (relación entre Derecho- Institución- Procedimiento), que presente; lo que está directamente ligado al otorgamiento de capacidad ciudadana. En términos de Przeworski: “Cuando su marco institucional promueve objetivos normativamente deseables y políticamente deseados, como la erradicación de la violencia arbitraria, la seguridad material, la igualdad y la justicia, y cuando al mismo tiempo, las instituciones son capaces de enfrentar las crisis que producen si esos objetivos no logran cumplirse”[ii].

La democracia así conceptualizada deberá medirse por la capacidad del sistema político de elaborar y legitimizar las demandas sociales, lo que presupone combinar la diversidad de los intereses materiales y morales con la unidad de lo social. Esta tarea tiene múltiples direccionalidades. Desde el Estado recuperando la responsabilidad clave en la conducción de la economía y en el desarrollo integral, sustentable y equitativo de la sociedad. De la sociedad civil en la reconstrucción del tejido social, recuperando las políticas asociativas y de esta forma incrementar la capacidad de autogobierno de la sociedad. El fortalecimiento de la sociedad civil es primordial a la hora del reforzamiento democrático. Será responsabilidad del diseño del régimen democrático definir el modelo de participación popular.

Siguiendo a Carlos Thiebaut diremos que ser ciudadano es pertenecer y sostener aunque de manera crítica las normas, creencias y procedimientos. “El ciudadano se hace haciendo su ciudad”. El fin, nos dice el autor, no es lo que hace sino hacerse ciudadano: libre, igual y solidario. El reto de la democracia es combinar las asignaciones del mercado, las disposiciones colectivas, la política estatal, la defensa de los derechos individuales y la iniciativa y el  control democrático efectivo. 

 [i] Libertad ciudadana remite a un concepto de libertad asociada a la idea de participación activa y no al concepto de libertad negativa. El sujeto es libre porque tiene ‘voz’ en la toma de las decisiones del dominio público.

 [ii] Przeworski, Adam, Democracia sustentable, Paidós, Año 1998